Según pruebas aportadas por múltiples medios de comunicación, así como por testimonios personales, durante meses, Washington mantuvo contactos con figuras situadas en la propia cúpula institucional venezolana y preparó un escenario político para "el día después de Maduro". Entre las piezas centrales de aquellos planes aparecía Delcy Rodríguez. El periódico británico "The Guardian" y otros medios internacionales, han reconstruido toda una trama de reuniones, mensajes, testimonios y negociaciones que deja abiertas múltiples preguntas que el actual Ejecutivo venezolano se niega rotundamente a contestar, mientras simultáneamente trata de desmontar, pieza por pieza, las conquistas más valiosas del proceso político bolivariano.

El regreso del servicio militar no es un fenómeno aislado ni una simple reacción coyuntural a la guerra de Ucrania. Alemania, Francia, Austria y otros Estados europeos están reorganizando simultáneamente sus presupuestos, industrias, ejércitos y discursos públicos para sostener durante años un nivel de gasto militar desconocido desde la Guerra Fría. Una parte de las fuentes de izquierda europeas consultadas interpretan esta transformación como la construcción de una nueva economía política del rearme, mientras los gobiernos la justifican fundamentalmente por la "amenaza rusa" y la "incertidumbre sobre el compromiso militar estadounidense".

Alberto Núñez Feijóo ha prometido ampliar el poder de las mutuas para que puedan dar el alta a trabajadores afectados por determinadas patologías. La propuesta recupera una vieja reivindicación patronal y vuelve a colocar bajo sospecha a quienes se encuentran de baja. Pero el discurso tiene un llamativo ángulo muerto: mientras se habla de controlar más al asalariado enfermo, millones de horas extraordinarias siguen realizándose cada año sin ser pagadas ni compensadas.

Centenares de personas durmieron en Sol reclamando que la vivienda dejara de ser una fuente permanente de inseguridad. La presión llegó al Consejo de Ministros y produjo dos decretos. Pero entre lo reclamado, lo aprobado y lo que finalmente sobreviva al Congreso queda todavía una distancia decisiva. 

    Cuando el lector lea este comentario, el Gobierno posiblemente se encontrará todavía negociando las bonificaciones fiscales para determinados propietarios dentro del nuevo decreto de vivienda que se espera sea emitido este mismo martes. La propuesta socialdemócrata parece plantear algunas interrogantes de muy difícil contestación: una de ellas es por qué, si los beneficios y la revalorización de los inmuebles pertenecen al propietario, la sociedad debe asumir la parte del coste cuando se limita su rentabilidad. La reflexión del autor de este artículo, no le dejará tranquilo.

Los periodistas franceses Catherine Graciet y Éric Laurent describieron hace catorce años un Marruecos en el que el monarca no era solamente jefe del Estado: se encontraba también en el centro de un poderoso entramado empresarial con intereses en la banca, los seguros, la minería, la agricultura, la distribución y la energía. Una revisión de los datos actuales muestra que Marruecos ha cambiado profundamente desde entonces, pero que el grupo Al Mada, vinculado a la familia real, continúa ocupando posiciones relevantes en algunos de los sectores fundamentales de la economía marroquí.

El desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, ha convertido una lucha concreta en una movilización de alcance estatal. Mientras la acampada de Sol presiona al Gobierno, PSOE, Sumar y Podemos tratan de posicionarse ante un movimiento que recuerda inevitablemente el precedente del 15M.

Estados Unidos ha rechazado la última propuesta iraní para comenzar a reabrir el estrecho de Ormuz, aunque ambas partes mantienen abierta la negociación. Tras siete meses de guerra, el control de una de las principales rutas energéticas del planeta se ha convertido en una poderosa herramienta económica y militar cuyo coste termina llegando a consumidores y asalariados de todo el mundo.

El espectacular crecimiento de la AfD entre sectores de la clase trabajadora alemana obliga a mirar más allá de las imágenes tradicionales del fascismo. La extrema derecha del siglo XXI no necesita reproducir las formas políticas de los años treinta: puede utilizar las elecciones, apropiarse del malestar social y convertir problemas de salarios, vivienda o precariedad en conflictos contra la inmigración. ¿Estamos ante una estrategia capaz de sustituir la lucha de clases por una nueva comunidad nacional enfrentada a enemigos internos y externos?