DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN EUROPEA POR LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CANARIAS

  Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   En la mañana del pasado miércoles, 23 de junio, tres colectivos sociales (la Plataforma 29E, Derechos y Acción Social y El Pueblo Tiene Hambre), un partido político (Recortes Cero), una concejal (Antonella Aliotti) y más de una treintena de familias afectadas por problemas de vivienda en Tenerife presentaron por correo una denuncia a la Secretaría General de la Comisión Europea, contra los gobiernos de España y de la Comunidad Autónoma de Canarias por vulnerarse en Canarias el derecho comunitario en materia de vivienda.

   Según estos colectivos, estas instituciones estarían incumpliendo en  en Canarias el artículo 31 de la Carta Social Europea revisada, puesto en relación con los artículos 16, 30 y E de la misma carta, además del artículo 34.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

   El artículo 31 de la Carta Social Europea revisada dice lo siguiente:

"Derecho a la vivienda.

Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, las Partes se comprometen a adoptar medidas destinadas:

1. a favorecer el acceso a la vivienda de una calidad suficiente;

2. a prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación;

3. a hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes."

    El artículo 16 de la mencionada Carta incide en el derecho de las familias europeas a la protección social, jurídica y económica, el artículo 30 blinda a su vez el derecho a la protección de los ciudadanos europeos contra la pobreza y la exclusión social, y el artículo E hace hincapié en la protección contra la discriminación de las minorías por cuestiones de diversa índole, entre las que también están las de carácter geográfico, como sucede con Canarias y el cúmulo de inconvenientes y dificultades que los ciudadanos de las islas deben afrontar para poder acceder a unos niveles de vida dignos, debido al atraso económico y formativo de buena parte de la población del Archipiélago frente a otras regiones españolas y europeas, a lo que hay que sumar la ultraperificidad con las dificultades añadidas a la movilidad de las personas, hecho agravado en el último año tras la pandemia.

   "Se da la circunstancia -añaden los denunciantes - de que la Carta Social Europea Revisada entró en vigor en Europa el 1 de julio de 1999, pero debía ser ratificada con posterioridad por los países de la Unión, y aunque España la firmó el 23 de octubre de 2000, hasta noviembre del pasado año 2020 no se aprobó en Consejo de Ministros el Acuerdo por el que se disponía la remisión a las Cortes Generales y se autorizaba la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicha Carta".

Por su parte, el artículo 34.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dice lo siguiente:

 "Artículo 34.3: Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales."

   Para los denunciantes, "sobra decir en este sentido, que en Canarias no existe de hecho ninguna ayuda a la vivienda en la manera en la que lo expresa el artículo 34.3, puesto que el mercado de la vivienda en Canarias es mayoritariamente privado, y los propietarios de viviendas rehúsan continuamente hacer tratos con las administraciones en forma de ayudas al alquiler o similares, dada la habitual morosidad y falta de seriedad en el pago de dichas administraciones".

    Los colectivos que han presentado esta denuncia destacan que "en los dos últimos años se han producido en las Islas   5.112 desahucios, la mayoría por impagos de alquiler, lo que supone una media de 7 desahucios al día; con más de 2.000 personas sufriendo en la actualidad exclusión residencial extrema en la isla de Tenerife según un informe de Cáritas, entre ellos unos 80 menores; con los fondos buitre acaparando buena parte del mercado con fines puramente especulativos y un aluvión de desahucios que se prevén a partir del 9 de agosto, fecha fin de la moratoria antidesahucios del gobierno; con unas administraciones públicas que no responden ni aportan soluciones reales al problema".

  En caso de que la denuncia sea admitida a trámite, los colectivos que la han presentado anuncian que en una segunda fase, "remitirán   numerosa documentación, escritos oficiales, recortes de prensa, estudios técnicos, testimonios y declaraciones juradas de familias afectadas y cuanta información probatoria sea necesaria, al objeto de demostrar que el derecho a la vivienda no existe en Canarias para una amplia mayoría de la población, y desde la Comisión Europea se obligue a España a subsanar esta grave carencia que sufre Canarias".

  "Una carencia -concluyen - que también se da en otras muchas regiones de España y que por contactos que llevamos con colectivos de otras comunidades autónomas es probable que presenten denuncias similares ajustadas a la realidad particular de cada territorio".