6.584 CANARIOS ACAPARAN UN FABULOSO PATRIMONIO DE 23.000 MILLONES DE EUROS

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

     El anuncio del Gobierno de Andalucía, regido por el Partido Popular, sobre su decisión de suprimir el impuesto al patrimonio, siguiendo el ejemplo de Madrid, ha desatado una polémica que, si bien está siendo utilizada tanto por el PSOE como por el propio PP con una motivación puramente electoral, ha vuelto a sacar a la palestra la iniquidad de un sistema que hace recaer el peso de la carga fiscal en los asalariados y trabajadores autónomos, mientras ofrece múltiples vías para la elusión fiscal a las grandes fortunas y empresas.

     Y es que mientras la inflación incontrolada, que estimula la propia estrategia bélica de la UE contra Rusia, está empobreciendo a ritmo vertiginoso al grueso de la población  del Archipiélago, incrementando de forma desmedida los impuestos directos al consumo de productos básicos, los multimillonarios cuentan, entre otros muchos, con instrumentos tales como las llamadas SICAV - Sociedades de Inversión de Capital Variable - implementadas en 1985 por el gobierno de Felipe González y de su ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, cuya finalidad última fue permitir que los más ricos sólo  tuvieran que tributar el 1% en el Impuesto de Sociedades.

     Y es que lejos de lo que podrían sugerir los rifirrafes interpartidarios que se escenifican en las vistosas galerías de las instituciones,  la verdad pura y dura es que las rebajas fiscales a las empresas no han sido, ni mucho menos, un patrimonio programático exclusivo del Partido Popular. En ese trayecto político, el PP  siempre se ha visto acompañado por el PSOE, su hermano gemelo en la aplicación de políticas neoliberales .

     Con la misma justificación que en su día esgrimió Felipe González para sacarse de la manga las SICAV, argumentando que de lo que se trataba era de intentar "fomentar la inversión" e "impedir la fuga de capitales", el propio presidente Rodríguez Zapatero ya se permitió eliminar el impuesto al patrimonio en el año 2007 - para luego recuperarlo  en el 2011 -  estableciendo además en el año 2010, una rebaja fiscal en el Impuesto de Sociedades, que contribuyó a disminuir sensiblemente la recaudación pública procedente de las rentas del capital.

     Pero, ¿cuántos serán los beneficiados por una medida como la que ahora pretende imponer, nuevamente, el Partido Popular en las Comunidades en las que gobierna?

       Por utilizar el ejemplo más cercano, que podría extrapolarse de forma aproximada al resto del Estado,  bastaría con señalar que en Canarias, -según los datos de la de la Agencia Tributaria-, el impuesto al Patrimonio afecta tan solo a unas 6.584 personas, que concentran la friolera de 23.000 millones de euros en bienes.

     La recaudación de esta tasa en Canarias asciende a 32 millones de euros, razón por la cual el  generoso Gobierno Autónomo progresista ya  se ha permitido anunciar que no tratándose de una cantidad importante, los isleños multimillonarios  no se verán exonerados de este gravamen, minúsculo en comparación con otras rebajas fiscales que éstos disfrutan, como la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC).

      Los datos indican que de los 6.584 contribuyentes ricos, 5.768 hicieron la declaración de este impuesto y pagaron una media de 5.618 euros por la propiedad de los bienes que poseen. Los declarantes empiezan a pagar a partir del millón de euros, porque la vivienda habitual tiene una exención de 300.000 euros y el resto de sus bienes de 700.000.

      Otra muestra más de que la supuesta progresividad del sistema fiscal español -es decir, quienes más tienen más pagan – no parece ser mucho más que un simple lema publicitario, muy similar  a aquel otro que se atreve a asegurar que  "Hacienda somos todos".