LA VERGÜENZA DEL AÑO 2025: 2.033 DEPENDIENTES CANARIOS MUERTOS ESPERANDO SU AYUDA RECONOCIDA

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    Cada día mueren siete personas en Canarias esperando una ayuda por dependencia que nunca llega. No es un accidente. No es una mala racha. Es el resultado de una política pública que ha convertido el derecho al cuidado en una mercancía y la atención a los más vulnerables en un trámite diseñado para excluir. Lo que se presenta como una crisis de gestión es, en realidad, una forma de dominación: las cifras son el síntoma visible de una estructura que decide a quién se cuida y a quién se deja morir.

El dato que estremece: 2.033 muertos en lista de espera

  A lo largo de 2025, al menos 2.033 personas han fallecido en Canarias sin haber recibido una prestación reconocida por el sistema de dependencia. Son personas que hicieron su solicitud, cumplieron los requisitos, superaron los tediosos trámites burocráticos, pero murieron antes de recibir lo que por derecho les correspondía. En paralelo, más de 20.000 personas permanecen atrapadas en el llamado “limbo de la dependencia”: tienen su grado reconocido, pero no han accedido a ninguna ayuda concreta. Otras 15.000 personas tienen un Programa Individual de Atención aprobado pero sin efectividad real. Y mientras todo esto ocurre, el discurso oficial sigue hablando de modernización y simplificación administrativa.

El modelo low cost: el Estado se retira, las familias cargan

   La raíz del colapso está en la renuncia del Gobierno de Canarias a sostener económicamente el sistema. Aunque le corresponde financiar el 75% de los costes de atención, solo asume la mitad. El resto recae sobre cabildos y ayuntamientos, cuyas capacidades están al límite. El resultado es un modelo que busca atender lo mínimo posible, al menor coste, y cuanto más tarde mejor.

  Cada persona dependiente en Canarias supone una inversión media de solo 1.339 euros anuales, frente a los más de 8.500 euros de media estatal. En lugar de fortalecer los servicios públicos —como la atención domiciliaria, los centros de día o las residencias— el Gobierno opta por conceder pequeñas ayudas económicas: 270 euros para que una familia lo solucione como pueda. Es un cheque, no una política de cuidados. Y es también una transferencia de responsabilidad desde lo público hacia los hogares.

El decreto de la exclusión: burocracia como barrera

  En 2025, el Gobierno canario aprobó el Decreto 46/2025, con la supuesta intención de simplificar los trámites para acceder a la dependencia. Pero lejos de facilitar el acceso, ha generado un nuevo muro. El decreto elimina el informe social y el análisis del entorno, dos herramientas esenciales para entender la situación real de quien solicita ayuda. En su lugar, impone un procedimiento técnico, descontextualizado, en el que la persona dependiente se convierte en un expediente.

  La decisión sobre qué prestación elegir debe tomarse de forma inmediata, sin asesoramiento ni tiempo para entender las opciones. La evaluación se reduce a una sola visita domiciliaria. La orientación profesional desaparece. Y lo que debía ser una garantía de derechos se convierte en una carrera de obstáculos.

  Detrás de esta “simplificación” hay una lógica clara: reducir los tiempos no para atender antes, sino para cerrar expedientes más rápido. El objetivo no es cuidar, es gestionar la escasez. Y en esa gestión, quien no puede cumplir con los trámites es expulsado.

Desprofesionalización y vaciamiento institucional

  Pero el colapso no es solo una cuestión de recursos. Es también una cuestión de organización. El nuevo modelo ha delegado funciones técnicas en personal sin formación específica. Esto significa que la evaluación de la dependencia —una decisión que marca el futuro de miles de personas— se realiza sin garantías. El sistema se vacía de profesionales, se precariza internamente y produce decisiones arbitrarias.

  Desde dentro, técnicos y trabajadores sociales han denunciado inequidad, inseguridad jurídica y una creciente deshumanización del proceso. El personal está desbordado, sin herramientas, y con la presión constante de cumplir plazos que no permiten atender con calidad. La desprofesionalización no es un error: es una estrategia que permite mantener el sistema funcionando al mínimo coste, aunque sea a costa de los derechos de la población.

Lo que no se dice: el mercado avanza donde el Estado retrocede

  Este modelo de dependencia low cost no es solo negligencia institucional. Es también una forma de preparar el terreno para la privatización. Cuando el sistema público fracasa, se abre la puerta a que empresas privadas gestionen centros, servicios y prestaciones. El cuidado se convierte en un negocio. La atención se mercantiliza. Y quienes no pueden pagar, quedan fuera.

  El deterioro de los servicios públicos no es una consecuencia inevitable. Es una política. Una que responde a los intereses de una clase dominante que no necesita del sistema público porque puede pagar su propio bienestar. Y que, al mismo tiempo, encuentra en la externalización de servicios sociales una fuente de beneficio.

  El Estado no desaparece: cambia de función. Ya no garantiza derechos, sino que gestiona mínimos. Y mientras tanto, convierte los derechos sociales en mercancías: si puedes pagarlo, accedes; si no, esperas, o mueres esperando.

  La situación de la dependencia en Canarias  es la expresión clara de un modelo de gestión que coloca el coste por encima del derecho, el expediente por encima de la persona, y el beneficio por encima del cuidado. Es la forma que toma el abandono institucional cuando se disfraza de eficiencia. Es un sistema diseñado para funcionar mal, para excluir, y para saturar a quienes más lo necesitan.

   Frente a esto, no basta con reformas parciales ni decretos maquillados. Lo que está en juego es el sentido mismo de los derechos sociales: si son una conquista colectiva o un residuo asistencial. Y lo que se necesita es una política pública que reconozca el cuidado como un trabajo socialmente necesario, digno, profesionalizado y sostenido por el Estado.