ZEROLO, Y EL RESTO DE CORRUPTOS DE LA TERESITAS", POSIBLES BENEFICIARIOS DE "LAS REBAJAS" POR MALVERSACIÓN

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

      La medida "progresista" del Gobierno de la Coalición  PSOE - Unidas Podemos de abaratar el delito de malversación amenaza con provocar verdaderos estragos, en beneficio de nuestros más conspicuos corruptos.

    Entre los condenados por corrupción que podrían verse ampliamente beneficiados por las rebajas de condenas, de acuerdo a la nueva legislación, se encuentran, nada más y nada menos que los condenados por el ‘pelotazo’ urbanístico de Las Teresistas, en Santa Cruz de Tenerife. Entre ellos, el ex alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo, y el ex edil de Urbanismo Manuel Parejo, condenados a siete años de prisión de prisión y a 17 años de inhabilitación absoluta.

UNO DE LOS MAYORES LATROCINIOS DE PATRIMONIO PÚBLICO COMETIDOS EN CANARIAS

   El caso de Las Teresitas es considerado, por razones objetivas, como uno de los mayores casos de corrupción de Canarias. Un Archipiélago donde, lamentablemente, no faltan causas de este tipo de la mayor magnitud.

   En este macropelotazo, el Ayuntamiento de la capital compró en 2001 a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González (que falleció en prisión) el frente de la playa por 52,5 millones de euros, a pesar de que el precio de tasación era de 19 millones.

   Por si ello no fuera suficiente, se descubrió que una parte de los terrenos comprados con este multimillonario desembolso del dinero de los contribuyentes ¡ya pertenecían al propio Consistorio!

   Durante años, Zerolo y el resto de los implicados en este latrocinio lograron "estirar" la causa judicial hasta ser finalmente condenados. Junto a las citadas condenas a Miguel Zerolo y Manuel Parejo, también fueron condenados el exgerente y el exsecretario de Urbanismo, José Tomás Martín González y Víctor Reyes, respectivamente, a cuatro años de cárcel y a más de diez años de inhabilitación absoluta, y los empresarios Plasencia y González, a cinco años y tres meses de prisión

   Además, la sentencia estableció que los seis procesados debían abonar al Ayuntamiento chicharrero 9,16 millones de euros y, de forma solidaria, las empresas Inversiones Las Teresitas, Promotora Punta Larga y Promotora La Victoria otros 52,58 millones, más intereses. El único hizo frente a esa deuda fue Antonio Plasencia, con la entrega al Consistorio chicharrero de dos edificios, uno situado en la Avenida Marítima y otro en la Avenida Tres de Mayo, que han sido adquiridos por el Gobierno de Canarias.

   En la actualidad, los condenados han conseguido el tercer grado y a los que se les estableció una pena de cuatro años de cárcel, el exgerente y el exsecretario de Urbanismo, apenas les quedan unos meses para que ésta finalice.

ESTUDIAN PEDIR QUE, ADEMÁS, SE "INDEMNICE" A LOS CORRUPTOS

   Ahora, según han anunciado las defensas de estos condenados, solicitarán la revisión de sus condenas tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal que, entre otros cambios, modifica el delito de malversación. Los abogados apuntan que  "podrían quedar en libertad y podría desaparecer la pena de inhabilitación".

   No contentos con ello, los letrados adelantan que se estudiará la posibilidad de solicitar una indemnización si existiese "responsabilidad patrimonial del Estado, por condenar por un delito que ya ha desaparecido con esta reforma".

   Fuentes de la defensa indican que la reforma del Código Penal los beneficia, tanto con respecto al delito de malversación como al de prevaricación, "porque no hubo ánimo de lucro en el manejo del dinero público".

     Los abogados pedirán la revisión y reducción de las penas de cárcel, "que podrían extinguirse".

   En cuanto a las penas de inhabilitación, consideran que con la nueva legislación impuesta por el Gobierno central "éstas desaparecerán seguro".

    "En el caso de los funcionarios, éstos podrán volver a sus puestos de trabajo, si así lo desean, y en el caso de los políticos, volver a ocupar puestos públicos", aseguran las citadas fuentes.

   Señalan que dicha situación también beneficiará a los condenados por el Caso Mamotreto. Relacionado con la construcción de un edificio de aparcamientos y locales comerciales junto a la playa y que ya fue derribado por orden judicial, pero solo con respecto a las penas de inhabilitación, ya que "las de cárcel ya han sido cumplidas".

   Al respecto de esta halagüeña perspectiva para todos los implicados en el mega escándalo de corrupción, el empresario Antonio Plasencia, uno de los condenados, manifestó que "Todo lo que sea positivo, bienvenido sea".

   ¿Se imagina el lector lo polvadera que se habría levantado si esto hubiera sido resultado de la legislación de un Ejecutivo del Partido Popular, en lugar de ser un producto del "Gobierno más progresista de la Historia"?