SUSPENDIDO EL JUICIO CONTRA MILITANTE DEL PCPC POR INCOMPARECENCIA DE LOS POLICÍAS DENUNCIANTES (VÍDEO)

REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

     Este miércoles, 12 de noviembre, se suspendía en Las Palmas de Gran Canaria el juicio celebrado por una sanción administrativa impuesta al militante del Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC), Carmelo Suárez. El motivo de la suspensión fue la incomparecencia de los dos agentes de la Policía Nacional que actuaron como denunciantes, lo que deja en suspenso un caso que se ha prolongado durante dos años y que ha sido calificado por la formación comunista como un “montaje policial” destinado a acallar la protesta social.

     La sanción, consistente en una multa de 900 euros incrementada con un 20% adicional por impago —hasta alcanzar los 1080 euros—, fue impuesta tras una concentración en solidaridad con Palestina celebrada el 16 de diciembre de 2023 frente al consulado de Estados Unidos en la capital grancanaria. Según ha denunciado el propio Suárez, la concentración fue alterada por una agresión externa: se lanzaron huevos desde el edificio del consulado hacia los manifestantes. Una mujer se acercó entonces a un agente para informar de los hechos, y- según el relato del PCPC- fue violentamente agredida por dicho agente. Esta intervención habría desatado una escalada de tensión que terminó con la intervención policial y la posterior sanción administrativa.

DENUNCIAS DE MONTAJE POLICIAL Y MANIPULACIÓN ADMINISTRATIVA

   Desde el primer momento, tanto Suárez como el PCPC han denunciado lo que consideran una “criminalización planificada” del ejercicio del derecho a la protesta.

   Desde el Partido Comunista denuncian una “falsificación de los informes policiales”, en los que, según sostienen, se omitió el origen del altercado y se acusó falsamente a Suárez de haber incitado a la multitud contra los agentes. La Delegación del Gobierno en Canarias, por su parte, ha desestimado todas las pruebas presentadas por la defensa, incluyendo fotografías, vídeos, testimonios y solicitudes de careos con los agentes. Según denuncian, en muchos casos ni siquiera se ofrecieron razones justificadas para su inadmisión.

 LA LEY MORDAZA EN EL PUNTO DE MIRA

   El caso ha sido presentado como un ejemplo paradigmático del uso de “— como herramienta de represión política. En una rueda de prensa ofrecida el 5 de noviembre, los portavoces del partido denuncian, asimismo, la existencia de un “lobby ultraderechista” dentro de los cuerpos de seguridad del “Estado, así como la connivencia de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior.

   En ese mismo encuentro con los medios, los militantes comunistas ofrecieron datos oficiales del Ministerio del Interior que, en su opinión, confirman la utilización sistemática de la Ley Mordaza para reprimir la movilización social. Según esas cifras, en 2024 se impusieron 327.761 multas en el marco de esta legislación, lo que representa un incremento del 15% respecto al año anterior. La recaudación total superó los 200 millones de euros, con un promedio diario de más de 900 sanciones y medio millón de euros ingresados por esta vía.

UNA ESTRATEGIA DE RESISTENCIA Y NO PAGO

   En el caso concreto de Carmelo Suárez, el juicio suspendido este miércoles, y para el que aún no hay establecido una nueva fecha, es considerado por el PCPC como una “batalla por las libertades y los derechos democráticos”.

   A lo largo de estos dos años, el PCPC ha mantenido una campaña de denuncia política y jurídica que, según aseguran, continuará adelante.

  La consigna de la organización comunista es clara: “Nuestro partido no paga multas”. Su negativa a abonar las sanciones se sustenta en una estrategia de resistencia frente a lo que califican como un sistema represivo que no ofrece garantías mínimas de defensa.

   Además de denunciar el carácter injusto del procedimiento, el Partido Comunista del Pueblo Canario exige la devolución del importe retenido, así como la anulación de la sanción. En términos más amplios, su propuesta política incluye la derogación de la Ley Mordaza y la depuración de los cuerpos de seguridad y de los funcionarios gubernamentales que, a su juicio, operan bajo parámetros heredados del franquismo.

  Para el PCPC, la situación en Canarias tiene elementos particulares que agravan esta problemática. Según denuncian, la presencia de menores migrantes no acompañados en el archipiélago está siendo instrumentalizada por determinados sectores políticos y mediáticos, alimentando un discurso de odio que legitima actuaciones policiales desproporcionadas. En este contexto, la represión contra la izquierda política y social se ve acompañada de una criminalización de la solidaridad.

EL JUICIO COMO BATALLA POR LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES

   A pesar de la suspensión del juicio, el PCPC ha anunciado que mantendrá activa su campaña política y ha reiterado su intención de seguir informando sobre las actuaciones relacionadas con este caso y con otros similares que afectan a su militancia.

  “Lo que está en juego - afirman- no es solo la situación de una“persona sancionada, sino el derecho mismo a la protesta y a la disidencia política en un contexto que, denuncian, se asemeja cada vez más a un “estado de terror policial”.

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