PACTO DE TOLEDO Y REFORMA DE LAS PENSIONES: UN ATAQUE A TODA LA CLASE TRABAJADORA
Nada es más cómodo para el capital que tener a un Gobierno “de izquierdas” gestionando sus intereses.
Lo que presentamos a continuación es sólo el resumen de un artículo que traduce lisa y llanamente a nuestro lenguaje el documento de veintidós puntos acordado por la comisión del Pacto de Toledo, que toda persona trabajadora, de cualquier edad, debe conocer en su propio interés. Por eso animamos a que se lea el texto completo, disponible en el enlace que figura al final.
Por CRÓNICA DE CLASE PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Nada es más cómodo para el capital que tener a un Gobierno “de izquierdas” gestionando sus intereses. La oposición, identificada con la derecha, no es más que una queja incesante acerca de lo lento que está siendo el Gobierno a la hora de traicionar a la clase que le ha votado. Nos encontramos entre lo malo y lo peor, espectadores pasivos de los bofetones que nos caen de un lado y otro.
Una cosa es que la lógica del capital se abra paso por sí misma, y otra que lo haga lo bastante rápido y sin obstáculos. Y obstáculos son para el mercado todas las protecciones sociales que los trabajadores arrebataron a los gobiernos capitalistas del pasado cuando les obligaron a asentar en la legislación el derecho a disfrutar de una pensión, de un seguro de desempleo, de una atención sanitaria o de una educación pública. Ninguna de ellas es gratuita, pues todas estas protecciones no son sino una recuperación de parte del botín que los capitalistas nos robaron previamente en forma de plusvalía.
Estas prestaciones son parte de nuestro salario, solo que de la parte que se nos paga de forma diferida o indirecta. Y, como salario que son, no van a engrosar el capital del empresario. Por eso son un territorio en disputa permanente. Por eso lleva el capital cuatro décadas reconquistándolas palmo a palmo, y por eso es en momentos de crisis como la actual cuando van a recibir los mayores ataques.
La reforma pactada dentro del Pacto de Toledo y puesta en marcha por el Gobierno PSOE-UP
La reforma del sistema de pensiones no es algo sobrevenido a raíz de los acontecimientos actuales. Era un objetivo reconocido del PSOE desde antes de ganar las elecciones. Pero ahora la oportunidad de la reforma es doble desde el punto de vista del capital: por un lado porque necesita urgentemente que perdamos a su favor un gran pedazo del gran pastel de las pensiones, y, por otro lado, porque el desconcierto y el caos social del momento actual es la ocasión ideal para llevar a cabo el asalto.
Para no perdernos, vamos a separar la estrategia de largo plazo de la táctica del momento. Así, los objetivos estratégicos del ataque siempre han sido solo dos:
1- Reducir el gasto global en pensiones. Es decir, quitar en lo posible a los trabajadores el salario diferido.
2- Transferir a manos privadas la gestión de las pensiones de quienes puedan aspirar a una.
Para avanzar al máximo en estos dos objetivos -dada la fuerte oposición social que pueden encontrar- es conveniente utilizar varias tácticas en paralelo, que en esta ocasión son las siguientes:
- Dividir a la clase trabajadora para evitar que haga frente común (entre pensionistas, quienes están a punto de serlo y el resto; entre perceptores de pensión contributiva y los que no; entre perceptores de pensiones altas y bajas…)
- Alargar la vida laboral para acortar el período de percepción.
- Endurecer las condiciones con las que se puede aspirar a pensiones más elevadas.
- Quitar el carácter de derecho laboral a las pensiones no contributivas y convertirlas en asistencia social.
- Dejar que el empeoramiento progresivo de las condiciones del mercado laboral haga que en las próximas décadas la inmensa mayoría de los trabajadores actuales terminen acumulando todo lo peor de los puntos anteriores.
- Crear un sistema de pensiones paralelo de gestión privada y bendición pública y concentrar en él las pensiones contributivas que queden.
Esta lista sería la traducción lisa y llana a nuestro lenguaje del documento de veintidós puntos acordado por la comisión del Pacto de Toledo.
Las medidas para prolongar la vida laboral (y, por tanto, acortar el periodo de jubilación)
Cada año hasta el 2027 se añaden dos meses a la edad de jubilación. Así, quien se jubile a partir de entonces deberá haber cumplido los 67 años. Si en estos momentos no pueden aspirar a subir más la edad de jubilación, lo que sí pueden hacer es suprimir las protecciones que permitían que una persona que quedaba en paro a partir de cierta edad, pudiera acogerse a una jubilación anticipada -aunque ello les redujera la pensión para siempre-. Es lo que el ministro Escrivá quiere decir de una forma aséptica cuando habla de eso de “acercar la vida laboral real a la legal”.
El ministro desvirtúa totalmente los hechos cuando hace pensar que la jubilación anticipada es un recurso de privilegiados, y da a entender que viene promovido por el trabajador. En realidad, lo que hoy día se conoce como prejubilaciones en las grandes empresas no son más que despidos. Hablamos de trabajadores y trabajadoras con hipotecas e hijos que están todavía estudiando, trabajadores que van a tener que seguir trabajando, en muchos casos, subcontratados para la misma empresa que les ha despedido.
Si al ministro y los empresarios a los que representa les parecen mal las jubilaciones anticipadas, no tienen más que dejar a los trabajadores en su puesto hasta que llegue la edad de jubilación. Lo demás no son más que monsergas para hacer perder al trabajador tanto el trabajo como la protección.
Las medidas para reducir la cuantía de la pensión
A partir del año 2022, el cálculo de la cantidad que se percibirá durante la jubilación tendría en cuenta los últimos 25 años laborales del trabajador o trabajadora. Esto significa que para una persona que se jubile en 2027 con 67 años, se tendrá en cuenta el período comprendido entre 2002 y 2027, que incluye toda la crisis de 2007, más la del coronavirus. Pero calma, que, para salvar este problema de los años de crisis, están pensando en hacernos un “favor”: nos van a dejar elegir los veinticinco años de nuestra vida laboral que prefiramos.
Que lo tengan claro los jóvenes actuales. Los años que estáis viviendo ahora os pueden hacer falta para calcular la pensión del futuro. Sí, estos años en los que no conseguís un trabajo estable, en que os pagan sueldos de mierda por trabajos eventuales o a tiempo parcial, etc.
La separación entre pensiones contributivas y no contributivas
Se trata de una línea de ataque a largo plazo de la que solo veremos nítidamente sus frutos cuando sea demasiado tarde.
Antes de la creación del Pacto de Toledo, no había distinción entre pensiones contributivas y no contributivas: para unas y otras se recurría a los Presupuestos Generales del Estado. El Pacto de Toledo sentó el criterio (mero brindis al sol) de que las pensiones (todas en general) debían ser sufragadas únicamente con los ingresos que entraran en forma de cotizaciones a la Seguridad Social. En cuanto llegó la crisis, la bajada de los ingresos hizo ver que esto era imposible, y dio lugar a la obsesión con el déficit de las pensiones y con el descenso de la famosa hucha.
La cosa se complicó aún más cuando en dicha cuenta no solo se cargaron las pensiones (contributivas o no), sino que también se imputaron otro tipo de gastos directa o remotamente relacionados con las pensiones (gastos de administración y funcionariado, subvenciones a la cotización de las empresas, ayudas a la contratación, etc.) Los eternos años de crisis no solo han engordado el problema por la bajada de aportaciones, sino que han servido para que los gobiernos tiraran de ese dinero para cualquier gasto cuando no sabían dónde acudir.
La nueva propuesta consiste en cargar en destinos diferentes cada una de las partidas que hasta hoy pretendían ser sufragadas con las aportaciones a la Seguridad Social. Por un lado se irán los gastos del sistema, que serán gastos de la Administración. En cuanto a las pensiones en sí, solamente las contributivas se mantendrán dentro de la Seguridad Social; las no contributivas serán pagadas desde los Presupuestos Generales del Estado.
Con los impedimentos de hoy día ya se puede prever un aumento en el número de trabajadores que acaben su vida laboral sin derecho a una pensión contributiva. Pues bien, siendo esta la tendencia, el hecho de poner aparte las pensiones no contributivas como un gasto voluntario del Estado no es más que dividir en dos a la clase trabajadora. Con este movimiento se pretende acabar con la defensa unitaria de las pensiones como reivindicación común, y se abandona a los trabajadores peor parados a la voluntad caritativa del gobierno de turno.
En pocos años veremos cómo los perceptores de una pensión no contributiva pasarán a ser presentados como unas sanguijuelas que se aprovechan de un sistema de protección sin haber “contribuido”; se afirmará que la miseria que reciben procede de los impuestos.
Aunque el Pacto de Toledo incorpore bellos artículos progresistas identitarios sobre la mujer y los inmigrantes, la realidad material de nuestra clase nos ha enseñado que estos dos colectivos se encuentran más afectados por los problemas de inestabilidad laboral y de ingresos, y recibirán pensiones más bajas o solo podrán recurrir a las no contributivas.
Los fondos de pensiones privados
Falta el último paso, y consiste en que aquellos que sigan teniendo pensión la pongan en manos privadas. Van a intentar que esa parte del salario, esa aportación a la pensión, tome la forma de capital productivo, y no quede “muerto” bajo cualquier modalidad de gestión pública.
Como el número de planes privados suscritos no ha parado de bajar desde la crisis de 2008, el planteamiento es el siguiente: si el trabajador individual no puede o no quiere abrir un plan privado, se le obligará a aceptar uno en el que las aportaciones se hagan sin su intervención. Para conseguir esto, el Ministerio de Seguridad Social ya ha dado los primeros pasos con objeto de resucitar la figura de los antiguos planes colectivos de empresa.
Pero el ministro no se fía -con razón- de que el atrasado capitalismo patrio vaya a apostar por su genial idea, así que, en la línea habitual de los progresistas que quieren salvar al capitalismo de sí mismo, ha asumido él mismo la responsabilidad de crear un fondo de pensiones privado con todas las garantías del Estado.
Si el ministro está convencido de que las empresas pueden permitirse aportar fondos a un plan de pensiones complementario además del obligatorio, ¿por qué no se limita a subir las cotizaciones sociales a la Seguridad Social -o suprimir las exenciones-, beneficiando de esa forma al sistema público de pensiones en su conjunto? Porque la intención en esta ocasión es introducir a las empresas privadas en la gestión de las pensiones.
Tú sabrás: si no te lo puedes permitir, no te jubiles
La última medida que nos interesa resaltar es la “posibilidad” de seguir trabajando una vez que ya estás cobrando la pensión.
Nos encontramos con un futuro en el que cada vez menos trabajadores que llegan a la edad de jubilación cumplan los requisitos para cobrar una pensión contributiva. Aquí conviene recordar que la pensión no contributiva íntegra está en estos momentos en 395,6 euros mensuales.
Por otra parte, los trabajadores que sí consiguen cumplir los requisitos para recibir una pensión contributiva han visto reducida su cuantía debido al hecho de que les han ampliado el período de cómputo para el cálculo y/o porque han acumulado varios años de escasa o nula cotización.
¿Qué se puede hacer para que no estalle un levantamiento del creciente ejército de jubilados con ingresos insuficientes? Por desgracia, dado el nulo nivel de organización de la clase trabajadora, la respuesta no solo es sencilla para el capital, sino que la plantea como una ocasión propicia para convertir lo que debería ser un problema en una oportunidad a su favor.
La solución adoptada por el Pacto de Toledo ya está en funcionamiento en Alemania desde hace años, y consiste en permitir a los trabajadores compatibilizar el cobro de su exigua pensión con la realización de trabajos ocasionales o a tiempo parcial. Ya hemos visto esta solución aplicada en el entorno del Ingreso Mínimo Vital (otra prestación no contributiva), donde el trabajador puede aceptar trabajos de forma compatible con el IMV mientras la renta anual no supere el límite establecido por la normativa de la prestación.
Este panorama es un sueño para los empresarios: el Estado les suministra trabajadores que no van a pelear por cobrar un sueldo íntegro, pues ya están complementados con una prestación pública. En Alemania, en el año 2019 -antes de la pandemia de COVID-19- se había incrementado en un 20% el número de mayores de 65 años que acudían regularmente a un banco de alimentos.
La medida para tranquilizar los ánimos
El reclamo aparentemente progresista para poner en la portada de los medios consiste en la cacareada revalorización de las pensiones según el IPC. Subir las pensiones al ritmo que sube el coste de la vida es algo elemental, lo contrario degeneraría rápidamente en una situación de necesidad que dispararía la conflictividad social hasta unos niveles insostenibles. Ya se vio la fuerza que cobraron las protestas de los pensionistas en los años en los que esta medida ha estado en vigor.
Así pues, hacer ver que la gran victoria de esta reforma de las pensiones es volver a dejar las cosas como estaban en lo referente a las subidas anuales, no es más que una tomadura de pelo. El problema es que esta única medida sea considerada por los sindicatos de concertación y sus plataformas satélite como suficiente para dar el visto bueno al resto de ataques que se incluyen en el plan, lo cual los hace cómplices en el engaño.
Conclusiones
El Pacto de Toledo es uno de esos espacios que ahora se llaman de “diálogo social”. La realidad es que se sacrifican los intereses de la clase trabajadora para salvar la tasa de beneficio del capital. Unidas Podemos, que incluye los despojos irreconocibles de lo que antaño era el PCE, tendrá que dar explicaciones de por qué fueron cómplices materiales.
Es momento de que los trabajadores y las trabajadoras comprendan que necesitan organizarse y tomar las riendas de un proceso que no tiene -no puede tener- la forma de un diálogo, sino de una lucha. En el caso de los más jóvenes, cualquier período de inactividad en los últimos años de la vida laboral será una condena a caer aceleradamente en la base de cotización. Eso sin tener en cuenta que las recomendaciones del Pacto de Toledo se revisan cada cinco años y en cada ronda se añaden más restricciones.
Solo la unión de las luchas de los trabajadores va a poder plantar cara a los ataques del capital, y el frente de las pensiones no va a ser de los menores. Pero en los próximos meses y años iremos viendo las exigencias adicionales que marca Bruselas para entregar los fondos de ayuda frente a la crisis capitalista desatada por el coronavirus.
Por ello, creemos insoslayables las reivindicaciones que se planteaban en el llamamiento del EEC arriba enlazado, añadiendo el rechazo absoluto al camino de privatización de las pensiones abierto por el ministerio de Seguridad Social:
*Pensión mínima igual al salario mínimo
*Ninguna prestación por desempleo debe ser inferior al salario mínimo, y todas cotizarán para la jubilación. Ello incluye tanto la contributiva, como la de subsidio y la de mayores de 52 años.
*Las prestaciones sociales de la Seguridad Social volverán a estar calculadas respecto al salario mínimo, y no respecto al IPREM introducido por Zapatero. Serán gestionadas a nivel estatal y tendrán la garantía y suficiencia económica del Estado.
*No a la separación de fuentes del Pacto de Toledo.
*No a la separación de las prestaciones contributivas y no contributivas en la Seguridad Social.
*No a la creación de planes de pensiones privados amparados por la Seguridad Social, bajo ninguna fórmula de propiedad, gestión o custodia. Todos los refuerzos e incrementos de las aportaciones a la Seguridad Social en forma de cotizaciones sociales dentro del pilar clásico.
Texto íntegro, en:
https://cronicadeclase.wordpress.com/2020/12/09/el-pacto-de-toledo-y-la-inminente-reforma-de-las-pensiones/
Por CRÓNICA DE CLASE PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Nada es más cómodo para el capital que tener a un Gobierno “de izquierdas” gestionando sus intereses. La oposición, identificada con la derecha, no es más que una queja incesante acerca de lo lento que está siendo el Gobierno a la hora de traicionar a la clase que le ha votado. Nos encontramos entre lo malo y lo peor, espectadores pasivos de los bofetones que nos caen de un lado y otro.
Una cosa es que la lógica del capital se abra paso por sí misma, y otra que lo haga lo bastante rápido y sin obstáculos. Y obstáculos son para el mercado todas las protecciones sociales que los trabajadores arrebataron a los gobiernos capitalistas del pasado cuando les obligaron a asentar en la legislación el derecho a disfrutar de una pensión, de un seguro de desempleo, de una atención sanitaria o de una educación pública. Ninguna de ellas es gratuita, pues todas estas protecciones no son sino una recuperación de parte del botín que los capitalistas nos robaron previamente en forma de plusvalía.
Estas prestaciones son parte de nuestro salario, solo que de la parte que se nos paga de forma diferida o indirecta. Y, como salario que son, no van a engrosar el capital del empresario. Por eso son un territorio en disputa permanente. Por eso lleva el capital cuatro décadas reconquistándolas palmo a palmo, y por eso es en momentos de crisis como la actual cuando van a recibir los mayores ataques.
La reforma pactada dentro del Pacto de Toledo y puesta en marcha por el Gobierno PSOE-UP
La reforma del sistema de pensiones no es algo sobrevenido a raíz de los acontecimientos actuales. Era un objetivo reconocido del PSOE desde antes de ganar las elecciones. Pero ahora la oportunidad de la reforma es doble desde el punto de vista del capital: por un lado porque necesita urgentemente que perdamos a su favor un gran pedazo del gran pastel de las pensiones, y, por otro lado, porque el desconcierto y el caos social del momento actual es la ocasión ideal para llevar a cabo el asalto.
Para no perdernos, vamos a separar la estrategia de largo plazo de la táctica del momento. Así, los objetivos estratégicos del ataque siempre han sido solo dos:
1- Reducir el gasto global en pensiones. Es decir, quitar en lo posible a los trabajadores el salario diferido.
2- Transferir a manos privadas la gestión de las pensiones de quienes puedan aspirar a una.
Para avanzar al máximo en estos dos objetivos -dada la fuerte oposición social que pueden encontrar- es conveniente utilizar varias tácticas en paralelo, que en esta ocasión son las siguientes:
- Dividir a la clase trabajadora para evitar que haga frente común (entre pensionistas, quienes están a punto de serlo y el resto; entre perceptores de pensión contributiva y los que no; entre perceptores de pensiones altas y bajas…)
- Alargar la vida laboral para acortar el período de percepción.
- Endurecer las condiciones con las que se puede aspirar a pensiones más elevadas.
- Quitar el carácter de derecho laboral a las pensiones no contributivas y convertirlas en asistencia social.
- Dejar que el empeoramiento progresivo de las condiciones del mercado laboral haga que en las próximas décadas la inmensa mayoría de los trabajadores actuales terminen acumulando todo lo peor de los puntos anteriores.
- Crear un sistema de pensiones paralelo de gestión privada y bendición pública y concentrar en él las pensiones contributivas que queden.
Esta lista sería la traducción lisa y llana a nuestro lenguaje del documento de veintidós puntos acordado por la comisión del Pacto de Toledo.
Las medidas para prolongar la vida laboral (y, por tanto, acortar el periodo de jubilación)
Cada año hasta el 2027 se añaden dos meses a la edad de jubilación. Así, quien se jubile a partir de entonces deberá haber cumplido los 67 años. Si en estos momentos no pueden aspirar a subir más la edad de jubilación, lo que sí pueden hacer es suprimir las protecciones que permitían que una persona que quedaba en paro a partir de cierta edad, pudiera acogerse a una jubilación anticipada -aunque ello les redujera la pensión para siempre-. Es lo que el ministro Escrivá quiere decir de una forma aséptica cuando habla de eso de “acercar la vida laboral real a la legal”.
El ministro desvirtúa totalmente los hechos cuando hace pensar que la jubilación anticipada es un recurso de privilegiados, y da a entender que viene promovido por el trabajador. En realidad, lo que hoy día se conoce como prejubilaciones en las grandes empresas no son más que despidos. Hablamos de trabajadores y trabajadoras con hipotecas e hijos que están todavía estudiando, trabajadores que van a tener que seguir trabajando, en muchos casos, subcontratados para la misma empresa que les ha despedido.
Si al ministro y los empresarios a los que representa les parecen mal las jubilaciones anticipadas, no tienen más que dejar a los trabajadores en su puesto hasta que llegue la edad de jubilación. Lo demás no son más que monsergas para hacer perder al trabajador tanto el trabajo como la protección.
Las medidas para reducir la cuantía de la pensión
A partir del año 2022, el cálculo de la cantidad que se percibirá durante la jubilación tendría en cuenta los últimos 25 años laborales del trabajador o trabajadora. Esto significa que para una persona que se jubile en 2027 con 67 años, se tendrá en cuenta el período comprendido entre 2002 y 2027, que incluye toda la crisis de 2007, más la del coronavirus. Pero calma, que, para salvar este problema de los años de crisis, están pensando en hacernos un “favor”: nos van a dejar elegir los veinticinco años de nuestra vida laboral que prefiramos.
Que lo tengan claro los jóvenes actuales. Los años que estáis viviendo ahora os pueden hacer falta para calcular la pensión del futuro. Sí, estos años en los que no conseguís un trabajo estable, en que os pagan sueldos de mierda por trabajos eventuales o a tiempo parcial, etc.
La separación entre pensiones contributivas y no contributivas
Se trata de una línea de ataque a largo plazo de la que solo veremos nítidamente sus frutos cuando sea demasiado tarde.
Antes de la creación del Pacto de Toledo, no había distinción entre pensiones contributivas y no contributivas: para unas y otras se recurría a los Presupuestos Generales del Estado. El Pacto de Toledo sentó el criterio (mero brindis al sol) de que las pensiones (todas en general) debían ser sufragadas únicamente con los ingresos que entraran en forma de cotizaciones a la Seguridad Social. En cuanto llegó la crisis, la bajada de los ingresos hizo ver que esto era imposible, y dio lugar a la obsesión con el déficit de las pensiones y con el descenso de la famosa hucha.
La cosa se complicó aún más cuando en dicha cuenta no solo se cargaron las pensiones (contributivas o no), sino que también se imputaron otro tipo de gastos directa o remotamente relacionados con las pensiones (gastos de administración y funcionariado, subvenciones a la cotización de las empresas, ayudas a la contratación, etc.) Los eternos años de crisis no solo han engordado el problema por la bajada de aportaciones, sino que han servido para que los gobiernos tiraran de ese dinero para cualquier gasto cuando no sabían dónde acudir.
La nueva propuesta consiste en cargar en destinos diferentes cada una de las partidas que hasta hoy pretendían ser sufragadas con las aportaciones a la Seguridad Social. Por un lado se irán los gastos del sistema, que serán gastos de la Administración. En cuanto a las pensiones en sí, solamente las contributivas se mantendrán dentro de la Seguridad Social; las no contributivas serán pagadas desde los Presupuestos Generales del Estado.
Con los impedimentos de hoy día ya se puede prever un aumento en el número de trabajadores que acaben su vida laboral sin derecho a una pensión contributiva. Pues bien, siendo esta la tendencia, el hecho de poner aparte las pensiones no contributivas como un gasto voluntario del Estado no es más que dividir en dos a la clase trabajadora. Con este movimiento se pretende acabar con la defensa unitaria de las pensiones como reivindicación común, y se abandona a los trabajadores peor parados a la voluntad caritativa del gobierno de turno.
En pocos años veremos cómo los perceptores de una pensión no contributiva pasarán a ser presentados como unas sanguijuelas que se aprovechan de un sistema de protección sin haber “contribuido”; se afirmará que la miseria que reciben procede de los impuestos.
Aunque el Pacto de Toledo incorpore bellos artículos progresistas identitarios sobre la mujer y los inmigrantes, la realidad material de nuestra clase nos ha enseñado que estos dos colectivos se encuentran más afectados por los problemas de inestabilidad laboral y de ingresos, y recibirán pensiones más bajas o solo podrán recurrir a las no contributivas.
Los fondos de pensiones privados
Falta el último paso, y consiste en que aquellos que sigan teniendo pensión la pongan en manos privadas. Van a intentar que esa parte del salario, esa aportación a la pensión, tome la forma de capital productivo, y no quede “muerto” bajo cualquier modalidad de gestión pública.
Como el número de planes privados suscritos no ha parado de bajar desde la crisis de 2008, el planteamiento es el siguiente: si el trabajador individual no puede o no quiere abrir un plan privado, se le obligará a aceptar uno en el que las aportaciones se hagan sin su intervención. Para conseguir esto, el Ministerio de Seguridad Social ya ha dado los primeros pasos con objeto de resucitar la figura de los antiguos planes colectivos de empresa.
Pero el ministro no se fía -con razón- de que el atrasado capitalismo patrio vaya a apostar por su genial idea, así que, en la línea habitual de los progresistas que quieren salvar al capitalismo de sí mismo, ha asumido él mismo la responsabilidad de crear un fondo de pensiones privado con todas las garantías del Estado.
Si el ministro está convencido de que las empresas pueden permitirse aportar fondos a un plan de pensiones complementario además del obligatorio, ¿por qué no se limita a subir las cotizaciones sociales a la Seguridad Social -o suprimir las exenciones-, beneficiando de esa forma al sistema público de pensiones en su conjunto? Porque la intención en esta ocasión es introducir a las empresas privadas en la gestión de las pensiones.
Tú sabrás: si no te lo puedes permitir, no te jubiles
La última medida que nos interesa resaltar es la “posibilidad” de seguir trabajando una vez que ya estás cobrando la pensión.
Nos encontramos con un futuro en el que cada vez menos trabajadores que llegan a la edad de jubilación cumplan los requisitos para cobrar una pensión contributiva. Aquí conviene recordar que la pensión no contributiva íntegra está en estos momentos en 395,6 euros mensuales.
Por otra parte, los trabajadores que sí consiguen cumplir los requisitos para recibir una pensión contributiva han visto reducida su cuantía debido al hecho de que les han ampliado el período de cómputo para el cálculo y/o porque han acumulado varios años de escasa o nula cotización.
¿Qué se puede hacer para que no estalle un levantamiento del creciente ejército de jubilados con ingresos insuficientes? Por desgracia, dado el nulo nivel de organización de la clase trabajadora, la respuesta no solo es sencilla para el capital, sino que la plantea como una ocasión propicia para convertir lo que debería ser un problema en una oportunidad a su favor.
La solución adoptada por el Pacto de Toledo ya está en funcionamiento en Alemania desde hace años, y consiste en permitir a los trabajadores compatibilizar el cobro de su exigua pensión con la realización de trabajos ocasionales o a tiempo parcial. Ya hemos visto esta solución aplicada en el entorno del Ingreso Mínimo Vital (otra prestación no contributiva), donde el trabajador puede aceptar trabajos de forma compatible con el IMV mientras la renta anual no supere el límite establecido por la normativa de la prestación.
Este panorama es un sueño para los empresarios: el Estado les suministra trabajadores que no van a pelear por cobrar un sueldo íntegro, pues ya están complementados con una prestación pública. En Alemania, en el año 2019 -antes de la pandemia de COVID-19- se había incrementado en un 20% el número de mayores de 65 años que acudían regularmente a un banco de alimentos.
La medida para tranquilizar los ánimos
El reclamo aparentemente progresista para poner en la portada de los medios consiste en la cacareada revalorización de las pensiones según el IPC. Subir las pensiones al ritmo que sube el coste de la vida es algo elemental, lo contrario degeneraría rápidamente en una situación de necesidad que dispararía la conflictividad social hasta unos niveles insostenibles. Ya se vio la fuerza que cobraron las protestas de los pensionistas en los años en los que esta medida ha estado en vigor.
Así pues, hacer ver que la gran victoria de esta reforma de las pensiones es volver a dejar las cosas como estaban en lo referente a las subidas anuales, no es más que una tomadura de pelo. El problema es que esta única medida sea considerada por los sindicatos de concertación y sus plataformas satélite como suficiente para dar el visto bueno al resto de ataques que se incluyen en el plan, lo cual los hace cómplices en el engaño.
Conclusiones
El Pacto de Toledo es uno de esos espacios que ahora se llaman de “diálogo social”. La realidad es que se sacrifican los intereses de la clase trabajadora para salvar la tasa de beneficio del capital. Unidas Podemos, que incluye los despojos irreconocibles de lo que antaño era el PCE, tendrá que dar explicaciones de por qué fueron cómplices materiales.
Es momento de que los trabajadores y las trabajadoras comprendan que necesitan organizarse y tomar las riendas de un proceso que no tiene -no puede tener- la forma de un diálogo, sino de una lucha. En el caso de los más jóvenes, cualquier período de inactividad en los últimos años de la vida laboral será una condena a caer aceleradamente en la base de cotización. Eso sin tener en cuenta que las recomendaciones del Pacto de Toledo se revisan cada cinco años y en cada ronda se añaden más restricciones.
Solo la unión de las luchas de los trabajadores va a poder plantar cara a los ataques del capital, y el frente de las pensiones no va a ser de los menores. Pero en los próximos meses y años iremos viendo las exigencias adicionales que marca Bruselas para entregar los fondos de ayuda frente a la crisis capitalista desatada por el coronavirus.
Por ello, creemos insoslayables las reivindicaciones que se planteaban en el llamamiento del EEC arriba enlazado, añadiendo el rechazo absoluto al camino de privatización de las pensiones abierto por el ministerio de Seguridad Social:
*Pensión mínima igual al salario mínimo
*Ninguna prestación por desempleo debe ser inferior al salario mínimo, y todas cotizarán para la jubilación. Ello incluye tanto la contributiva, como la de subsidio y la de mayores de 52 años.
*Las prestaciones sociales de la Seguridad Social volverán a estar calculadas respecto al salario mínimo, y no respecto al IPREM introducido por Zapatero. Serán gestionadas a nivel estatal y tendrán la garantía y suficiencia económica del Estado.
*No a la separación de fuentes del Pacto de Toledo.
*No a la separación de las prestaciones contributivas y no contributivas en la Seguridad Social.
*No a la creación de planes de pensiones privados amparados por la Seguridad Social, bajo ninguna fórmula de propiedad, gestión o custodia. Todos los refuerzos e incrementos de las aportaciones a la Seguridad Social en forma de cotizaciones sociales dentro del pilar clásico.
Texto íntegro, en:
https://cronicadeclase.wordpress.com/2020/12/09/el-pacto-de-toledo-y-la-inminente-reforma-de-las-pensiones/
Eternal Flame | Martes, 15 de Diciembre de 2020 a las 00:15:38 horas
Se agradece mucho la claridad en la exposición. La mayoría desconocemos este tipo de tejemanejes y este artículo ayuda mucho a entender. Gracias nuevamente, gran descubrimiento encontrar esta página.
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