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Lunes, 11 de Julio de 2022 Tiempo de lectura:

EL LOBBY SIONISTA DE EE.UU PRESIONA PARA QUE LA ONU NO INVESTIGUE LOS CRÍMENES DE ISRAEL

El dinero del AIPAC, el mayor lobby sionista en EE.UU, compra voluntades en las altas instancias

El American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), el poderoso lobby sionista de Estados Unidos, está maniobrando para que no lleguen a puerto las pesquisas de la Comisión de Investigación de la ONU sobre la violación de derechos humanos en la Palestina ocupada y no se acuse a Israel del asesinato de la periodista Shireen Abu Akleh, perpetrado en mayo de este año en Jenin (Cisjordania).

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   Por CLARA LÓPEZ GONZÁLEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 

 

   Informa Jessica Buxbaum, periodista radicada en Jerusalén que escribe para los medios MintPress News y Middle East Eye entre otros, cómo el American Israel Public Affairs Committee (AIPAC en adelante), el poderoso lobby sionista de Estados Unidos, está operando para que no lleguen a puerto las pesquisas de la Comisión de Investigación de la ONU sobre los territorios de Palestina ocupados por Israel.

 

 

   De hecho, el AIPAC está logrando que algunos miembros del Congreso de EE.UU apoyen propuestas de ley para abolir dicha Comisión (COI por sus siglas en inglés). Una de ellas es la llamada COI Elimination Act.

 

 

   Estas propuestas de ley no solo pretenden dar al traste con la investigación de la ONU, sino que también contemplan restringir en un 25% la financiación de EE.UU al Consejo de Derechos Humanos, ya que, según AIPAC, este y otros organismos internacionales presentan “sistemáticos sesgos anti-israelíes”.

 

 

   La investigación de la ONU, aprobada por una mayoría de los Estados miembros del Consejo y la Asamblea General, se abrió a raíz de los ataques de Israel a Gaza y la ocupada Jerusalén oriental en mayo de 2021, con el objetivo de determinar las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en ese período. Ya se ha publicado un primer informe, que EE.UU, Israel y otros 19 países, incluido Reino Unido, han condenado.

 

 

   En la sesión, celebrada en Ginebra, donde se debatía este primer informe, el delegado estadounidense en el Consejo de Derechos Humanos, Michèle Taylor, dijo: “Creemos que la naturaleza del COI establecida el pasado mayo es una prueba más de la desproporcionada atención dada a Israel en el Consejo y debe parar”.

 

 

   El Departamento de Estado también es contrario a que se investiguen los probables crímenes de Israel en la Palestina ocupada. Su portavoz, Ned Price, lo expresaba así:

 

 

   “Nos oponemos firmemente a la vaga definición de la Comisión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de Israel, Cisjordania y Gaza, que representa un enfoque unilateral, sesgado, que no ayuda a avanzar la expectativa de paz”.

 

 

   Según el medio Jewish Insider, el AIPAC ha pasado el mes presionando en Capitol Hill para que haya más miembros del Congreso que apoyen el COI Elimination Act. Sus intentos parecen haber tenido éxito, ya que casi 40 diputados firmaron la norma propuesta durante las pasadas dos semanas.

 

 

   El historiador Walter L. Hixson, especializado en las relaciones exteriores de EE.UU, dijo en una entrevista con MintPress News que estamos ante “un nuevo intento del AIPAC de demonizar a la ONU para obscurecer las acciones crueles e inhumanas en Israel-Palestina, y negar la naturaleza de apartheid del Estado”.

 

 

   Hixon explicó que el AIPAC presiona a los miembros del Congreso a través de su influencia económica:

 

 

   “Es lo de siempre. Les hacen saber que quienes les apoyan recibirán la ayuda del AIPAC y quienes se les oponen pueden esperar que en la siguiente campaña sus oponentes sean financiados por el AIPAC”.

 

 

   Pero, además -añadió Hixson- “por desgracia, hay muchos miembros del Congreso que son fáciles de convencer, ya que están carentes de principios, temerosos y enganchados a la línea del AIPAC”.

 

 

   Durante su última ronda en Capitol Hill, el AIPAC también ha hecho presión sobre otros temas, como la ayuda militar a Israel y la carta del Senado -que ellos rechazan- en la que se pedía al gobierno de EE.UU que investigara el asesinato de la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh.

 

 

   Sobre este último asunto, los argumentos del AIPAC, enviados a los diputados y publicados en periódico israelí Haaretz decían:

 

 

   “Las circunstancias en torno a la muerte de la señora Abu Akleh permanecen poco claras a pesar de las apresuradas conclusiones de varios medios”, mientras que la carta “implica tanto la culpabilidad como la incapacidad de Israel para llevar a cabo una investigación objetiva y profunda del incidente”.

 

 

   La Oficina de Derechos Humanos de la ONU se pronunció el pasado 24 de junio sobre esta muerte:

 

 

   “Toda la información que hemos recogido (…) es coherente con el hallazgo de que los disparos que mataron a Abu Akleh e hirieron a su colega Ali Sammoudi provinieron de las Fuerzas de Seguridad de Israel y no de disparos indiscriminados de palestinos armados, como inicialmente sostuvieron las autoridades israelíes”.

 

 

   Pero el AIPAC todavía reina en EE.UU. El Departamento de Estado ha emitido un informe en el que afirma que, según sus investigaciones, no se puede determinar con claridad el origen de la bala que mató a la periodista, que probablemente fuera una de las Fuerzas de Defensa de Israel, pero no fue intencional y expresan sus condolencias a la familia de Abu Akleh.

 

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   Periodistas sin Fronteras ha dicho que estas conclusiones son opacas e incomprensibles. Y la familia de la periodista ha acusado a Biden de “traición” y ha exigido a su administración que les dé acceso a toda la información que han manejado para emitir el informe.

 

 


 

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