Títulos académicos: esos codiciados signos de distinción
En estos días se está celebrando en la Audiencia de Madrid el juicio por la presunta falsificación del Trabajo de Fin de Master -y el correspondiente título-, que la Universidad pública de Madrid, Rey Juan Carlos, expidió a la ex-presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, del Partido Popular.
Por TITA BARAHONA / REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Este turbio asunto del regalo del Máster a la ex-presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, suscita algunas preguntas: ¿Cómo es posible que una Universidad pública se implique en falsificar títulos académicos?¿Vale la pena arriesgar la carrera política por obtener un máster? ¿Qué efecto mágico tienen los máster y otros títulos universitarios para ser tan codiciados? ¿Qué agravio comparativo supone regalar títulos a políticos mientras muchos estudiantes deben pasar pruebas durísimas -y no me refiero sólo a exámenes y trabajos- para conseguirlos?
De un tiempo a esta parte vemos cómo va calando cada vez más la idea clasista de que alguien que no posea un título universitario está descalificado para ejercer la política
La Universidad Rey Juan Carlos fue producto de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 1983, recién ascendido el PSOE al gobierno central. Esta norma dio vía libre a la creación de nuevas universidades públicas y privadas en las distintas Comunidades Autónomas. En la de Madrid, Gregorio Peces Barba (del PSOE y uno de los llamados “padres de la Constitución”) promovió ese mismo año la creación de la Universidad pública Carlos III, que vino a añadirse a las ya existentes Autónoma y Complutense.
En 1996, con José María Aznar en la presidencia del gobierno, el Partido Popular, que también gobernaba en la Comunidad de Madrid, no quiso ser menos y fundó la Universidad Rey Juan Carlos, en cuya nómina docente figuran hoy conocidos ultraliberales como Francisco Marhuenda, director del diario La Razón, o el economista Jesús Huerta de Soto.
En su breve historia, este centro público madrileño se ha visto envuelto en una serie de escándalos, como es de todos conocido. A principios de 2017, su rector, Fernando Suárez Bilbao -hijo de un famoso catedrático de Historia- se vio obligado a dimitir por sospechas de haber plagiado su tesis doctoral.
Inadvertidamente, esta idea parece haber calado asimismo en ambientes ajenos a la política institucional. Hoy es raro ver un debate feminista, por ejemplo, sin que a Fulanita se la presente como socióloga, a Menganita como jurista o a Sultanita como filósofa
Al año siguiente, la prensa destapó una serie de irregularidades que incluían el regalo del Máster a la ex-presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; la expedición entre 2014 y 2015 de Grados en Criminología a 200 policías tras abonar 3.000 euros cada uno; el trato de favor otorgado a Pablo Casado, presidente del Partido Popular, en otro Máster que aprobó sin asistir a clase ni hacer ningún examen, siendo imputado por delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio; la no aprobación de las cuentas de la Universidad por su Consejo Social, al hallar conceptos insuficientemente justificados; y la expedición de otro Máster irregular a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, cuando era diputada y portavoz de Igualdad del PSOE.
Todo parece indicar que, en las sociedades contemporáneas, los títulos académicos son un signo de distinción, prestigio y autoridad comparables a lo que en el pasado hispánico fueron los títulos nobiliarios o esos hábitos de las órdenes militares que todo individuo acaudalado pero no noble ansiaba obtener, aunque fuera falsificando su árbol genealógico. La misma función cumplía -y cumple- en el mundo británico llevar las iniciales MP (Member of Parliament) tras el nombre.
De un tiempo a esta parte vemos cómo va calando cada vez más la idea clasista de que alguien que no posea un título universitario está descalificado para ejercer la política. En 2015, durante la campaña electoral para el Ayuntamiento de Madrid, la candidata del PP, Esperanza Aguirre, para descalificar a su contrincante de Izquierda Unida, Raquel López, le espetaba lo siguiente: “me he enterado de que usted no tiene estudios”.
Al parecer, hemos olvidado que existen personas autodidactas interesadas en algún tema particular sobre el cual se han instruido sobradamente, o poseen larga experiencia en una área concreta de actividad
Inadvertidamente, esta idea parece haber calado asimismo en ambientes ajenos a la política institucional. Hoy es raro ver un debate feminista, por ejemplo, sin que a Fulanita se la presente como socióloga, a Menganita como jurista o a Sultanita como filósofa. Lo mismo ocurre en foros de discusión, jornadas, congresos y otros eventos dirigidos al público, donde el nombre de los ponentes va siempre acompañado de los títulos académicos o políticos que posean, como para indicar que están autorizados para hablar del tema de que se trate.
En estas circunstancias, quienes no poseen títulos universitarios, aunque sí sobrados conocimientos en una materia concreta, se ven disuadidos a tomar la palabra. Y, por otro lado, quienes organizan debates, jornadas, etc., ni los llaman ni los esperan. Al parecer, hemos olvidado que existen personas autodidactas -porque no han tenido oportunidad o los medios para cursar estudios universitarios-, interesadas en algún tema particular sobre el cual se han instruido sobradamente, o poseen larga experiencia en una área concreta de actividad, que pueden llegar a hablar incluso con mayor conocimiento y autoridad que una persona titulada.
Hoy, además, con la situación de deterioro en que se halla la Universidad, donde se da más valor a la cantidad de publicaciones que a la calidad de las mismas, donde muchos estudiantes brillantes sufren a profesores mediocres -los buenos cada vez son más excepción-, una institución que se ha convertido en una mera empresa expendedora de títulos previo pago, tener un título académico no es garantía completa de competencia y sabiduría. No hay más que escuchar a ciertos personajes de nuestro entorno político y académico para comprobarlo. Pero este es un tema que merece un desarrollo más amplio.
Por TITA BARAHONA / REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Este turbio asunto del regalo del Máster a la ex-presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, suscita algunas preguntas: ¿Cómo es posible que una Universidad pública se implique en falsificar títulos académicos?¿Vale la pena arriesgar la carrera política por obtener un máster? ¿Qué efecto mágico tienen los máster y otros títulos universitarios para ser tan codiciados? ¿Qué agravio comparativo supone regalar títulos a políticos mientras muchos estudiantes deben pasar pruebas durísimas -y no me refiero sólo a exámenes y trabajos- para conseguirlos?
De un tiempo a esta parte vemos cómo va calando cada vez más la idea clasista de que alguien que no posea un título universitario está descalificado para ejercer la política
La Universidad Rey Juan Carlos fue producto de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 1983, recién ascendido el PSOE al gobierno central. Esta norma dio vía libre a la creación de nuevas universidades públicas y privadas en las distintas Comunidades Autónomas. En la de Madrid, Gregorio Peces Barba (del PSOE y uno de los llamados “padres de la Constitución”) promovió ese mismo año la creación de la Universidad pública Carlos III, que vino a añadirse a las ya existentes Autónoma y Complutense.
En 1996, con José María Aznar en la presidencia del gobierno, el Partido Popular, que también gobernaba en la Comunidad de Madrid, no quiso ser menos y fundó la Universidad Rey Juan Carlos, en cuya nómina docente figuran hoy conocidos ultraliberales como Francisco Marhuenda, director del diario La Razón, o el economista Jesús Huerta de Soto.
En su breve historia, este centro público madrileño se ha visto envuelto en una serie de escándalos, como es de todos conocido. A principios de 2017, su rector, Fernando Suárez Bilbao -hijo de un famoso catedrático de Historia- se vio obligado a dimitir por sospechas de haber plagiado su tesis doctoral.
Inadvertidamente, esta idea parece haber calado asimismo en ambientes ajenos a la política institucional. Hoy es raro ver un debate feminista, por ejemplo, sin que a Fulanita se la presente como socióloga, a Menganita como jurista o a Sultanita como filósofa
Al año siguiente, la prensa destapó una serie de irregularidades que incluían el regalo del Máster a la ex-presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; la expedición entre 2014 y 2015 de Grados en Criminología a 200 policías tras abonar 3.000 euros cada uno; el trato de favor otorgado a Pablo Casado, presidente del Partido Popular, en otro Máster que aprobó sin asistir a clase ni hacer ningún examen, siendo imputado por delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio; la no aprobación de las cuentas de la Universidad por su Consejo Social, al hallar conceptos insuficientemente justificados; y la expedición de otro Máster irregular a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, cuando era diputada y portavoz de Igualdad del PSOE.
Todo parece indicar que, en las sociedades contemporáneas, los títulos académicos son un signo de distinción, prestigio y autoridad comparables a lo que en el pasado hispánico fueron los títulos nobiliarios o esos hábitos de las órdenes militares que todo individuo acaudalado pero no noble ansiaba obtener, aunque fuera falsificando su árbol genealógico. La misma función cumplía -y cumple- en el mundo británico llevar las iniciales MP (Member of Parliament) tras el nombre.
De un tiempo a esta parte vemos cómo va calando cada vez más la idea clasista de que alguien que no posea un título universitario está descalificado para ejercer la política. En 2015, durante la campaña electoral para el Ayuntamiento de Madrid, la candidata del PP, Esperanza Aguirre, para descalificar a su contrincante de Izquierda Unida, Raquel López, le espetaba lo siguiente: “me he enterado de que usted no tiene estudios”.
Al parecer, hemos olvidado que existen personas autodidactas interesadas en algún tema particular sobre el cual se han instruido sobradamente, o poseen larga experiencia en una área concreta de actividad
Inadvertidamente, esta idea parece haber calado asimismo en ambientes ajenos a la política institucional. Hoy es raro ver un debate feminista, por ejemplo, sin que a Fulanita se la presente como socióloga, a Menganita como jurista o a Sultanita como filósofa. Lo mismo ocurre en foros de discusión, jornadas, congresos y otros eventos dirigidos al público, donde el nombre de los ponentes va siempre acompañado de los títulos académicos o políticos que posean, como para indicar que están autorizados para hablar del tema de que se trate.
En estas circunstancias, quienes no poseen títulos universitarios, aunque sí sobrados conocimientos en una materia concreta, se ven disuadidos a tomar la palabra. Y, por otro lado, quienes organizan debates, jornadas, etc., ni los llaman ni los esperan. Al parecer, hemos olvidado que existen personas autodidactas -porque no han tenido oportunidad o los medios para cursar estudios universitarios-, interesadas en algún tema particular sobre el cual se han instruido sobradamente, o poseen larga experiencia en una área concreta de actividad, que pueden llegar a hablar incluso con mayor conocimiento y autoridad que una persona titulada.
Hoy, además, con la situación de deterioro en que se halla la Universidad, donde se da más valor a la cantidad de publicaciones que a la calidad de las mismas, donde muchos estudiantes brillantes sufren a profesores mediocres -los buenos cada vez son más excepción-, una institución que se ha convertido en una mera empresa expendedora de títulos previo pago, tener un título académico no es garantía completa de competencia y sabiduría. No hay más que escuchar a ciertos personajes de nuestro entorno político y académico para comprobarlo. Pero este es un tema que merece un desarrollo más amplio.
