El condenado, Castillo Mejía EMPRESARIO CONDENADO POR EL ASESINATO DE LA AMBIENTALISTA BERTA CÁCERES
Sólo la movilización popular ha conseguido hacer algo de justicia
Roberto Castillo Mejía, ex-miembro de la inteligencia militar de Honduras y presidente ejecutivo de la hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), encargada de la presa Agua Zarca sobre el río Gualcarque, fue declarado culpable de ser autor intelectual del asesinato de la líder indígena y ambientalista, Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016. El próximo 3 de agosto se conocerá la pena de prisión impuesta.
Por EVA LAGUNERO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Para Bertha Zúñiga, una de las hijas de Berta Cáceres, el veredicto del Tribunal es “una victoria de los pueblos del mundo que han acompañado este proceso, de la comunidad solidaria y de los derechos humanos”.
La condena significa que “las estructuras de poder no lograron en este caso corromper al sistema de justicia, y que la estructural criminal de la familia Átala Zablah, de la cual es instrumento el condenado, no logró sus objetivos", indicó Zúñiga al leer un comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPIHN), que Berta lideraba.
Víctor Fernández, abogado acusador privado, destacó que los responsables del crimen de Berta Cáceres son los ejecutivos de DESA. El fallo determina que debe revertirse la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, porque está vinculado a este crimen, y es el inicio de la demanda de justicia integral, que debe alcanzar a todos los autores intelectuales, es decir, a la familia Atala Zablah, propietaria de DESA.
Aunque el tribunal aún deberá precisar la pena, que podría ir de los 20 a los 30 años de prisión, y la defensa podría recurrir el fallo, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional declaró, por unanimidad, que Castillo fue el autor intelectual del asesinato.
El juicio duró cinco semanas y se presentaron más de cien pruebas, entre testimoniales y científicas, que demostraron la participación de los siete imputados antes, durante y después del asesinato de la ambientalista. Asimismo, se procesó al investigador Juan Carlos Cruz y al ex-policía Miguel Rosales por presentar pruebas falsas para tratar de desviar el caso durante las primeras pesquisas.
El crimen
Según la fiscalía, lo que detonó el asesinato de Berta Cáceres fue su oposición a la construcción de la presa promovida por DESA en territorio de la etnia Lenca. Castillo Mejía aportó logística y recursos, y se coaligó con el resto de los condenados para cometer el crimen.
Berta fue asesinada a balazos el 3 de marzo de 2016 en su casa de La Esperanza, tras pasar varios años recibiendo amenazas de muerte por su campaña para paralizar la construcción de la presa de Agua Zarca, infraestructura que amenazaba con destruir los bosques y territorios indígenas. En el ataque resultó herido un amigo de Berta, el mexicano Gustavo Castro Soto.
En 2018 fueron condenados por su participación Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente del área social de DESA; Douglas Geovanny Bustillo, ex-jefe de seguridad de la empresa y Mariano Díaz Chávez, miembro del Primer Batallón de Inteligencia (2015) y Mayor de las Fuerzas Armadas hasta su arresto. Los sicarios fueron Edilson Atilio Duarte Meza, Óscar Aroldo Torres Velásquez y Elvin Heriberto Rápalo Orellana.
A todos ellos, junto a Henrry Javier Hernández, que fue quien señaló la casa de Cáceres a los sicarios, se les impusieron penas de hasta 50 años de prisión. La sentencia fue apelada y debe ser vista por la Sala de lo Constitucional.
El homicidio levantó una ola de protestas y fue condenado por la ONU, la OEA y Greenpeace, entre otras organizaciones. Berta Cáceres, la maestra de 43 años, ganadora del premio Goldman, máximo galardón en materia medioambiental, pasó a engrosar así la larga lista de activistas asesinados en Honduras, escenario habitual de movilizaciones indígenas y campesinas en defensa de sus tierras frente a los macroproyectos.
Una victoria popular
![[Img #67912]](https://canarias-semanal.org/upload/images/07_2021/7579_bertat.jpg)
La familia de Berta y el COPINH exigieron la cancelación “inmediata” del permiso de construcción “sobre el sagrado río Gualcarque” y que se procesase a todas las personas involucradas en "su ilegal y corrupta concesión". Exigen, además, el desmantelamiento de las “redes criminales que actualmente persisten y que actuaron durante el juicio para promover la impunidad”.
Agregan que la causa no termina con esta resolución, sino que se encamina firmemente a llevar ante la justicia a los autores intelectuales de este crimen, Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala y demás personas e instituciones involucradas.
Fuente:
Por EVA LAGUNERO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Para Bertha Zúñiga, una de las hijas de Berta Cáceres, el veredicto del Tribunal es “una victoria de los pueblos del mundo que han acompañado este proceso, de la comunidad solidaria y de los derechos humanos”.
La condena significa que “las estructuras de poder no lograron en este caso corromper al sistema de justicia, y que la estructural criminal de la familia Átala Zablah, de la cual es instrumento el condenado, no logró sus objetivos", indicó Zúñiga al leer un comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPIHN), que Berta lideraba.
Víctor Fernández, abogado acusador privado, destacó que los responsables del crimen de Berta Cáceres son los ejecutivos de DESA. El fallo determina que debe revertirse la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, porque está vinculado a este crimen, y es el inicio de la demanda de justicia integral, que debe alcanzar a todos los autores intelectuales, es decir, a la familia Atala Zablah, propietaria de DESA.
Aunque el tribunal aún deberá precisar la pena, que podría ir de los 20 a los 30 años de prisión, y la defensa podría recurrir el fallo, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional declaró, por unanimidad, que Castillo fue el autor intelectual del asesinato.
El juicio duró cinco semanas y se presentaron más de cien pruebas, entre testimoniales y científicas, que demostraron la participación de los siete imputados antes, durante y después del asesinato de la ambientalista. Asimismo, se procesó al investigador Juan Carlos Cruz y al ex-policía Miguel Rosales por presentar pruebas falsas para tratar de desviar el caso durante las primeras pesquisas.
El crimen
Según la fiscalía, lo que detonó el asesinato de Berta Cáceres fue su oposición a la construcción de la presa promovida por DESA en territorio de la etnia Lenca. Castillo Mejía aportó logística y recursos, y se coaligó con el resto de los condenados para cometer el crimen.
Berta fue asesinada a balazos el 3 de marzo de 2016 en su casa de La Esperanza, tras pasar varios años recibiendo amenazas de muerte por su campaña para paralizar la construcción de la presa de Agua Zarca, infraestructura que amenazaba con destruir los bosques y territorios indígenas. En el ataque resultó herido un amigo de Berta, el mexicano Gustavo Castro Soto.
En 2018 fueron condenados por su participación Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente del área social de DESA; Douglas Geovanny Bustillo, ex-jefe de seguridad de la empresa y Mariano Díaz Chávez, miembro del Primer Batallón de Inteligencia (2015) y Mayor de las Fuerzas Armadas hasta su arresto. Los sicarios fueron Edilson Atilio Duarte Meza, Óscar Aroldo Torres Velásquez y Elvin Heriberto Rápalo Orellana.
A todos ellos, junto a Henrry Javier Hernández, que fue quien señaló la casa de Cáceres a los sicarios, se les impusieron penas de hasta 50 años de prisión. La sentencia fue apelada y debe ser vista por la Sala de lo Constitucional.
El homicidio levantó una ola de protestas y fue condenado por la ONU, la OEA y Greenpeace, entre otras organizaciones. Berta Cáceres, la maestra de 43 años, ganadora del premio Goldman, máximo galardón en materia medioambiental, pasó a engrosar así la larga lista de activistas asesinados en Honduras, escenario habitual de movilizaciones indígenas y campesinas en defensa de sus tierras frente a los macroproyectos.
Una victoria popular
La familia de Berta y el COPINH exigieron la cancelación “inmediata” del permiso de construcción “sobre el sagrado río Gualcarque” y que se procesase a todas las personas involucradas en "su ilegal y corrupta concesión". Exigen, además, el desmantelamiento de las “redes criminales que actualmente persisten y que actuaron durante el juicio para promover la impunidad”.
Agregan que la causa no termina con esta resolución, sino que se encamina firmemente a llevar ante la justicia a los autores intelectuales de este crimen, Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala y demás personas e instituciones involucradas.
Fuente:
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.117