“EL MIEDO COMO ESTRATEGIA: ASÍ AGITA LA PATRONAL EL DEBATE SOBRE PENSIONES Y VIVIENDA”

POR ALBERTO DÍAZ ABRANTE PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
 

   ¿Quién se beneficia del alarmismo sobrevenido sobre el colapso de las pensiones? ¿Por qué los grandes empresarios se lanzan ahora a opinar sobre los precios de la vivienda?
 

    ¿Está la ciudadanía siendo víctima de una campaña de presión orquestada desde las élites económicas? ¿Se utiliza el temor al futuro como herramienta para imponer ajustes sociales?

   En los últimos días, varias declaraciones públicas han encendido el debate sobre el futuro de las pensiones y el precio de la vivienda en España. Curiosamente, estas voces no proceden de sindicatos ni de organizaciones sociales, sino del sector empresarial y económico alineado históricamente con los intereses de la derecha y la patronal.

    El caso más representativo ha sido el del millonario José Elías, un empresario que ha utilizado sus redes sociales y su exposición mediática para lanzar un mensaje catastrofista:

  “Los abuelos del futuro compartirán piso, las pensiones no van a dar para más”.

    No se trata de una opinión aislada. La economista Leticia Poole también ha advertido que si las pensiones se contabilizaran dentro del PIB, el resultado sería una deuda del 500%.

    Y aunque estas cifras buscan revestirse de un supuesto rigor técnico, no hay que pasar por alto que las advertencias no vienen acompañadas de propuestas de protección del sistema público, sino que refuerzan la idea de que “hay que cambiar el sistema” sin decir claramente ni en qué sentido ni  a quién beneficiaría ese cambio.

     Por otro lado, Julio Plaza, autodenominado experto en vivienda, ha dibujado un escenario en el que el precio de la vivienda seguirá al alza debido a la escasez de oferta y al interés inversor. Plaza sostiene que el alquiler ha dejado de ser una opción asequible y que “la gente no lo capta hasta que lo sufre en carne propia”. De forma implícita, refuerza así la narrativa de que quien no compra una vivienda —pese a la precariedad laboral, los sueldos estancados y la falta de ahorro— está condenado a un futuro incierto.

    Lo llamativo de estas declaraciones es que convergen en un mismo momento, configurando una especie de campaña de alarma que coincide con los intentos de los sectores conservadores por desacreditar las políticas públicas de protección social. Las voces que claman por el fin de las pensiones públicas o por el colapso del mercado de vivienda de alquiler, lejos de proponer soluciones estructurales basadas en la justicia social, parecen preparar el terreno para justificar medidas de recorte, desregulación o privatización.

    José Elías, cuya fortuna supera los 650 millones de euros, no representa precisamente al ciudadano medio. Sin embargo, habla como si su visión fuera universal. Cuando afirma que

   “si eres pobre como una rata, tienes que comprar vivienda porque es lo único que te salvará al final de tus días”,

está transmitiendo una lógica individualista y clasista, que ignora por completo la función social del Estado y el papel redistributivo que debería cumplir el sistema de pensiones.

    Del mismo modo, cuando Leticia Poole alerta sobre la inviabilidad del sistema actual, omite cualquier mención a los múltiples informes que indican que el sistema puede sostenerse si se toman medidas como el aumento de los ingresos vía cotizaciones, la mejora del empleo o una fiscalidad más justa.
 

    La patronal y sus portavoces mediáticos no proponen ni subir salarios ni limitar los beneficios inmobiliarios ni acabar con los paraísos fiscales. En lugar de ello, insisten en recortar, privatizar y responsabilizar al individuo de problemas estructurales. Y lo hacen apelando al miedo: al miedo a quedarse sin pensión, al miedo a no poder pagar el alquiler, al miedo a envejecer en la pobreza.
 

    Así, más que una preocupación sincera por el futuro de la población, lo que estamos presenciando es una ofensiva ideológica de las élites económicas para consolidar un modelo donde el mercado lo decide todo y lo público queda reducido a cenizas. Una presión calculada, que trata de moldear la opinión pública con discursos alarmistas, pero que en realidad encubre intereses muy concretos: mantener privilegios y abrir nuevos nichos de negocio a costa de derechos fundamentales.