¿QUÉ SE ESCONDE DETRÁS DEL ACUERDO ENTRE PSOE, PP Y SUMAR PARA ELEGIR A PERELLÓ PRESIDENTA DEL CGPJ?

 
 POR ADAY QUESADA PARA CANARIAS SEMANAL

     Con un alborozo propio de los mejores años de la "transición", los medios de comunicación españoles han celebrado con el lanzamiento de  confetis mediáticos los acuerdos alcanzados entre el PSOE y el PP en relación con el Consejo General del Poder Judicial, con el nombramiento como presidenta del mismo de Isabel Perelló.

      Al acuerdo ha venido a agregarse un hecho que - según los medios- "ha marcado un hito en la historia del sistema judicial español", al convertirse  la nominada en la primera mujer en presidir tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el Tribunal Supremo.

    El "logro" - aseguran los mismos medios- es el resultado de una carrera de décadas en la judicatura. 

TRAYECTORIA JUDICIAL Y FORMACIÓN

     Vayamos, pues, a la descripción de los aspectos más menudos y formales de su biografía. Perelló nació en  Sabadell en 1958. Se licenció en Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, complementando su formación con una diplomatura en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en la carrera judicial en 1984, destacando al obtener uno de los mejores resultados en las oposiciones.

    Su carrera comenzó a despegar en destinos como Menorca y la Audiencia Provincial de Barcelona. Pero sería en el Tribunal Constitucional donde Perelló empezaría a ser conocida. Desde 1994 hasta 2003, Perelló trabajó como letrada en ese alto tribunal.
 

PERSONALIDAD Y CONTRADICCIONES

     A pesar de su éxito y de ser una figura pública que - siempre según los medios- presume de promover la igualdad de género en la judicatura, la personalidad de Isabel Perelló presenta matices que a menudo resultan contradictorios.  Para los medios adscritos a los ámbitos de la progresía mediática la jueza Perelló es una "magistrada progresista".

   Pero tan contundente  alineación no parece estar fundamentada en hechos judiciales tangibles y probados  que puedan corroborarlo, sino tan solo en su calidad de miembro de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y al hecho de que la  ahora presidenta del CJPJ  comparte posiciones muy próximas a personajes tales como la pro otánica ministra de Defensa, Margarita Robles.  

    Adjudicarle la nominación de "progresista" a la nueva presidenta del Consejo del Poder Judicial teniendo esos mimbres como principales soportes es una intolerable "alegría" que sólo se pueden permitir a aquellos que, alborozados por la laboriosa recuperación de los consensos propios del "Régimen del 78", se les han aflojado los esfínteres.

    El "consenso" alcanzado por el trío PSOE-SUMAR-PP para elegir a Isabel Perelló como presidenta del CGPJ  no puede ser interpretado de otra forma que como la recuperación de la dinámica tradicional  que ha existido desde 1978 para acá entre los bloques conservador y socialdemócrata en la  España postfranquista. En este sentido, la elección de Perelló no es símbolo de unidad ideológica, sino más bien una expresión del "toma y daca" que ha caracterizado al reparto de poder en las instituciones españolas durante las últimas décadas.

    En el caso del Consejo General del Poder judicial, tanto el sector conservador como el "progresista" han encontrado en Perelló una candidata aceptable para ambos, por su perfil "moderado". Es decir, por  su capacidad para conciliar  los intereses de las dos facciones que se disputan la Administración del aparato del Estado, comprometida en no  alinearse con ninguno de los dos vértices del espectro político del Régimen monárquico.

    Este tipo de consenso, en cualquier caso, no ha sido nunca una novedad en el sistema judicial español, un poder en el que la elección de altos cargos frecuentemente requiere filigranas y  "conchavos" más o menos inconfesables,  entre los dos partidos políticos que desde hace 45  años fueron designados por los poderes económicos para administrar la máquina del Estado.

    Perelló, con su perfil de "progresista moderada", es un ejemplo perfecto de cómo el sistema judicial es usado para legitimar este equilibrio. No se trata de una figura que vaya a revolucionar  el sistema ni que desafíe ningún poder establecido. Su elección ha sido diseñada para calmar las aguas revueltas de la judicatura, manteniendo el control en manos de aquellos que ya lo tienen.

    Este tipo de elecciones consensuadas entre conservadores y socialdemócratas no hace más que intentar perpetuar la "ilusión de cambio", mientras se asegura que las decisiones más importantes continúen estando bajo el control de una élite que no se verá afectada por los cambios superficiales.

   El consenso alcanzado para elegir a Isabel Perelló como presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, pues, hay que interpretarlo como la recuperación de la dinámica tradicional entre los bloques conservador y la socialdemocracia liberal en España, que se rompió efímeramente como efecto de la crisis del 2008 y la irrupción espontánea de la gente en las calles. En este sentido, la elección de Perelló es la expresión de la recuperación de los viejos compromisos que han caracterizado siempre el reparto de poder en las instituciones postfranquistas españolas.

       La elección de Isabel Perelló hay que verla, en suma, como una maniobra estratégica entre la   élite  socioliberal y la conservadora, no como el "avance progresista" que nos pretenden presentar determinados medios.  Su objetivo consiste en mantener un cierto equilibrio de poder en una judicatura como la española, donde las "reformas profundas" y el cuestionamiento de las estructuras de poder no tienen la más mínima cabida.

     Por tanto, este renovado  "consenso" no es más que un capítulo más en la larga historia de pactos contraídos bajo el Régimen del 78  que trata de asegurar que, en lo esencial, todo permanezca igual.