EL FRAUDE DE LAS RENTAS MÍNIMAS... EN CANARIAS Y EN EL ESTADO ESPAÑOL
Solo el 6,6% de las personas pobres en Canarias perciben una renta mínima, la media estatal es aún más baja
A pesar de las promesas de los gobiernos central y autonómico, las ayudas sociales en España y Canarias no logran alcanzar a quienes más las necesitan. Con una cobertura insuficiente y grandes desigualdades territoriales, las rentas mínimas se presentan como un parche ineficaz en un sistema que perpetúa la pobreza.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La pobreza no es solo una estadística. Es la cruda realidad que enfrentan millones de personas en el Estado español y, de forma alarmante, en Canarias, donde la exclusión social afecta a más de un tercio de su población.
A pesar de las promesas y los discursos del gobierno central y de los ejecutivos autonómicos, las ayudas sociales destinadas a combatir esta problemática están muy lejos de llegar a quienes más las necesitan. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno central y la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) ejemplifican las deficiencias estructurales de las políticas sociales en un país donde la desigualdad parece perpetuarse como norma.
Unas ayudas mínimas para una pobreza máxima
Canarias, a pesar de ser un enclave privilegiado por su ubicación geográfica, presenta uno de los rostros más duros de la pobreza en España y la Unión Europea.
Según el XIV Informe sobre el Estado de la Pobreza (2024), el 33,8% de su población vive en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, alrededor de 750.000 personas. En este contexto, las rentas mínimas se presentan como el último recurso para proteger a quienes están en situaciones más vulnerables. Sin embargo, los datos son devastadores: solo el 6,6% de las personas bajo el umbral de la pobreza en Canarias perciben una renta mínima, una cifra que, aunque supera la media estatal (5,9%), está a años luz de comunidades como Euskadi, donde el 51,2% de esta población tiene acceso a alguna ayuda.
La brecha entre regiones pone de manifiesto no solo las desigualdades territoriales en la gestión de políticas sociales, sino también la falta de voluntad política para priorizar la lucha contra la pobreza. Mientras que en Euskadi las políticas de rentas mínimas tienen un desarrollo sólido y sostenido, en Canarias las ayudas llegan con cuentagotas, dejando desprotegida a una inmensa mayoría de personas que enfrentan necesidades extremas.
El Ingreso Mínimo Vital: promesas incumplidas y cobertura insuficiente
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) fue presentado en 2020 por el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos como una medida histórica para erradicar la pobreza extrema en España. El Ejecutivo prometió que este subsidio alcanzaría a 850.000 familias vulnerables, cubriendo las necesidades básicas de unos 2,3 millones de personas. No obstante, cuatro años después, la realidad dista mucho de los ambiciosos objetivos planteados. A finales de 2024, el IMV solo había llegado a 673.729 hogares, beneficiando a poco más de dos millones de personas, según datos oficiales. Esto significa que, aunque se han reconocido avances, la cobertura sigue siendo insuficiente para un país donde más de 10 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza.
El problema del IMV no radica solo en su alcance limitado, sino también en los escollos burocráticos que dificultan su solicitud y aprobación. Las condiciones de acceso, que incluyen requisitos de renta, patrimonio y convivencia, han dejado fuera a muchas familias que, aunque viven en pobreza, no cumplen con los estrictos criterios establecidos. Además, las cuantías asignadas son mínimas y no se ajustan al coste real de la vida en muchas regiones, especialmente en Canarias, donde la inflación ha encarecido bienes básicos como la alimentación y la vivienda.
Canarias: el fracaso de la Renta Canaria de Ciudadanía
En el ámbito autonómico, la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) se presentó como una herramienta complementaria al IMV y como la evolución de la extinta Prestación Canaria de Inserción. Sin embargo, dos años después de su aprobación en diciembre de 2022, esta medida continúa estancada, beneficiando solo a unas 13.000 familias.
Uno de los principales problemas de la RCC radica en la falta de desarrollo de los complementos que la norma contemplaba para adaptarse a las necesidades reales de la población. Estos complementos, que incluían ayudas para vivienda, educación y pensiones no contributivas, no han sido implementados, lo que ha reducido significativamente el impacto de la medida. Según denuncian los Colegios de Trabajo Social de Canarias, esta situación responde a una combinación de problemas burocráticos, falta de personal y desinterés político por priorizar el desarrollo reglamentario de la renta.
La directora de Servicios Sociales de Canarias, Elizabeth Santana, justificó el estancamiento de las cifras alegando que “las personas han mejorado su situación”. Sin embargo, esta explicación choca con los datos de pobreza en las islas, que siguen siendo alarmantes. El exdirector del área, Javier Bermúdez, reconoció que la RCC fue diseñada para proteger a muchas más personas de las que actualmente está alcanzando, dejando en evidencia su limitada implementación.
Las promesas que no llegan
Unidas Podemos, partido entonces miembro del Gobierno central, propuso en 2023 una renta básica universal que garantizaría entre 700 y 1.400 euros mensuales para todas las personas mayores de 18 años. Aunque la propuesta fue presentada como una solución transformadora para superar las limitaciones del IMV, quedó en el olvido, sin avanzar más allá del papel. Este tipo de promesas incumplidas alimentan la desconfianza ciudadana hacia unas instituciones que parecen incapaces de ofrecer soluciones reales a los problemas estructurales del país.
En Canarias, la situación no es diferente. Las promesas de un desarrollo más ambicioso de la RCC han quedado en el aire, dejando a miles de personas en la pobreza sin un respaldo suficiente. La falta de visión a largo plazo y de un compromiso real para combatir la exclusión social han convertido a las rentas mínimas en un mero parche, incapaz de revertir la precariedad estructural que afecta a tantas familias.
Un sistema roto que perpetúa la pobreza
La pobreza en España y en Canarias no es un accidente, sino el resultado de un sistema socioeconómico que no prioriza a las personas más vulnerables. Las políticas de rentas mínimas, aunque necesarias, son insuficientes por sí solas para combatir las desigualdades estructurales. Mientras no se aborde la raíz del problema —la precariedad laboral, el acceso limitado a la vivienda y la insuficiencia de los servicios públicos—, estas ayudas seguirán siendo parches en un sistema que perpetúa la exclusión.
Además, la desigualdad territorial en la gestión de las políticas sociales refuerza la idea de que la pobreza no solo depende de factores económicos, sino también de decisiones políticas. El ejemplo de Euskadi demuestra que es posible construir un sistema de protección social más justo y eficaz.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La pobreza no es solo una estadística. Es la cruda realidad que enfrentan millones de personas en el Estado español y, de forma alarmante, en Canarias, donde la exclusión social afecta a más de un tercio de su población.
A pesar de las promesas y los discursos del gobierno central y de los ejecutivos autonómicos, las ayudas sociales destinadas a combatir esta problemática están muy lejos de llegar a quienes más las necesitan. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno central y la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) ejemplifican las deficiencias estructurales de las políticas sociales en un país donde la desigualdad parece perpetuarse como norma.
Unas ayudas mínimas para una pobreza máxima
Canarias, a pesar de ser un enclave privilegiado por su ubicación geográfica, presenta uno de los rostros más duros de la pobreza en España y la Unión Europea.
Según el XIV Informe sobre el Estado de la Pobreza (2024), el 33,8% de su población vive en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, alrededor de 750.000 personas. En este contexto, las rentas mínimas se presentan como el último recurso para proteger a quienes están en situaciones más vulnerables. Sin embargo, los datos son devastadores: solo el 6,6% de las personas bajo el umbral de la pobreza en Canarias perciben una renta mínima, una cifra que, aunque supera la media estatal (5,9%), está a años luz de comunidades como Euskadi, donde el 51,2% de esta población tiene acceso a alguna ayuda.
La brecha entre regiones pone de manifiesto no solo las desigualdades territoriales en la gestión de políticas sociales, sino también la falta de voluntad política para priorizar la lucha contra la pobreza. Mientras que en Euskadi las políticas de rentas mínimas tienen un desarrollo sólido y sostenido, en Canarias las ayudas llegan con cuentagotas, dejando desprotegida a una inmensa mayoría de personas que enfrentan necesidades extremas.
El Ingreso Mínimo Vital: promesas incumplidas y cobertura insuficiente
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) fue presentado en 2020 por el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos como una medida histórica para erradicar la pobreza extrema en España. El Ejecutivo prometió que este subsidio alcanzaría a 850.000 familias vulnerables, cubriendo las necesidades básicas de unos 2,3 millones de personas. No obstante, cuatro años después, la realidad dista mucho de los ambiciosos objetivos planteados. A finales de 2024, el IMV solo había llegado a 673.729 hogares, beneficiando a poco más de dos millones de personas, según datos oficiales. Esto significa que, aunque se han reconocido avances, la cobertura sigue siendo insuficiente para un país donde más de 10 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza.
El problema del IMV no radica solo en su alcance limitado, sino también en los escollos burocráticos que dificultan su solicitud y aprobación. Las condiciones de acceso, que incluyen requisitos de renta, patrimonio y convivencia, han dejado fuera a muchas familias que, aunque viven en pobreza, no cumplen con los estrictos criterios establecidos. Además, las cuantías asignadas son mínimas y no se ajustan al coste real de la vida en muchas regiones, especialmente en Canarias, donde la inflación ha encarecido bienes básicos como la alimentación y la vivienda.
Canarias: el fracaso de la Renta Canaria de Ciudadanía
En el ámbito autonómico, la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) se presentó como una herramienta complementaria al IMV y como la evolución de la extinta Prestación Canaria de Inserción. Sin embargo, dos años después de su aprobación en diciembre de 2022, esta medida continúa estancada, beneficiando solo a unas 13.000 familias.
Uno de los principales problemas de la RCC radica en la falta de desarrollo de los complementos que la norma contemplaba para adaptarse a las necesidades reales de la población. Estos complementos, que incluían ayudas para vivienda, educación y pensiones no contributivas, no han sido implementados, lo que ha reducido significativamente el impacto de la medida. Según denuncian los Colegios de Trabajo Social de Canarias, esta situación responde a una combinación de problemas burocráticos, falta de personal y desinterés político por priorizar el desarrollo reglamentario de la renta.
La directora de Servicios Sociales de Canarias, Elizabeth Santana, justificó el estancamiento de las cifras alegando que “las personas han mejorado su situación”. Sin embargo, esta explicación choca con los datos de pobreza en las islas, que siguen siendo alarmantes. El exdirector del área, Javier Bermúdez, reconoció que la RCC fue diseñada para proteger a muchas más personas de las que actualmente está alcanzando, dejando en evidencia su limitada implementación.
Las promesas que no llegan
Unidas Podemos, partido entonces miembro del Gobierno central, propuso en 2023 una renta básica universal que garantizaría entre 700 y 1.400 euros mensuales para todas las personas mayores de 18 años. Aunque la propuesta fue presentada como una solución transformadora para superar las limitaciones del IMV, quedó en el olvido, sin avanzar más allá del papel. Este tipo de promesas incumplidas alimentan la desconfianza ciudadana hacia unas instituciones que parecen incapaces de ofrecer soluciones reales a los problemas estructurales del país.
En Canarias, la situación no es diferente. Las promesas de un desarrollo más ambicioso de la RCC han quedado en el aire, dejando a miles de personas en la pobreza sin un respaldo suficiente. La falta de visión a largo plazo y de un compromiso real para combatir la exclusión social han convertido a las rentas mínimas en un mero parche, incapaz de revertir la precariedad estructural que afecta a tantas familias.
Un sistema roto que perpetúa la pobreza
La pobreza en España y en Canarias no es un accidente, sino el resultado de un sistema socioeconómico que no prioriza a las personas más vulnerables. Las políticas de rentas mínimas, aunque necesarias, son insuficientes por sí solas para combatir las desigualdades estructurales. Mientras no se aborde la raíz del problema —la precariedad laboral, el acceso limitado a la vivienda y la insuficiencia de los servicios públicos—, estas ayudas seguirán siendo parches en un sistema que perpetúa la exclusión.
Además, la desigualdad territorial en la gestión de las políticas sociales refuerza la idea de que la pobreza no solo depende de factores económicos, sino también de decisiones políticas. El ejemplo de Euskadi demuestra que es posible construir un sistema de protección social más justo y eficaz.
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