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EL FRANQUISMO REGRESA A LA PLAZA: LA CRUZ DE ARRECIFE Y LA OFENSIVA IDEOLÓGICA DE LA EXTREMA DERECHA

La "democracia" española convive con más de 5.800 símbolos franquistas

La recolocación de una cruz franquista en el centro de Arrecife (Lanzarote) ha reabierto el debate sobre la aplicación real de las leyes de memoria democrática en Canarias y en el resto del Estado español. Más allá de los argumentos técnicos, la persistencia de estos símbolos plantea una cuestión de fondo: ¿qué modelo de democracia puede sostenerse mientras se blanquea la simbología del autoritarismo?

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Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.

 

   Este lunes, 17 de noviembre, la cruz franquista que había sido retirada de la plaza de Las Palmas en Arrecife, Lanzarote, era recolocada nuevamente en su lugar. El acto contó con la participación del alcalde Yonathan de León, del Partido Popular, y el consejero de Obras Públicas del Cabildo, Jacobo Medina, de la misma formación política derechista. La cruz, erigida en 1950 para homenajear a los caídos del bando franquista, había sido retirada en julio de este mismo año, durante las obras de rehabilitación de la plaza, con fondos europeos, en lo que se había interpretado como una forma "discreta" de cumplir la Ley de Memoria Histórica.

 

   Sin embargo, la explicación ofrecida por las autoridades para justificar su regreso no admite que la persistencia de este símbolo franquista incumpla la legalidad y alude a motivos de  “preservación técnica” durante las obras como una motivación para su retirada personal. 

 

 

   Esta narrativa oficial choca frontalmente con el marco legal vigente, ya que tanto la Ley Canaria de Memoria Histórica de 2018 como la Ley estatal de Memoria Democrática de 2022 obligan a retirar símbolos que exalten el golpe de Estado, la Guerra Civil o la dictadura. Ello no impide, sin embargo, que en el Archipiélago se hayan contabilizado más de 80 vestigios franquistas aún presentes en el espacio público. Y tampoco que, en el conjunto del Estado español, según un informe de la Fundación Jesús Pereda de CCOO, se mantengan  más de 5.800 símbolos franquistas.

 

ENTRE LA LEGALIDAD Y LA OFENSIVA SIMBÓLICA

 

   Como tantos otros monumentos, la cruz de la plaza de Las Palmas en Arrecife es cualquier cosa menos un símbolo políticamente neutro. Fue erigida coincidiendo con una visita del dictador Francisco Franco a Lanzarote, y construida expresamente para rendir homenaje a los caídos del bando franquista y estuvo acompañada desde su origen por una placa de Falange Española, el partido fascista que colaboró activamente con la represión del régimen.

 

   Un estudio de 2018 encargado por el Cabildo vino a reafirmar lo obvio: se trata de un símbolo franquista explícito. De hecho, aparece incluido en el Catálogo de Vestigios Franquistas de Canarias, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que estas cruces deben ser retiradas cuando exaltan únicamente a uno de los bandos, y en particular al golpista.

 

   Lo que está en disputa, pues, no es una simple cruz, ni su retirada supone un "ataque al cristianismo o el catolicismo", tal y como pretende un discurso destinado a ocultar esta significación política.  El poder simbólico que se ejerce al mantener estos monumentos actúa como una forma de legitimación histórica de la dictadura . La recolocación de la cruz en Arrecife, pues, no es un mero gesto de conservación patrimonial, sino una reafirmación del relato franquista. 

 

CANARIAS COMO ESCENARIO DE RESISTENCIA Y RETROCESO

 

   El caso de Arrecife, por supuesto, no es un hecho aislado. En Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, la propuesta para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el monumento franquista del “Ángel Caído” —que representa al propio Franco alzando una espada en forma de cruz sobre el avión Dragón Rapide— ha despertado la indignación de colectivos de memoria y del Gobierno estatal. Sin embargo, y a pesar de que la escultura glorifica el inicio del golpe de Estado, el Cabildo tinerfeño —gobernado por Coalición Canaria y el PP— promueve su resignificación bajo el nombre de “Monumento para la Concordia” y son pocos los que confían que el monumento sea finalmente retirado, con independencia de qué el gobierno de la institución insular pudiera cambiar de signo político.  

 

   Organizaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denuncian que no se puede transformar el significado de símbolos que nacieron para glorificar la represión. Según estas entidades, lo que se busca no es concordia, sino blanqueamiento de la dictadura. La narrativa de la resignificación no es otra cosa que una estrategia de las derechas para reintroducir el relato franquista en la cultura democrática bajo un nuevo lenguaje.

 

  En su cojunto, Canarias alberga más de 80 símbolos franquistas en su espacio público. Cifra que convierte al archipiélago en una de las regiones donde más evidente es la continuidad simbólica del autoritarismo. Mientras algunos ayuntamientos y cabildos han avanzado en su retirada, otros han optado por su conservación o incluso promoción.

 

LA SITUACIÓN GENERAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

 

   A nivel estatal, la persistencia de vestigios del franquismo en calles, plazas y monumentos alcanza niveles alarmantes. A pesar de que la Ley de Memoria Democrática establece su retirada obligatoria, muchas comunidades autónomas gobernadas por la derecha retrasan o bloquean su aplicación.

 

   Bajo pretextos legales, patrimoniales o religiosos, muchos gobiernos locales se niegan a ejecutar la ley. Esta resistencia no se explica por razones técnicas. Responde a una batalla ideológica por el relato del pasado. Según el CIS, más del 21% de los españoles considera que los años del franquismo fueron “buenos” o "muy buenos", mientras que entre los jóvenes ese porcentaje es ya del 18%. 

 

   Esta cifra revela una profunda grieta en la memoria colectiva. Una parte importante de la sociedad ha interiorizado un relato amable o incluso glorioso de la dictadura franquista, que la derecha ha logrado imponer también como consecuencia del pacto de silencio impuesto durante la llamada "Transición a la democracia" y las decepciones provocadas por las políticas de la pretendida "izquierda" del Régimen.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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