EL CASO VALKA O CÓMO CONSTRUIR (PRESUNTAS) REDES DE CORRUPCIÓN DESDE EL PODER MUNICIPAL

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    Inmaculada Medina, una de las figuras políticas más visibles del PSOE en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria durante casi una década, dimitía este noviembre tras ser imputada por corrupción en el Caso Valka. Su salida no fue solo un gesto político. Fue la confirmación de que el escándalo había alcanzado el corazón del poder municipal. Los indicios de la presunta trama de corrupción -comidas, fiestas privadas, préstamos personales, empresas compartidas y un circuito de adjudicaciones públicas convertidas en negocio privado- ofrecían pocas salidas al actual grupo de Gobierno y la alcaldesa, Carolina Darias, que no pasaran por la dimisión de la imputada Medina. 

     Inmaculada  Medina, durante años responsable del área de Servicios Públicos, aparece en el centro de una presunta red de favores y complicidades con el empresario Felipe Guerra y el funcionario Miguel Ángel Padrón. Dos figuras clave en la trama. Los tres compartían algo más que funciones institucionales: compartían una relación de confianza íntima, probada por fotografías, chats de WhatsApp y vídeos obtenidos por la Guardia Civil, donde aparecen en celebraciones privadas, cenas, incluso cantando y bailando juntos.

     Todo indica que la conexión entre estos tres protagonistas no fue inocente. Mientras Medina firmaba decretos de pago y validaba facturas de servicios municipales, Guerra recibía contratos públicos inflados, y Padrón —jefe del Servicio de Parques y Jardines— era el técnico que daba luz verde a todo el proceso. El resultado: un presunto desfalco de más de 400.000 euros de dinero público. 

Las imágenes que valen más que mil documentos

   Los móviles de Padrón y Guerra, analizados por la Unidad de Delincuencia Patrimonial de la Guardia Civil, contenían más que datos técnicos: mostraban el rostro más personal de presunta corrupción. En ellos se encontraron múltiples imágenes de los tres implicados compartiendo comidas, celebraciones familiares, carnavales y eventos privados. Uno de los chats grupales se llamaba “El martes comemos”. En él Medina, Padrón y Guerra aparecían regularmente compartiendo mesa y risas.

  Este nivel de cercanía entre responsables públicos y adjudicatarios de contratos es ilegal. La Ley 40/2015 establece con claridad que cualquier autoridad o funcionario debe abstenerse de intervenir en procedimientos que afecten a personas con las que mantenga una “amistad íntima”. En el caso Valka, no solo no se produjo esa abstención, sino que Medina firmó casi todos los expedientes de contratación donde participaban sus amigos. Y lo hizo durante años.

Préstamos, empresas ocultas y facturas infladas

 Pero el caso no se sostiene solamente sobre algunas fotos o mensajes de Whatsapp. La investigación judicial ha documentado relaciones económicas directas entre los implicados. El empresario Felipe Guerra prestó 430.000 euros al funcionario Miguel Ángel Padrón. El préstamo —sin plan de amortización ni intereses— fue concedido desde una empresa cuyo objeto social no es financiero, y cuya única fuente de ingresos eran los contratos municipales. La Fiscalía sospecha que ese dinero podría haber funcionado como un retorno encubierto por los favores prestados en las adjudicaciones.

  Además, Padrón y Guerra fueron socios en la empresa Esvertical SL durante al menos siete años. Una relación mercantil nunca comunicada al Ayuntamiento. En ese mismo periodo, Guerra recibió múltiples contratos del área de Parques y Jardines, donde Padrón era jefe técnico. Esta relación empresarial oculta refuerza la hipótesis de un conflicto de intereses deliberadamente mantenido en secreto para facilitar la adjudicación de fondos públicos.

   Las facturas investigadas tienen otro elemento común. Eran sistemáticamente infladas. La empresa de Guerra facturaba consumos de agua para riego de parques que nunca fueron medidos. No se hacía lectura de contadores, no había informes técnicos independientes, ni comprobaciones reales del suministro. Simplemente, se pagaba. Con la firma de Padrón y la autorización política de Inmaculada Medina.

Los delitos que se investigan

   La dimensión penal del caso Valka está respaldada por una instrucción judicial que imputa a los principales implicados por delitos graves. El juez instructor y la Fiscalía Anticorrupción acusan a los cuatro protagonistas de una red sostenida de apropiación indebida de recursos públicos.

En primer término, el ex jefe del Servicio de Parques y Jardinaes, Miguel Ángel Padrón Hernández. A su espalda, la concehal Inmaculada Medina. Al final de la mesa, el empresario beneficiado de los contratos municipales, y socio de Padrón, Felipe Guerra González

- Inmaculada Medina, exconcejala de Servicios Públicos, está imputada por malversación agravada de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad documental y fraude a la administración. Su papel fue clave para legitimar, con su firma, las facturas infladas emitidas por la empresa de su amigo y validarlas sin exigir ningún tipo de control técnico real.

- Miguel Ángel Padrón, jefe del Servicio de Parques y Jardines durante buena parte del periodo investigado, enfrenta cargos por malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Era quien firmaba las certificaciones técnicas, a pesar de conocer —según la acusación— que no existía verificación ni medición real del suministro de agua. Además, ocultó su condición de socio del empresario adjudicatario y recibió de este un préstamo de 430.000 €, que refuerza la sospecha de devolución encubierta de favores.

- Felipe Guerra González, empresario y administrador de Guerra Patrimonial FGG SL, es investigado por los presuntos delitos de fraude, malversación, prevaricación y falsedad documental. Su empresa se benefició de una sucesión de contratos inflados, adjudicados en condiciones irregulares, mientras él mantenía vínculos personales y empresariales con los funcionarios que debían fiscalizarlo.

Sergio González Cubas, técnico que asumió el área tras Padrón, también está imputado por malversación, falsedad documental y prevaricación. La Fiscalía lo sitúa como responsable de haber mantenido el mecanismo fraudulento mediante la validación técnica de facturas falsas y la elaboración de pliegos amañados.

     Estos delitos —todavía en fase de instrucción— reflejan la gravedad institucional del caso, que apunta a un presunto sistema deliberado donde los controles públicos fueron sustituidos por relaciones privadas para facilitar el desvío continuado de fondos.

El mecanismo legal que permitió el (presunto) saqueo

   Buena parte de los contratos bajo sospecha fueron tramitados como contratos menores. Esta figura legal, recogida en la Ley de Contratos del Sector Público, permite adjudicar directamente servicios o suministros sin concurso público, siempre que no superen ciertos límites económicos. Está pensada para facilitar gestiones urgentes y pequeñas obras. Pero cuando se abusa de esta vía, se convierte en una herramienta perfecta para evitar el control y la competencia.

  En el Ayuntamiento de Las Palmas, según la investigación, esta modalidad fue utilizada de forma reiterada para entregar contratos a Guerra Patrimonial FGG SL sin publicidad ni fiscalización. En ocasiones, se fraccionaron contratos para que encajaran dentro del umbral de “menores”, una práctica ilegal que, sin embargo, es frecuente en muchos municipios.

  Este modelo de contratación —opaco, directo y sin controles— es el que permite que las relaciones personales se traduzcan en favores económicos. El empresario no necesita competir, ni demostrar eficiencia: solo necesita tener el contacto adecuado. En este caso, su contacto era doble: un técnico que lo validaba todo, y una concejala que firmaba sin preguntar.

   Es por ello que el Caso Valka ilustra una situación cuya gravedad más allá de un presunto caso de corrupción que, en este caso, afectaría al Partido Socialista. Lo que el caso revela es una estructura, un sistema que permite que lo público sea administrado como si fuera un negocio privado. Contratos menores sin control, externalización sistemática, relaciones personales que se convierten en llaves de acceso al dinero público, préstamos entre adjudicatarios y funcionarios, y una absoluta ausencia de auditoría técnica real. Todo esto configura un modelo de gestión donde la corrupción no es una excepción, sino una posibilidad propiciada y que, no por casualidad, se reproduce sistemáticamente en administraciones de cualquier signo político.