LLEGAN AL PARLAMENTO LAS DENUNCIAS DE LOS ECOLOGISTAS CANARIOS CONTRA LA MINERÍA SUBMARINA EN AGUAS DE LAS ISLAS

   Las denuncias efectuadas por Ecologistas en Acción en relación a las investigaciones de minería submarina al sur de Canarias han llegado al Congreso de los Diputados.

    Durante las últimas semanas Ecologistas en Acción ha denunciado la nueva campaña que el buque de investigación británico James Cook ha iniciado para reanudar las investigaciones de minería submarina el el Monte Tropic, situado a 250 millas náuticas (463 km) al suroeste de la isla de El Hierro, y donde ha continuado extrayendo muestras de mineralizaciones de costras y nódulos de ferromanganeso, fosforitas y rocas volcánicas mediante un minisubmarino no tripulado.

   Ahora, la polémica llega al Congreso de los Diputados de la mano del diputado Juan López de Uralde, que ha presentado esta semana una batería de preguntas al Gobierno para conocer si las nuevas prospecciones submarinas del el National Oceanography Centre (NOC) británico han sido autorizadas por la Administración y bajo que amparo legal una vez que no consta que se hayan otorgado permisos de investigación o exploración, ni evaluado los impactos ambientales de dichas exploraciones.

    Las preguntas parlamentarias se hacen eco de las preocupaciones ecologistas, puesto que aunque estos montes, conocidos como "Las Abuelas de Canarias" o "Provincia Volcánica de las Islas Canarias", carecen de cualquier figura de protección ambiental, acogen hábitats prístinos submarinos, incluyendo especies vulnerables de corales y campos de esponjas. Varios investigadores han alertado sobre los impactos que la exploración y explotación minera submarina, como la que se viene realizando durante los últimos años, podría tener sobre estos hábitats tan delicados. Por ello, se pregunta al Gobierno si está dando pasos para la protección efectiva de estas áreas marinas. Aunque, paradójicamente, el partido al que pertenece López de Uralde, Unidas Podemos, forma parte del Ejecutivo.

   En el pasado, el Estado se ha escudado en la preconstitucional Ley de Minas de 1973 para dar cobertura jurídica a estas actividades, a pesar de que la minería submarina, tanto por sus métodos como potenciales impactos, apenas se asemeja a la terrestre en su nombre, pudiendo producir efectos nocivos en el medio ambiente marino a escala planetaria, desde los efectos tóxicos de los metales pesados a lo largo de la cadena trófica (incluyendo los recursos pesqueros) hasta la liberación de gases de efecto invernadero secuestrados en los fondos oceánicos, pasando por la destrucción irreversible de la biodiversidad marina (con sus consecuencias incluso para campos como la investigación médica y farmacéutica). Sin ir más lejos, el test para el diagnóstico de COVID-19 se desarrolló utilizando una enzima aislada de un microbio hallado en respiraderos hidrotermales de aguas profundas, un hábitat extremamente escaso y ahora amenazado por la minería submarina.