El director del Servicio Canario de Salud Adasat Goya EL CONSTITUCIONAL FRENA UN DECRETO DEL GOBIERNO PARA SUBIR SUELDOS A ALTOS CARGOS SANITARIOS
Intersindical Canaria denuncia el uso de la Sanidad como plataforma de privilegios
Intersindical Canaria celebra la sentencia del Constitucional que tumba el decreto del Gobierno canario para aumentar los sueldos de los altos cargos sanitarios. Mientras tanto, los trabajadores públicos siguen con salarios congelados y derechos recortados.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, Intersindical Canaria ha denunciado la tentativa del Gobierno de Canarias de institucionalizar un incremento salarial arbitrario para altos cargos de la Sanidad pública, una maniobra que ha sido desmantelada por el Tribunal Constitucional.
Según la organización sindical, la resolución judicial vuelve a poner en evidencia la gestión de la Consejería de Sanidad del ejecutivo que encabezan Fernando Clavijo y el Partido Popular, al considerar este departamento como el epicentro de lo que califican como "trapicheo presupuestario".
Intersindical Canaria recuerda que esta consejería maneja el mayor volumen presupuestario del gobierno autonómico, siendo utilizada recurrentemente —según afirman— "tanto para realizar concertaciones injustificadas con la sanidad privada como para servir de destino a lo que denominan la "puerta giratoria" de cargos afines a los partidos del gobierno".
En esta ocasión, el Ejecutivo autonómico pretendía —a través de un decreto— igualar e incluso superar los salarios de los futuros gestores sanitarios con respecto a los ingresos que estos percibían en sus actividades anteriores en el ámbito privado.
Según denuncia Intersindical Canaria, esta medida "beneficiaría de forma directa y prioritaria al actual director del Servicio Canario de Salud".
Para la organización sindical, la maniobra representa un "uso fraudulento del dinero público", además de constituir un "agravio humillante" hacia el conjunto del personal sanitario público.
Intersindical Canaria subraya que, a pesar de los elogios y promesas lanzadas por el gobierno tras la pandemia, los trabajadores de la sanidad siguen sometidos a jornadas extenuantes, recortes de derechos laborales aún no revertidos y una congelación salarial persistente.
Según estimaciones difundidas por el sindicato, la combinación de estos factores con el alza continua de los precios ha provocado una pérdida de poder adquisitivo que alcanza hasta el 10% entre el personal sanitario del Archipiélago.
Apenas unos días antes de conocerse el fallo del Tribunal Constitucional, el propio director del Servicio Canario de Salud anunciaba ante la Mesa Sectorial de Sanidad que no se ejecutaría la revisión salarial que los trabajadores del sector llevaban tres años esperando. La decisión se habría tomado, explicó, tras analizar los resultados de un estudio encargado por el Gobierno sobre la comparación salarial entre sanitarios canarios y del resto del Estado.
Para Intersindical Canaria, esta declaración reafirma la voluntad del Ejecutivo de mantener los “salvajes ajustes laborales y salariales” que, a su juicio, vienen deteriorando el sistema público de salud del Archipiélago. El sindicato adelanta que este nuevo atropello no quedará sin respuesta, y augura una contestación sindical y laboral a la altura de la gravedad del momento que vive el sector sanitario canario.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, Intersindical Canaria ha denunciado la tentativa del Gobierno de Canarias de institucionalizar un incremento salarial arbitrario para altos cargos de la Sanidad pública, una maniobra que ha sido desmantelada por el Tribunal Constitucional.
Según la organización sindical, la resolución judicial vuelve a poner en evidencia la gestión de la Consejería de Sanidad del ejecutivo que encabezan Fernando Clavijo y el Partido Popular, al considerar este departamento como el epicentro de lo que califican como "trapicheo presupuestario".
Intersindical Canaria recuerda que esta consejería maneja el mayor volumen presupuestario del gobierno autonómico, siendo utilizada recurrentemente —según afirman— "tanto para realizar concertaciones injustificadas con la sanidad privada como para servir de destino a lo que denominan la "puerta giratoria" de cargos afines a los partidos del gobierno".
En esta ocasión, el Ejecutivo autonómico pretendía —a través de un decreto— igualar e incluso superar los salarios de los futuros gestores sanitarios con respecto a los ingresos que estos percibían en sus actividades anteriores en el ámbito privado.
Según denuncia Intersindical Canaria, esta medida "beneficiaría de forma directa y prioritaria al actual director del Servicio Canario de Salud".
Para la organización sindical, la maniobra representa un "uso fraudulento del dinero público", además de constituir un "agravio humillante" hacia el conjunto del personal sanitario público.
Intersindical Canaria subraya que, a pesar de los elogios y promesas lanzadas por el gobierno tras la pandemia, los trabajadores de la sanidad siguen sometidos a jornadas extenuantes, recortes de derechos laborales aún no revertidos y una congelación salarial persistente.
Según estimaciones difundidas por el sindicato, la combinación de estos factores con el alza continua de los precios ha provocado una pérdida de poder adquisitivo que alcanza hasta el 10% entre el personal sanitario del Archipiélago.
Apenas unos días antes de conocerse el fallo del Tribunal Constitucional, el propio director del Servicio Canario de Salud anunciaba ante la Mesa Sectorial de Sanidad que no se ejecutaría la revisión salarial que los trabajadores del sector llevaban tres años esperando. La decisión se habría tomado, explicó, tras analizar los resultados de un estudio encargado por el Gobierno sobre la comparación salarial entre sanitarios canarios y del resto del Estado.
Para Intersindical Canaria, esta declaración reafirma la voluntad del Ejecutivo de mantener los “salvajes ajustes laborales y salariales” que, a su juicio, vienen deteriorando el sistema público de salud del Archipiélago. El sindicato adelanta que este nuevo atropello no quedará sin respuesta, y augura una contestación sindical y laboral a la altura de la gravedad del momento que vive el sector sanitario canario.

































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