LA SAREB PRETENDE DESAHUCIAR A UN NIÑO DISCAPACITADO: URGENTE CAMPAÑA CIUDADANA PARA EVITARLO

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Asamblea Reivindicativa Canaria (ARCAN) ha denunciado un nuevo caso de desahucio ejecutado por la SAREB, entidad de mayoría estatal, contra una familia vulnerable con un menor discapacitado.

   La organización ha hecho pública su indignación ante lo que consideran una grave vulneración de derechos fundamentales por parte de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), cuya propiedad mayoritaria recae en el Estado español. El colectivo señala directamente al Gobierno del PSOE como responsable político de las acciones de esta entidad.

  La SAREB ha ordenado a través del juzgado el desalojo de una familia residente en La Laguna (Tenerife), fijando como fecha límite el 28 de noviembre. La familia afectada, compuesta por una madre trabajadora con ingresos mensuales de 1.200 euros, un hijo adolescente estudiante de Formación Profesional, y una sobrina desempleada con un niño de seis años con discapacidad, había accedido en enero de este año a una vivienda vacía de esta entidad, una práctica cada vez más común en las Islas ante el crecimiento del parque inmobiliario sin uso.

  Lo más alarmante, según ARCAN, es que tanto el Ayuntamiento de La Laguna como el Gobierno de Canarias han emitido informes favorables para que se formalice un alquiler social, dada la evidente situación de vulnerabilidad de la familia. Sin embargo, la SAREB se ha negado reiteradamente a firmar dicho acuerdo, argumentando que los ingresos de la madre trabajadora son suficientes para descartar la condición de vulnerabilidad.

  Desde ARCAN califican este argumento de "incoherente" y "contradictorio", ya que, según señalan, con 1.200 euros no es posible acceder ni siquiera a un estudio en el mercado de alquiler actual en Canarias. Además, la organización denuncia que en la misma urbanización la SAREB ha concedido alquileres sociales a familias con ingresos similares o incluso superiores, lo que evidenciaría un criterio arbitrario o discriminatorio.

   El comunicado remarca el riesgo que conlleva el desalojo, no solo para la estabilidad de la familia, sino particularmente para el menor con discapacidad, quien podría ser tutelado por la Administración si se produce el desahucio. Desde ARCAN alertan sobre los peligros de institucionalizar al menor en centros de menores, donde —afirman— se han denunciado reiteradamente situaciones de abandono y maltrato.

  “Si esta familia no es vulnerable, ¿quién lo es?”, se pregunta la Asamblea, que interpela directamente al presidente Pedro Sánchez, recordándole que ha presentado la SAREB como un instrumento para ampliar el parque público de vivienda. Por ello, califican como “escandaloso” que una entidad pública actúe “como un fondo buitre”, ignorando las recomendaciones de las propias instituciones canarias.

  En vista de la urgencia de la situación, desde la la Asamblea Reivindicativa Canaria han puesto en marcha una campaña de presión social, política y mediática para detener el desalojo y lograr que se conceda el alquiler social a la familia. Invitan a la ciudadanía a sumarse mediante el envío de correos electrónicos a la SAREB y a las administraciones implicadas, para exigir una solución inmediata. Para ello, ofrecen modelos de carta y direcciones de contacto.

  El comunicado concluye con un mensaje claro: “No podemos permitir que el Estado mire hacia otro lado mientras su propia empresa actúa como un especulador inmobiliario”.

    A quienes puedan criticar la situación desde una lógica anti-"okupas", ARCAN les recuerda que se trata de una familia en situación extrema, que recurrió a una vivienda vacía del Estado, y que "es el Estado el que tiene la responsabilidad legal —no ideológica— de garantizar que un menor enfermo no termine en la calle".

   “La verdadera injusticia no es que una familia vulnerable se refugie en un piso vacío, sino que la SAREB mantenga cientos de viviendas públicas vacías mientras hay niños durmiendo en coches en Canarias”, concluye la Asamblea Reivindicativa Canaria.