UN FONDO BUITRE DEJA EN LA CALLE A UNA MADRE EN COMA Y A SUS DOS HIJAS EN TENERIFE

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   El pasado viernes 19 de febrero los colectivos sociales la Plataforma 29E y El Pueblo Tiene Hambre, de la isla de Tenerife, presentada una denuncia en la sede del diputado del Común por "el aluvión de desahucios a familias precarias que se vienen preparando en Tenerife a manos de fondos buitre".

 Representantes de ambas plataformas y  afectados por esta situación expusieron al diputado del Común, Rafael Llanes,  la gravedad del problema.

 Ahora, estos colectivos denuncian la consecución dramática de uno de estos desahucios. Una familia de San Isidro, en Granadilla de Abona, integrada por una madre y dos hijas, con un alquiler social de Servihabitat desde hace 3 años.

 "En enero de 2021 - explican - recibieron una comunicación del juzgado para abonar una cantidad pendiente que se adeuda de alquiler, advirtiendo a la madre que en caso de no abonar dicha cantidad en el plazo indicado se procederá al lanzamiento judicial con fecha 18 de febrero".

 "La madre abonó lo que se le pedía, entendiendo que así el asunto quedaba solucionado, ya que desde la entidad, un fondo buitre al que Servihabitat ha vendido la casa, se les comunicó que ellos se encargarían de avisar al juzgado".

   Sin embargo, la comunicación al jugado no se produjo y el 18 de febrero se personaron en la vivienda para ejecutar el lanzamiento.

   Producto de la impresión y el miedo la madre, diabética, sufrió una subida de azúcar, perdió  el conocimiento y se golpeó la cabeza al caer quedando en coma.

   Según ha denunciado  la familia afectada, "en ese instante procedieron a cambiar la cerradura y sellar la puerta, sin pensar en lo que acababa de ocurrir, dejando a una de sus hijas menor de edad en la calle sin asistencia y sin tan siquiera poder acceder a la casa para recoger sus pertenencias".

   Ante esta flagrante vulneración de los derechos humanos más básicos, la Plataforma 29E y El Pueblo Tiene Hambre se cuestiona

  "¿por qué no se respetó el Real-Decreto vigente que establece la prohibición de ejecutar desahucios hasta el 9 de mayo si se cumplen unas condiciones que la familia sin duda cumple?, ¿dónde estaban los Servicios Sociales?, ¿cuál fue la actuación de la policía durante el suceso? ¿Qué va a ocurrir ahora?, ¿qué será lo próximo que veremos? y ¿qué clase de sociedad permite esto?".

"Tras sucesos tan horribles y dramáticos como los que estamos denunciando -sostienen -  entendemos que es más urgente que nunca que la emergencia habitacional que sufre Canarias sea puesta como prioritaria en el debate social y político en el Archipiélago, para lo que avanzamos algunas de nuestras propuestas, que ya remitimos en días pasados al Diputado del Común".

 Los dos colectivos sociales reclaman, igualmente:

 -Que las Administraciones Públicas canarias tomen partido explícito por la regularización de la situación habitacional de todas las familias afectadas por procesos de desahucio o desalojo en precario afectadas por los requisitos que establece el Real Decreto-Ley 37/2020 de 22 de diciembre.

 - Que se ponga freno a la mala praxis y las presuntas irregularidades que se observan en las actuaciones de fondos buitre, entidades financieras y empresas y administraciones públicas como Visocan o el Instituto Canario de la Vivienda.

 - Que se promuevan las condiciones necesarias para que nuestras Administraciones Públicas firmen acuerdos de alquiler social con entidades bancarias y similares.

-Que a tenor de las prácticas abusivas y exentas de escrúpulos de los fondos buitre, comiencen las Administraciones Públicas de Canarias a retirar sus depósitos y operaciones económicas de las entidades financieras que mantengan fondos buitre o lleven a cabo prácticas especulativas tan contrarias a la ética y al bien común como las que estamos viendo en Tenerife.

-Que se establezca desde nuestras Administraciones Públicas una subida del IBI a fondos buitre y otros grandes tenedores de vivienda con fines puramente lucrativos, para ponerlos en situación de liberar casas para alquiler social y evitar al tiempo una especulación desmedida.