
LA CONSEJERÍA DE NOEMÍ SANTANA: DEL "CAOS", AL ATASCO PERPETUO DE LAS AYUDAS SOCIALES
Los sindicatos del Comité de Empresa denuncian la situación y advierten sobre los rumores de privatización
El pasado lunes los sindicatos IC, Comisiones Obreras, Speca y Co.Bas denunciaban que existe una situación de "atasco" en la concesión de las principales ayudas sociales que debe presentar la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno autónomo, dirigida por Noemí Santana, como la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los carnets de familia numerosa o la prestación por dependencia (...).
Por EUGENIO FERNÁNDEZ / REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El pasado mes de octubre, el sindicato soberanista Intersindical Canaria denunciaba la existencia de una situación de auténtico "caos" en la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno autónomo, dirigida por Noemí Santana (Podemos), como consecuencia de las medidas adoptadas por la consejera.
Según esta organización sindical, decisiones tales como "ordenar que los trabajadores dejen de realizar las tareas administrativas que llevan más de 15 años realizando, para desempeñar otras tareas", "habían propiciado "una enorme desorganización, tanto a niveles organizativos como de gestión de los servicios públicos y ayudas públicas que recibe la ciudadanía".
El sindicato afirmaba, igualmente, que en la Consejería "no existe personal suficiente, ni medios materiales para cumplir los requisitos que exige la Ley de Servicios Sociales de Canarias, dejando en indefensión a una parte importante y socialmente sensible de la sociedad canaria".
El pasado lunes, el Comité de Empresa de la provincia de Las Palmas - integrado por IC, Comisiones Obreras, Speca y Co.Bas- se volvía a pronunciar públicamente, para denunciar que, en este momento, existe un "atasco en la tramitación de los expedientes pendientes de resolución, para la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los carnets de familia numerosa o el reconocimiento de la dependencia".
Según estos sindicatos, aunque la situación a este respecto ya era muy negativa con el anterior Ejecutivo de CC, ésta aún ha empeorado tras la llegada del nuevo cuatripartito y el equipo encabezado, en esta consejería, por Noemí Santana.
LOS DATOS DE LA DESASISTENCIA QUE SUFREN LOS CANARIOS
Según los datos aportados por las organizaciones sindicales, las nuevas solicitudes de pensiones no contributivas que se realizan en el Archipiélago tardan cerca de un año en resolverse, a pesar de que la normativa establece que este trámite debe realizarse en un máximo de tres meses.
En las pensiones de invalidez se está tardando hasta 18 meses solo para citar a los beneficiarios para ser valorados, mientras que la expedición del carnet de familia numerosa puede retrasarse hasta un año.
En el caso del reconocimiento de la dependencia y la discapacidad, el periodo que se estima para que la ayuda llegue a los solicitantes - según el comité de empresa- es de hasta tres años.
Junto a las decisiones desacertadas de la consejería previamente señaladas, los sindicatos denuncian que esta situación, arrastrada de anteriores legislaturas y ahora agravada, no se podrá paliar sin contratar a más personal.
En este sentido, los sindicatos critican que la Consejera de Unidas-Podemos ha continuado aplicando la misma política que anteriormente implementara Coalición Canaria. La contratación de personal eventual para poner en marcha "planes de choque" que -dicen - "siguen sin solucionar el problema de fondo en el departamento".
"Lo que se requiere de manera urgente -apuntan - es que se incremente la plantilla de manera estable, para que se puedan sacar adelante los expedientes, ya que el personal de "choque" es contratado solo por unos meses y luego no se le renueva".
Así las cosas, los sindicatos "ponen en duda" que puedan llevarse a la práctica los planes anunciados por el Ejecutivo regional de alcanzar a unas 9.000 nuevas personas con la Prestación Canaria de Inserción o poner en marcha la anunciada "Renta Canaria de Ciudadanía".
¿CON LA AMENAZA DE UNA PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA?
Los representantes del personal laboral advierten, finalmente, sobre una suerte de globo sonda, lanzado desde la Consejería, relativo a la posible creación de un ente que podría suponer la privatización del servicio que ésta presta.
Los cuatro sindicatos que forman parte del Comité de Empresa exigen, a este respecto, que "sea cual sea el organización que pueda crearse para este fin, sea íntegramente público y rechazan que esta puede ser una fundación, "tal y como se ha rumoreado".
Por EUGENIO FERNÁNDEZ / REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El pasado mes de octubre, el sindicato soberanista Intersindical Canaria denunciaba la existencia de una situación de auténtico "caos" en la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno autónomo, dirigida por Noemí Santana (Podemos), como consecuencia de las medidas adoptadas por la consejera.
Según esta organización sindical, decisiones tales como "ordenar que los trabajadores dejen de realizar las tareas administrativas que llevan más de 15 años realizando, para desempeñar otras tareas", "habían propiciado "una enorme desorganización, tanto a niveles organizativos como de gestión de los servicios públicos y ayudas públicas que recibe la ciudadanía".
El sindicato afirmaba, igualmente, que en la Consejería "no existe personal suficiente, ni medios materiales para cumplir los requisitos que exige la Ley de Servicios Sociales de Canarias, dejando en indefensión a una parte importante y socialmente sensible de la sociedad canaria".
El pasado lunes, el Comité de Empresa de la provincia de Las Palmas - integrado por IC, Comisiones Obreras, Speca y Co.Bas- se volvía a pronunciar públicamente, para denunciar que, en este momento, existe un "atasco en la tramitación de los expedientes pendientes de resolución, para la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los carnets de familia numerosa o el reconocimiento de la dependencia".
Según estos sindicatos, aunque la situación a este respecto ya era muy negativa con el anterior Ejecutivo de CC, ésta aún ha empeorado tras la llegada del nuevo cuatripartito y el equipo encabezado, en esta consejería, por Noemí Santana.
LOS DATOS DE LA DESASISTENCIA QUE SUFREN LOS CANARIOS
Según los datos aportados por las organizaciones sindicales, las nuevas solicitudes de pensiones no contributivas que se realizan en el Archipiélago tardan cerca de un año en resolverse, a pesar de que la normativa establece que este trámite debe realizarse en un máximo de tres meses.
En las pensiones de invalidez se está tardando hasta 18 meses solo para citar a los beneficiarios para ser valorados, mientras que la expedición del carnet de familia numerosa puede retrasarse hasta un año.
En el caso del reconocimiento de la dependencia y la discapacidad, el periodo que se estima para que la ayuda llegue a los solicitantes - según el comité de empresa- es de hasta tres años.
Junto a las decisiones desacertadas de la consejería previamente señaladas, los sindicatos denuncian que esta situación, arrastrada de anteriores legislaturas y ahora agravada, no se podrá paliar sin contratar a más personal.
En este sentido, los sindicatos critican que la Consejera de Unidas-Podemos ha continuado aplicando la misma política que anteriormente implementara Coalición Canaria. La contratación de personal eventual para poner en marcha "planes de choque" que -dicen - "siguen sin solucionar el problema de fondo en el departamento".
"Lo que se requiere de manera urgente -apuntan - es que se incremente la plantilla de manera estable, para que se puedan sacar adelante los expedientes, ya que el personal de "choque" es contratado solo por unos meses y luego no se le renueva".
Así las cosas, los sindicatos "ponen en duda" que puedan llevarse a la práctica los planes anunciados por el Ejecutivo regional de alcanzar a unas 9.000 nuevas personas con la Prestación Canaria de Inserción o poner en marcha la anunciada "Renta Canaria de Ciudadanía".
¿CON LA AMENAZA DE UNA PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA?
Los representantes del personal laboral advierten, finalmente, sobre una suerte de globo sonda, lanzado desde la Consejería, relativo a la posible creación de un ente que podría suponer la privatización del servicio que ésta presta.
Los cuatro sindicatos que forman parte del Comité de Empresa exigen, a este respecto, que "sea cual sea el organización que pueda crearse para este fin, sea íntegramente público y rechazan que esta puede ser una fundación, "tal y como se ha rumoreado".
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