CANARIAS Y SU DEUDA CON LA EDUCACIÓN PÚBLICA: UNA LEY INCUMPLIDA Y UNA GENERACIÓN EN RIESGO

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   La educación pública en Canarias vive una situación crítica por una decisión política sostenida en el tiempo: la de no cumplir con lo que ya está escrito y firmado. Desde 2014, la Ley Canaria de Educación (LCE) estableció un mandato claro: alcanzar una inversión del 5% del PIB en educación. Once años después, no solo no se ha cumplido, sino que cada año parece un nuevo retroceso. La ley sigue vigente, pero la voluntad de aplicarla se ha ido desvaneciendo bajo discursos evasivos y presupuestos que no reflejan esa prioridad.

  En noviembre de 2025, el Gobierno canario anunció un ligero aumento en la inversión educativa para 2026, pasando del 4,05% al 4,07% del PIB. Apenas dos centésimas, un gesto simbólico que sigue dejando a la comunidad educativa a 572 millones de euros de distancia del objetivo legal. La Plataforma por el 5% en Educación, al igual que la Junta de Personal Docente de Santa Cruz de Tenerife, ha reiterado que esta mejora es insuficiente, una burla más a una década de incumplimientos.

UNA LEY QUE EL SISTEMA RECHAZA CUMPLIR

   Lo que ocurre con la LCE no es un simple problema técnico de ajustes presupuestarios. Es la manifestación clara de cómo la educación pública es relegada dentro del sistema capitalista periférico que estructura Canarias. La ley puede ser progresista en sus planteamientos, pero si no responde a los intereses de la clase dominante ni a las necesidades del capital, queda en papel mojado. El Estado autonómico, en lugar de ejercer como garante de derechos, actúa como mediador entre las demandas sociales y las prioridades del capital. Y en esa mediación, la educación pierde.

  Los datos históricos lo evidencian. En 2014, año de aprobación de la ley, la inversión era del 3,70%. En 2017 bajó al 3,46%. En 2023 se alcanzó el pico de 4,63%. Pero en lugar de seguir ascendiendo, volvió a descender: 4,20% en 2024 y 4,05% en 2025. El presupuesto para 2026 apenas mejora, sin compromisos reales, sin plazos concretos, sin sanciones por incumplir.

EDUCACIÓN COMO FUERZA PRODUCTIVA: LO QUE ESTÁ EN JUEGO

  La educación no es solo un derecho: es un factor estructural para la reproducción de la fuerza de trabajo. Si se invierte menos en educación, se condena a una parte de la población a empleos de baja cualificación, precarizados y subordinados. Y esto encaja perfectamente con el modelo económico que ha prevalecido en Canarias: una economía terciarizada, dependiente del turismo, que no exige una fuerza laboral altamente cualificada.

  La escasez de recursos educativos no es un error; es funcional al sistema. Centros con infraestructuras obsoletas, déficit de personal, ratios elevadas, escasa digitalización, abandono de los programas para la diversidad… todo forma parte de una misma lógica: la de reducir la educación a una función mínima, que no cuestione el orden existente ni prepare a las nuevas generaciones para transformarlo.

GEOGRAFÍA DE LA DESIGUALDAD EDUCATIVA

   La desigualdad territorial en la inversión educativa también tiene un claro contenido estructural. En 2025, la inversión por habitante en El Hierro alcanzó los 3.785 euros, mientras que otras islas reciben cifras notablemente menores. Esta asimetría no responde a una planificación democrática, sino a una lógica de acumulación y abandono selectivo: las islas centrales, más integradas al mercado y al turismo, concentran infraestructuras y servicios; las periféricas, en cambio, quedan desatendidas. Esta fragmentación geográfica replica la fragmentación de clase: quienes nacen en lugares menos favorecidos tendrán menos oportunidades, menos recursos, menos herramientas para transformar su realidad.

PROMESAS ESTANCADAS Y PLANES SIN EJECUCIÓN

  A lo largo de estos años se han anunciado reiteradamente planes de refuerzo educativo, formación docente, digitalización, mejora de la etapa 0‑3 años, impulso a la equidad. Pero sin financiación suficiente, estos planes quedan en el limbo de la burocracia, sin aplicación real. Los programas que deberían contrarrestar el abandono escolar o garantizar la inclusión quedan supeditados a la lógica del recorte y la contención presupuestaria.

   El resultado es una educación masificada, empobrecida y sin capacidad transformadora. Una educación pública de segunda categoría que consolida las brechas de clase, género y territorio.

   La Ley Canaria de Educación estableció un mandato claro. Pero su incumplimiento sistemático demuestra una contradicción de fondo entre la legalidad formal y la estructura económica. No se trata de una simple desidia administrativa, sino de una correlación de fuerzas en la que la educación no cuenta con el respaldo suficiente para imponerse como prioridad presupuestaria.

    El discurso político insiste en que se quiere avanzar, pero los hechos muestran otra cosa. La ley se incumple porque la estructura económica dominante así lo impone. Y porque quienes detentan el poder institucional no están dispuestos a enfrentar esa estructura ni a cambiar el reparto del presupuesto.