EL EJECUTIVO SE PERTRECHA LEGISLATIVAMENTE PARA "HACER FRENTE" A POSIBLES "CONTINGENCIAS SOCIALES"

POR M.MENAYA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-

   Lo que justamente provocan las situaciones "desesperadas" y extremas, como las se están empezando a vivir en Europa, es que los Gobiernos y  sus integrantes se ven obligados a fotografiarse tal y como realmente son. Y no como a ellos les gustaría  aparentar ser.

    Viene esta vieja certeza histórica a propósito del  hecho de que, en fechas  pasadas, el Pleno del Congreso aprobó con toda la premura que parecia urgir el momento, una reforma del Código Penal que, a partir de su conversión en ley, permitirá castigar con penas de hasta 18 meses de prisión a aquellos hambrientos e indigentes que se atrevan a hurtar alimentos en supermercados y en grandes superficies.

    A partir del incierto próximo invierno, si usted no tiene empleo ni fuentes económicas que le permitan sobrevivir, -un hecho ya insólitamente frecuente  ya en tiempos otoñales - de acuerdo con lo legislado por el Congreso, usted podrá disponer de varias opciones:

 A) Morirse de hambre.

 B) Suicidarse.

 C) Ir a un supermercado, apoderarse de una lata de leche condensada sin pasar por Caja  y, si lo atrapan, pasar 18 meses a la sombra, si esta fuera la segunda ocasión en la que usted hubiera sentido la delictiva adicción por comer.

    El objetivo de  esta reforma legislativa de la que, por cierto, ninguno de los Partidos que ahora la han aprobado nos  habían hablado sobre ella en su campaña electoral, es que a partir del crudo invierno que nos espera, el peso de la ley pueda caer rotundamente sobre aquellos que traten de saciar su apetito con productos sustraídos al efecto en supermercados o grandes superficies.

UNA LEY AMPLIAMENTE CONSENSUADA

     El proyecto de esta ley congresual, que había sido sigilosamente urdida por los representantes de la burguesía catalana del  PDeCAT y del PSOE, fue aprobado, finalmente, por  todo el arco de Partidos que sirven hoy de sostén parlamentario al "Ejecutivo más progresista de la historia de España". 

     O sea, con los votos de los  diputados del PSOE, de Unidas Podemos, de los muy "revolucionarios" de Esquerra de Cataluña, del PNV, del PDeCAT, Ciudadanos, y de los  "ni chicha ni limoná" de  "Más País", "Equo" y "Compromís".

    Curiosamente (¿) la "CUP" catalana y la "Bildu" vasca se abstuvieron prudentemente, como si el asunto careciera de claras connotaciones de clase. La abstención de estos últimos fue  paradójicamente  acompañada por las del PP y Vox.

     La verdad es que, en esta ocasión, la "progresía" se ha empleado a fondo en poner en practica su "política social". Y decimos esto porque, hasta ahora, los hurtos de mercancías inferiores a un valor de 400€ podían ser castigados sólo con una multa.  A partir del incierto y próximo invierno que se avecina, y ante el temor de que puedan ser avalanchas las que tengan semejante ocurrencia, los encausados por el deleznable delito de saciar el hambre podrán dar con sus huesos en "chirona",  de 6 a 18 meses.  Eso sí, siempre que no haya sido la primera  ocasión que hubieran intentado  "llenar el buche".

 
      Con un cinismo que congela la sangre, nuestra progresía institucional ha pretendido justificar el endurecimiento de las penas argumentando que el cambio legal permitirá "aumentar la capacidad intimidatoria y disuasoria del Código Penal, poniendo a disposición de las  Administraciones públicas  "potentes herramientas que sirvan para combatir la existencia de los pequeños hurtos de alimentos". Un argumento difícilmente creíble.  Con esta reforma legal nuestros "tránsfugas ideológicos" tratan de hacer lo mismo que en su día intentara Mariano Rajoy cuando, previendo que las turbulencias sociales generadas por la Crisis económica del 2008 pudiera comérselo por las piernas, promulgó la famosa "Ley Mordaza".  Una ley esta última que, por cierto, la progresía  diletante que en nuestro nombre ocupa las instituciones nos prometió en su campaña electoral que iba a derogar, aunque la flojera de sus esfínteres se lo volviera a impedir.

¿QUIéN MANDA REALMENTE EN LA "SALA DE MÁQUINAS" DEL "BARCO DEL ESTADO"?

      Ni que decir tiene que el posicionamiento de la "mayoría institucional" en relación con  la nueva ley, pone de manifiesto, una vez más, lo fácil que les ha resultado a lo largo de esta legislatura ponerse duros con los más débiles, pero también mearse por las "patas para abajo" a la hora de "tocarle las narices" a las grandes y todopoderosas empresas eléctricas,  que impunemente están poniendo  a los ciudadanos a un tris de la bancarrota.

   Y la verdad es que el hecho de puedan suceder estas cosas debiera de haber sido entendido ya por todos los currantes. En el poderoso barco del Estado "donde manda capitán, no manda marinero". Y a bordo de este navio en el que nos ha tocado navegar, nuestros "progres" de pacotilla, que vanidosamente presumen de controlar su sala de máquinas, no llegan a  alcanzar la categoría ni de simples grumetes.