LOS 4 MILLONES DE EUROS GASTADOS EN MASCARILLAS QUE NUNCA LLEGARON A CANARIAS

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Mediante un comunicado remitido a la redación de canarias-semanal, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) ha reclamado "la destitución inmediata de los responsables políticos y que coadyuve a la vía judicial frente a las posibles responsabilidades penales", por el denominado "caso mascarillas".

   La ADSPC se refiere al contrato de emergencia que el Servicio Canario de Salud (SCS) adjudicó por cuatro millones de euros en mayo de 2020, en pleno estado de alarma por la pandemia de COVID-19, para la adquisición de un millón de mascarillas FFP3, de máxima protección. Un material que nunca llegó a su destino, los hospitales de las Islas.

    Lo que llegó al Archipiélago,  diez meses después, fue una partida de 900.000 mascarillas procedentes de Etiopía que, tras un control aduanero, acabaron siendo destruidas en una trituradora, después de que la empresa fabricante (3M) aportara un informe pericial que determinaba que el material interceptado en la aduana no era original.

   Dos años después de la firma de ese contrato, ni las mascarillas llegaron ni la administración ha recuperado el dinero que adelantó en su totalidad en dos pagos (en agosto y octubre de 2020) a la adjudicataria, RR7 United S.L., una empresa sin experiencia en el ámbito sanitario.

   Para la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC), en este caso "el Servicio Canario de la Salud, la Consejería de Sanidad y por ende el Gobierno de Canarias, han hecho gala de falta de transparencia y de información completa y veraz", del mismo modo que lo hicieran, anteriormente, en otros como los “casos hemodiálisis y oncología radioterápica del Hospital Dr.Negrín”".

  "Solo nos hemos enterado - denuncian -  2 años después de que se produjera esta presunta estafa, de 4 millones de euros por el pago de unas mascarillas que nunca llegaron, gracias a la denuncia de un particular y por la magnifica labor de investigación de algunos medios de comunicación".

   Los hechos son en opinión de la ADSPC "de una gravedad extrema, al haberse producido durante la crisis del covid-19, cuando la población y los profesionales sanitarios estaban sufriendo los estragos de la pandemia. La Asociación considera aberrante e inmoral que en esos momentos tan aciagos hubiera personas queriendo aprovecharse de la situación para buscar su lucro personal, realizando sospechosas operaciones de compraventa de material sanitario de dudosa legalidad que fueron amparadas, cuando no facilitadas, desde la administración pública y a una ciudadanía con el mayor índice de pobreza, la cesta de la compra más cara y una Sanidad y Salud Pública a la cola de España siendo además de las más privatizadas".

   "Resulta inaceptable  -afirman desde la ADSPC - la pérdida de tal cantidad de dinero público, que podría haber sido empleado para cubrir muchas de las necesidades que sigue padeciendo la ciudadanía canaria. Todo ello ha llevado a que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada lo investigue desde el pasado 8 de abril y a que la Fiscalía Europea pida también una investigación que llega hasta el Presidente del Gobierno de Canarias y no solo por las mascarillas sino que también por los test diagnósticos y otras lindezas".

   En opinión de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, "estos hechos solo se explican por presunta corrupción, por dolo o por negligencia e ineptitud e independientemente de que la Justicia intervenga, la sola pérdida de ese dinero, justifica la exigencia de “responsabilidades políticas” que deben recaer con carácter inmediato -dicen- en el Director del Servicio Canario de la Salud, el Consejero de Sanidad y el Presidente del Gobierno de Canarias."

   Además, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública reclama al Gobierno de Canarias "que se transparenten todas las compras y contrataciones realizadas durante la pandemia, que quedan ahora bajo sospecha. Y pide que se esclarezcan todas las cuestiones aún pendientes de responder sobre el “caso mascarillas”".

  Entre ellas, "por qué se realizaron los pagos cuando el Servicio Canario de la Salud ya conocía el fiasco, por qué se pagaron por adelantado unas mascarillas en octubre de 2020, cuando ya no había problemas de suministro ni estado de alarma que justificara contrataciones sin rigor".

   "Más aún -añaden -  por qué el Servicio Canario de la Salud continuó encargando material a RR7, la empresa intermediaria, después de haber incumplido el contrato. Por qué no se verificó la solvencia de la empresa, tal y como obligaba el procedimiento establecido para la contratación durante aquellas circunstancias excepcionales, por qué no se comprobó que RR7 no presentaba los mínimos requisitos de solvencia y por qué nadie se percató de que su objeto social nada tenía que ver con el sector sanitario, sino con la comercialización de coches".

   La ADSPC  pregunta, igualmente, "cuáles son los motivos por los que el Director del Servicio Canario de la Salud no denunció la estafa ante la Justicia, teniendo que enterarse la ciudadanía a través de la denuncia de un particular y por los medios de información y no por la acción del Gobierno. Cuestiona además el motivo de las dimisiones producidas en el área económica del Servicio Canario de la Salud".

   "¿Conocía el SCS el riesgo la operación de compra de las mascarillas? ¿Decidió realizar el pago pese a haber sido advertido por los técnicos? Y profundizando: ¿Qué y quién estaba detrás de todo esto?; ¿Qué tratos y acuerdos previos explican todo esto?". Hay muchas preguntas más - apuntan - que nos tendremos que hacer a medida que se vayan esclareciendo los hechos, si alguna vez se consigue".