PRIVATIZACIÓN Y FRAUDE: EL ESCÁNDALO DE EMALSA SACUDE LA GESTIÓN DEL AGUA EN LAS PALMAS

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    El juicio sobre el caso Emalsa, que investiga el desfalco de 23,4 millones de euros en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, ha sido aplazado hasta junio de 2025 debido a la baja médica de uno de los abogados defensores, José María Palomino, producida durante la primera sesión. 

   Este aplazamiento ha generado una nueva espera para que los tribunales puedan determinar la responsabilidad de 15 altos ejecutivos de las empresas privadas Saur y Valoriza, quienes controlaban Emalsa en el momento en que se cometieron las irregularidades. En este artículo, desgranaremos los antecedentes del caso, los implicados y, sobre todo, las lecciones que este escándalo puede aportar en el debate entre la gestión privada y la pública​.

Los Antecedentes del Caso: Privatización y Sombra de Corrupción

   Emalsa, la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria, fue privatizada parcialmente en 1992. Bajo el mandato de Emilio Mayoral Fernández, miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se produjo la controvertida privatización parcial de Emalsa, con la venta del 66% de las acciones a las empresas privadas privadas Saur (francesa) y Unelco.  Esta decisión seguía la tendencia neoliberal que dominaba en España durante los años 90, impulsada por el PSOE Felipe González,  bajo la promesa de que la gestión privada "sería más eficiente" y permitiría mejorar la infraestructura sin recurrir a los fondos públicos. El Partido Popular, que había anunciado en la campaña electoral de 1995 que devolvería Emalsa a la titularidad municipal, pasó a confirmar la privatización en favor de Unelco-Saur en 2001 y a amagar con la privatización total en 2003-2007.

  La realidad no tardaría en demostrar que, lejos de ser un beneficio para los ciudadanos de Las Palmas de G.C., la gestión privada degeneró en una serie de irregularidades financieras y administrativas que acabarían desembocando en el juicio que se dirime en la Audiencia Provincial de Las Palmas. 

    Entre los hechos investigados, la Fiscalía acusa a los directivos de las empresas privadas de Emalsa, y a otros socios, de apropiación indebida y administración desleal, al haber inflado presuntamente contratos y adjudicado obras sin concurso público a empresas vinculadas a ellos mismos. Uno de los ejemplos más polémicos es el contrato firmado con Sercanarias, una empresa vinculada a Saur y Valoriza, para el mantenimiento de la red de alcantarillado. Un acuerdo que fue aprobado en 2008 a pesar de la oposición del Ayuntamiento. Este contrato, según la Fiscalía, se adjudicó a precios inflados, causando un perjuicio económico a Emalsa valorado en más de 11 millones de euros​.

Los investigados

   Entre los 15 acusados en este caso se encuentran directivos de alto perfil de Saur, Valoriza y Satocan, algunos de los cuales ya han sido vinculados a otros escándalos empresariales en el pasado. Se sientan en el banquillo de los acusados seis altos cargos vinculados con Saur en las fechas investigadas. Entre ellos, su entonces presidente ejecutivo, Oliver Brousse, y su director financiero, Pierre José Claude, así como Gerard Thierry, que fue director general de Emalsa, o Guy Christian Fournier, que fue director técnico de la empresa mixta de aguas.

    José Luis Rubio Díaz de Tudanca y José Manuel Calderero, por su parte, formaron parte del denominado Comité de Gerencia de los accionistas privados, que tenía entre sus funciones la adjudicación de contratos de obras, servicios y suministros. Varios de ellos estaban también en el Consejo de Administración de Sercanarias, la filial que Saur y Valoriza crearon para adjudicarle sus propios contratos.

   Por la parte de Valoriza están acusados Pablo Abril Martorell, que también formaba parte de ese Comité de Gerencia y que fue presidente de Sercanarias en 2008; Laura Rivero Padrón, que fue durante dos años directora general de Emalsa y que antes y después se encargó de su dirección comercial y financiera; Jesús Blanco García, otro exdirector general de la compañía, además de consejero de Sercanarias, y José Luis Pérez Talavera.

  También era miembro del Consejo de Administración de Emalsa a través de Valoriza Juan Miguel Sanjuán Jover, presidente de Satocan, la constructora propietaria del edificio donde se ubica en la actualidad la sede de Emalsa. Por el contrato de alquiler de esa sede también se sientan en el banquillo José Julio Artiles Moragas, consejero delegado de Satocan, y un empleado de esta compañía, Pedro José Higuera Dávila.

   Por parte de Sercanarias, se sientan en el banquillo su presidente, Rafael González Bravo de Laguna, y un empleado, Alfonso Ignacio López Díaz de Tudanca.

    Estos ejecutivos controlaban Emalsa, y según la Fiscalía, aprovecharon su posición mayoritaria en la empresa para desviar fondos a sus propias compañías a través de contratos de servicios inflados, generando sobrecostos que se financiaban en parte con las tarifas pagadas por los ciudadanos y el erario público.

   La fiscal Evangelina Ríos ha solicitado condenas de hasta seis años de cárcel para trece de los acusados y penas de dos años y nueve meses para otros dos directivos relacionados con la empresa Satocan. Además, se les exige una indemnización conjunta de 23 millones de euros a Emalsa, que deberán pagar si son hallados culpables​.

Contratos inflados y beneficios privados

   Entre los contratos que han levantado más sospechas está el de alquiler de las oficinas de Emalsa, firmado con Satocan. Este contrato establecía un arrendamiento de 90.000 euros al mes, una cifra muy por encima del valor de mercado. La investigación reveló que las oficinas permanecieron vacías durante dos años después de firmarse el contrato y que actualmente solo se utilizan dos de las tres plantas alquiladas​.

  Otro contrato irregular fue el de mantenimiento de la red de alcantarillado, adjudicado a Sercanarias sin llevar a cabo un concurso público. Entre 2009 y 2012, Sercanarias facturó un exceso de 1,4 millones de euros, ya que no cumplió con los trabajos acordados, ejecutando solo el 10% de las tareas comprometidas.

  Estos sobrecostes, aunque inicialmente asumidos por Emalsa, se financiaban en parte con el dinero de los contribuyentes a través de las tarifas del servicio de agua.

El mito de la superioridad de la gestión privada

   Uno de los aspectos más reveladores del caso Emalsa es cómo pone en entredicho la supuesta superioridad de la gestión privada frente a la pública. Durante años, se ha sostenido que las empresas privadas, al tener incentivos económicos, gestionan los recursos de manera más eficiente. Sin embargo, el caso Emalsa, como otros tantos, muestra una vez más cómo el control privado puede derivar en prácticas corruptas que buscan maximizar beneficios a costa de los usuarios y de las arcas públicas.

   Según sostiene la fiscalía, la privatización parcial de Emalsa no solo no mejoró el servicio ni redujo los costos, sino que permitió que las empresas privadas desviaran fondos y adjudicaran contratos a precios inflados. Las privatizaciones dan lugar a una priorización del beneficio privado por encima del interés común, desvirtuando la verdadera misión de servicios esenciales como el agua, que debería gestionarse en función de las necesidades de la población y no del lucro​.

Impacto en los ciudadanos: Un fraude pagado con dinero público

   Huelga decir que el daño económico causado por las irregularidades en Emalsa no solo afecta a la empresa, sino que, en última instancia, repercute en los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Los sobrecostes y el presunto desfalco de millones de euros afecta a fondos que, en teoría, debería haberse utilizado para mejorar la infraestructura de agua potable, reducir las tarifas o asegurar un mejor servicio. En cambio, este dinero fue desviado hacia las cuentas de empresas privadas, dejando a los ciudadanos como principales perjudicados​.

   Además, el Ayuntamiento de Las Palmas, que ostenta el 34% de las acciones de Emalsa, ha sido criticado por su inacción durante años frente a estas irregularidades. Aunque el caso fue denunciado inicialmente por el exalcalde Juan José Cardona (PP) en 2012, los distintos gobiernos locales no han actuado con la rapidez o contundencia necesarias para proteger los intereses de la población. Las críticas también se extienden a la falta de propuestas serias para la remunicipalización de Emalsa, una medida que, según algunos partidos de la oposición, podría devolver el control del agua a manos públicas y evitar futuros fraudes​.

   El caso Emalsa es un claro ejemplo de cómo la privatización parcial de servicios esenciales puede derivar en corrupción y mala gestión, afectando directamente a los ciudadanos. Mientras que los defensores de la gestión privada sostienen que es más eficiente, este caso demuestra que las empresas privadas ponen sus intereses por encima de la prestación de un servicio a la ciudadanía que deberían garantizar las instituciones públicas. Al mismo tiempo, vuelve a poner en evidencia la importancia de una gestión pública fuerte y transparente, especialmente en sectores tan esenciales como el suministro de agua, para asegurar que los recursos se utilicen en beneficio de la comunidad, y no para el enriquecimiento de unos pocos​.

El Tiempo: Aliado de la ompunidad en los casos de corrupción

   El caso Emalsa también podría volver a mostrar cómo la  lentitud de los procesos judiciales en casos de corrupción a menudo se traducen en la impunidad de los corruptos.  Han pasado casi doce años desde que comenzaron a investigarse los hechos y, aunque la instrucción judicial concluyó hace más de cuatro años, el juicio no comenzará hasta junio de 2025. Este retraso demuestra cómo los plazos de la justicia parecen, a menudo, jugar a favor de quienes están en el poder o tienen los recursos suficientes para afrontar largos litigios​.

   A esta demora inicial, ¡de 16 años!, se le suman las posibilidades de recurrir las sentencias, una vez que se dicten. Los imputados, todos ellos directivos con importantes recursos económicos y acceso a la mejor defensa legal, podrán apelar a instancias superiores, lo que puede prolongar el proceso varios años más. Si el Tribunal emite un fallo adverso en 2025, las partes implicadas tienen el derecho de recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y en última instancia, al Tribunal Supremo. Este escenario, aunque legítimo dentro del marco legal, podría prolongar la ejecución de una sentencia firme un número indefinido de años.

   Estos plazos no son excepcionales en macroprocesos de corrupción, donde la gran cantidad de documentación, peritajes y testimonios, sumada a la capacidad de las defensas para recurrir a instancias superiores, permite que los procesos se alarguen por años. Como es sabido, en no pocos casos esta lentitud deriva en que los imputados nunca lleguen a cumplir las penas o a devolver lo sustraído, dado el prolongado recorrido judicial​  En muchos de estos procesos el tiempo se convierte en el principal aliado de la impunidad.

 Mientras tanto, los ciudadanos, que esperan justicia por el saqueo de fondos públicos, ven cómo los mecanismos legales pueden llegar a frustrar la resolución  de casos que afectan directamente al interés común​.