CUNA DEL ALMA: NEGOCIO PRIVADO, ESPECULACIÓN Y RESISTENCIA CIUDADANA

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   El pasado domingo, la plataforma Salvar El Puertito y los ciudadanos que respondieron a su convocatoria de movilización volvieron a tomar las calles para denunciar el avance del proyecto urbanístico “Cuna del Alma”, promovido en la franja costera dde Adeje, en el sur de Tenerife.

   La protesta, organizada por colectivos ciudadanos y ecologistas, se articuló como un acto de rechazo a un modelo que, según los convocantes, convierte el territorio en un bien de mercado al servicio de grandes intereses inmobiliarios, con la connivencia de las administraciones públicas.

    La manifestación llega en un momento crítico. Se cumple un año desde que se reiniciaron las obras tras varios procesos de paralización por denuncias ambientales y administrativas. Mientras el proyecto avanza sobre las laderas y espacios naturales del litoral adejero, las instituciones continúan sin asumir medidas cautelares ni revisar en profundidad los procedimientos que lo avalan. Un silencio institucional que también es denunciado por los colectivos, que exigen responsabilidades políticas y judiciales.

Un proyecto de lujo sobre territorio común

   Cuna del Alma es un macroproyecto inmobiliario que contempla la construcción de 420 villas de alto standing, hoteles y zonas de ocio sobre una superficie de más de 400.000 metros cuadrados. Su desarrollo se lleva a cabo sobre terrenos que hasta hace pocos años permanecían libres de urbanización y que cuenta con importantes valores naturales y patrimoniales, algunos de ellos reconocidos oficialmente, como su declaración en 2023 como Lugar de Interés Geológico Nacional.

  Sin embargo, lejos de preservar el valor ecológico y comunitario del entorno, las obras han avanzado entre denuncias por destrucción de hábitats, afección al patrimonio arqueológico y aprobación de licencias urbanísticas en zonas costeras sometidas a servidumbre de protección. A pesar de estos antecedentes, la maquinaria ha seguido trabajando sin que los tribunales adopten medidas efectivas para impedirlo.

  Detrás del proyecto se encuentra una empresa promotora vinculada a capital neerlandés y español, que desde hace años ha establecido relaciones estrechas con los centros de decisión municipal. Lo que podría parecer una inversión como cualquier otra, se ha convertido en símbolo de un modelo que prioriza los beneficios económicos sobre los derechos colectivos y la sostenibilidad de los ecosistemas.

Silencios institucionales y justicia pasiva

   Los colectivos denunciantes recuerdan que, aunque existen querellas penales y contenciosos administrativos abiertos desde julio y agosto, ninguna de estas acciones ha logrado frenar el avance de las obras. Tampoco se han aplicado medidas cautelares por parte de los juzgados de Arona, a pesar de las múltiples irregularidades detectadas en el proceso de concesión de licencias urbanísticas.

  Una de las principales críticas se dirige contra el Ayuntamiento de Adeje, presidido desde hace décadas por José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), a quien acusan de operar como gestor de los intereses inmobiliarios que rodean el proyecto. La figura del alcalde se ha convertido en uno de los focos del descontento ciudadano, no sólo por su prolongada permanencia en el cargo, sino por lo que denuncian como un entramado de decisiones políticas, administrativas y familiares que habrían contribuido a la consolidación de un sistema clientelar y opaco.

    Desde la plataforma Salvar El Puertito, junto a colectivos como Rebelión Científica Canarias y la Acampada Lolo Dorta, se ha solicitado una reunión oficial con la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés, con el objetivo de trasladar la gravedad del caso y exigir una investigación penal y política que abarque no sólo al alcalde, sino también a los promotores del proyecto. Para los denunciantes, no se trata de un caso aislado, sino de un patrón sistemático de impunidad que atraviesa las instituciones canarias.

Un modelo que genera exclusión

   Más allá del caso puntual de El Puertito, la denuncia de los colectivos sociales y ecologistas se dirige al modelo de desarrollo que se ha impuesto en gran parte del Archipiélago. Durante décadas, el sur de Tenerife, como el sur de otras islas, ha sido objeto de una intensa presión urbanística orientada al turismo de masas y a la inversión inmobiliaria extranjera. En este contexto, el territorio se ha convertido en mercancía, y el acceso a la vivienda o a espacios naturales se ha visto reducido por la lógica del beneficio privado.

  La urbanización de zonas costeras como El Puertito no sólo destruye biodiversidad o paisaje, también expulsa a la población residente de sus lugares de vida. Las viviendas de lujo no están pensadas para los vecinos, sino para rentabilizar estancias vacacionales y acumular capital inmobiliario. El turismo de élite al que se dirige Cuna del Alma es solo otra cara de una economía insostenible que genera exclusión social y concentración de riqueza.

  Frente a esto, los colectivos proponen otro horizonte. Recuperación del territorio para la comunidad, transparencia en la gestión pública, y protección de los bienes comunes frente a la lógica especulativa. La convocatoria de una Asamblea Ciudadana Alternativa, el 31 de octubre en la plaza del Ayuntamiento de Adeje, forma parte de este proceso de autoorganización ciudadana que busca abrir espacios de participación y deliberación que las instituciones no permiten.

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