SE EXTIENDE LA PANDEMIA DE CRÍMENES POLÍTICOS EN COLOMBIA

Por JOSÉ MELQUIADES PARA CANARIAS SEMANAL. ORG.-

     Un nuevo crimen con ribetes políticos se suma al cómputo de víctimas fatales por su desempeño en el amplio campo de la lucha y el activismo político en Colombia.

    De acuerdo con información de fuentes gubernamentales colombianas, tres personas -entre ellas una hermana de un líder social asesinado en abril pasado- fueron tiroteadas el pasado sábado por desconocidos que irrumpieron en una finca de la localidad colombiana de Mercaderes, en el departamento del Cauca.

    Según declaraciones del alcalde de Mercaderes, Fernando Díaz Salamanca, a la agencia EFE, un dato llamativo del triple homicidio ocurrido en la noche del viernes, el mismo se producía en el mismo sitio en el que el pasado 29 de abril fueron masacrados Álvaro Narváez Daza; su esposa, María Delia Daza Rodríguez; su hijo Cristian Narváez Daza, y una nieta llamada Jenny Katherine López Narváez.

    "[…] nuevamente hombres armados irrumpieron en la vivienda y esta vez las víctimas fueron la hermana del líder asesinado, la hija de la mujer y su compañero sentimental", detalló el alcalde.

   Si bien el departamento del Cauca clasifica como uno de los departamentos colombianos más golpeados por los crímenes de carácter político del país neogranadino, en Colombia han sido asesinadas las 278 personas que han resultado muertas en las 70 masacres perpetradas en lo que va del año, según el Observatorio Independiente de Violencia (Indepaz).

    La retórica gubernamental –replicada por los medios hegemónicos-  señala como principales responsables a Guerrilleros del ELN, grupos armados de origen paramilitar, bandas de narcotraficantes y rebeldes que se apartaron de los acuerdos de paz firmados por las FARC que –supuestamente- se disputan las más de 17.000 hectáreas de hoja de coca sembradas en Cauca.

    Sin embargo, lo cierto es que sí se puede determinar con suficiente evidencia histórica que hay quienes se lucran profusamente con esta guerra contra el activismo político. Sobre todo quienes desde el Gobierno se niegan a devolver los 8 millones de hectáreas de tierras “malhabidas”, claves para una reforma agraria por hacer en Colombia.

    Para hacerse una idea de la complicidad Estatal en la mayoría de matanzas, ejecutadas por  organizaciones financiadas por el narcotráfico que produce y exporta la cocaína a través del Pacífico hacia Centroamérica y Estados Unidos basta señalar un dato revelador: hace ocho años se conocía la autoría de crímenes en el 80% de los casos, en la actualidad la tendencia se invierte totalmente: en el 80% de ellos se desconoce quién está detrás.

   Y un detalle más al respecto. En la mayoría de los “casos resueltos”, solo se llega hasta los autores materiales, pero jamás se identifican las estructuras que están detrás de estos crímenes.