
PAGAREMOS POR EL USO DE UNAS CARRETERAS QUE YA SON NUESTRAS
Una medida muy similar a la del "impuesto al sol" que implementó el ministro de Rajoy José Manuel Soria.
Según ha comunicado a Bruselas, "el gobierno más progresista de la historia de España", está resueltamente decidido a utilizar medidas "a la estadounidense" para posibilitar la recaudación efectiva. A partir del próximo año 2024, los españoles tendrán que pagar de forma directa, el uso que hagan de las carreteras públicas españolas construidas, por cierto, con sus impuestos. Según la Asociación FACUA - "Consumidores en Acción"- si el motivo para la aplicación de este impactante peaje fuera en la reducción de las nocivas emisiones automovilísticas, le bastaría con la promoción masiva del transporte colectivo. Pero ni siquiera se propone reflexionar sobre esta alternativa.
REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL
La conocida Asociación "Consumidores en Acción" (FACUA) rechazó hoy de plano a través de un comunicado, el propósito del actual Gobierno de Coalición de implementar una ley a través de la cual se obligue a todos los usuarios de las carreteras españolas a pagar un peaje por el uso tanto de las carreteras estatales como regionales. La medida gubernamental pretende entrar en vigor a partir del año 2024.
El texto que ha enviado por la Coalición Gubernamental a Bruselas recoge la medida de un "mecanismo de pago" para avanzar hacia lo que el gobierno llama "la internalización de los costes internos" bajo el principio del "usuario pagador", o sea, de que "quien contamine, pague".
El propósito del Gobierno de Sánchez es implantar este pago primero en la red de alta capacidad - autovías y autopistas- y, posteriormente, tratará de aplicarlo "otras redes" de forma progresiva .
FACUA estima que el mantenimiento de las carreteras estatales debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado, de forma que las inversiones necesarias para el mantenimiento de las vías de comunicación salga de los impuestos directos de los ciudadanos.
Lo que realmente va suceder, según FACUA, es que esta medida terminará afectando más a los usuarios que disponen de menos poder adquisitivo, que serán los que terminen sufriendo un mayor perjuicio para poder hacer uso de vías que son de propiedad pública.
Aunque el Ejecutivo de Sánchez ha tratado de edulcorar el impacto social que causaría esta medida, sugiriendo el "regalo de consolación" de que su implantación iría acompañada de "reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos menos favorecidos económicamente, o a usuarios habituales en ciertos tramos", sin embargo, no se ha atrevido siquiera a precisar en qué consistirán estas y cómo van a ser establecidas.
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En su valoración, FACUA indica que la implantación de un peaje en el uso de las carreteras españolas, supondrá un pago por igual a todos los usuarios, sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica. Resulta obvio, precisa FACUA, que ello perjudicará a aquellos que dispongan de menor poder adquisitivo.
Según estima FACUA en su análisis de la impactante decisión gubernamental, ésta ha sido anunciada en un momento en el que, en absoluto, existe una apuesta clara por el fomento del transporte colectivo eficaz y eficiente, que podría representar una alternativa realmente factible al uso del automóvil.
En el informe enviado por el gobierno a Bruselas, el Ejecutivo de la Coalición alega que este tipo de peaje podrá generar incentivos para una mayor eficiencia en el modo del transporte, posibilitando una reducción de las emisiones de gases con efectos invernadero.
FACUA, sin embargo, le plantea al Gobierno en su réplica, que si realmente ese fuera el motivo que lo empuja a obligar a que sean los ciudadanos los que paguen por el uso de las carreteras, al Ejecutivo de Sánchez le bastaría con garantizar y promocionar un transporte público colectivo, que disponga de infraestructuras suficientes y eficaces, y que pueda suponer una verdadera alternativa real al uso del vehículo privado.
REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL
La conocida Asociación "Consumidores en Acción" (FACUA) rechazó hoy de plano a través de un comunicado, el propósito del actual Gobierno de Coalición de implementar una ley a través de la cual se obligue a todos los usuarios de las carreteras españolas a pagar un peaje por el uso tanto de las carreteras estatales como regionales. La medida gubernamental pretende entrar en vigor a partir del año 2024.
El texto que ha enviado por la Coalición Gubernamental a Bruselas recoge la medida de un "mecanismo de pago" para avanzar hacia lo que el gobierno llama "la internalización de los costes internos" bajo el principio del "usuario pagador", o sea, de que "quien contamine, pague".
El propósito del Gobierno de Sánchez es implantar este pago primero en la red de alta capacidad - autovías y autopistas- y, posteriormente, tratará de aplicarlo "otras redes" de forma progresiva .
FACUA estima que el mantenimiento de las carreteras estatales debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado, de forma que las inversiones necesarias para el mantenimiento de las vías de comunicación salga de los impuestos directos de los ciudadanos.
Lo que realmente va suceder, según FACUA, es que esta medida terminará afectando más a los usuarios que disponen de menos poder adquisitivo, que serán los que terminen sufriendo un mayor perjuicio para poder hacer uso de vías que son de propiedad pública.
Aunque el Ejecutivo de Sánchez ha tratado de edulcorar el impacto social que causaría esta medida, sugiriendo el "regalo de consolación" de que su implantación iría acompañada de "reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos menos favorecidos económicamente, o a usuarios habituales en ciertos tramos", sin embargo, no se ha atrevido siquiera a precisar en qué consistirán estas y cómo van a ser establecidas.
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En su valoración, FACUA indica que la implantación de un peaje en el uso de las carreteras españolas, supondrá un pago por igual a todos los usuarios, sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica. Resulta obvio, precisa FACUA, que ello perjudicará a aquellos que dispongan de menor poder adquisitivo.
Según estima FACUA en su análisis de la impactante decisión gubernamental, ésta ha sido anunciada en un momento en el que, en absoluto, existe una apuesta clara por el fomento del transporte colectivo eficaz y eficiente, que podría representar una alternativa realmente factible al uso del automóvil.
En el informe enviado por el gobierno a Bruselas, el Ejecutivo de la Coalición alega que este tipo de peaje podrá generar incentivos para una mayor eficiencia en el modo del transporte, posibilitando una reducción de las emisiones de gases con efectos invernadero.
FACUA, sin embargo, le plantea al Gobierno en su réplica, que si realmente ese fuera el motivo que lo empuja a obligar a que sean los ciudadanos los que paguen por el uso de las carreteras, al Ejecutivo de Sánchez le bastaría con garantizar y promocionar un transporte público colectivo, que disponga de infraestructuras suficientes y eficaces, y que pueda suponer una verdadera alternativa real al uso del vehículo privado.
Maribel Santana | Viernes, 07 de Mayo de 2021 a las 23:41:47 horas
El problema es que la lucha no está en los parlamentos sino en las calles, en las escuelas, en las fabricas o todos los puestos de trabajo, en fin el parlamento es una herramienta mas de lucha pero no la única ni la principal. Vamos como corderitos a votar a los que nos engañan y ahí no se arregla el problema, sino en los altos ministerios junto con los bancos y los patronos a espaldas de los trabajadores y los que hablan en el parlamentos son monos que no deciden. Por eso la famosa frase de Marx: " la única democracia que tienen el pobre es votar cada 4 años que miembro de la clase opresora te representa y te aplasta en el parlamento"
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