TENIENTE GONZALO SEGURA: LAS CLAVES POLÍTICAS DEL INTENTO DE ASALTO AL PODER JUDICIAL

POR EL EX TENIENTE LUIS GONZALO SEGURA

Condensado de su artículo "El colapso del sistema judicial desnuda las enormes carencias democráticas de España"

     El diario de referencia en España, El País, medio preferente de filtraciones del PSOE que fue fundado por los franquistas en 1976, ha anunciado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano que nombra a los magistrados, se plantea utilizar a magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo con el fin de evitar un posible colapso judicial.
 
     España se encuentra inmersa en los últimos tres años en una nueva batalla por el control del Poder judicial, una confrontación que no es nueva, pero sí reveladora.
 

     No es nueva porque han sido múltiples las pugnas políticas por el control de la justicia desde los años noventa, pero sí es reveladora, ya que los vocales del CGPJ elegidos por los partidos políticos españoles son los encargados de controlar y juzgar al Gobierno y a los políticos.

Un codiciado y estratégico poder para los políticos

    Por un lado, la Sala de lo Penal es la encargada de juzgar a todos aquellos políticos que cuenten con aforamiento, es decir, tanto los miembros del Gobierno como los diputados o senadores. Por otro lado, la Sala de lo Contencioso-administrativo es la encargada de tramitar los recursos contra el Gobierno, el Congreso, el Senado, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional, lo que ha tenido y tendrá efectos directos en el Gobierno español, como por ejemplo, en el caso de los recursos contra los indultos de Pedro Sánchez a los políticos independentistas catalanes o en el nombramiento de Dolores Delgado, exministra de Justicia, como Fiscal General del Estado, todavía pendientes de resolver.
 

    Cualquiera puede, esbozada la cuestión, darse cuenta de la importancia que tiene para los políticos, los partidos y, sobre todo, para quienes están en las sombras, controlar al Consejo General del Poder Judicial y conseguir la mayor afinidad posible en los nombramientos de estos. Afinidad que permite nombrar a magistrados que se encuentran detrás de las exoneraciones de políticos en procesos de corrupción, como son los casos de María Dolores de Cospedal o Mariano Rajoy. 

     No obstante, Manuel García Castellón, magistrado en este caso de la Audiencia Nacional, es el mismo que no ha encontrado vinculación entre el caso Kitchen y Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal, a pesar de las múltiples evidencias existentes, pero sí ha imputado por terrorismo a independentistas catalanes que lo más que hicieron fue cortar carreteras.
 

    Es decir, pasa de sospechosamente ciego a asombrosamente precognitivo en modo Minority Report: en el caso de los altos cargos del PP no ve lo que hicieron, pero en el de los independentistas catalanes hasta anticipa lo que no hicieron.
 

Falta objetiva y subjetiva de independencia judicial

    Podríamos culpar de la situación actual al Partido Popular, sería lo sencillo, pero lo cierto es que el PSOE ha gobernado muchos más años en España que la derecha, en razón de 25 a 15 años, sin que haya ejercido reforma significativa que haya conducido a una efectiva independencia del poder judicial. Ni tan siquiera lo han intentado. Quizás, ello se deba en gran medida a lo expuesto recientemente por Enrique López, el portavoz de justicia del PP, que ha aseverado que su partido cuenta con "el apoyo de la mayoría de la carrera judicial".

     Efectivamente, los datos de los asociados en el mundo judicial demuestran que la mayoría de los jurídicos españoles son conservadores, pues solo una cuarta parte de los asociados lo han hecho por la asociación menos conservadora de magistrados, denominada Juezas y Jueces por la Democracia. Una asociación que, realmente, más que progresista debemos catalogarla como 'no reaccionaria', ya que algunos de sus asociados, como es el caso de Margarita Robles o Clara Martínez de Careaga, ambas muy vinculadas al PSOE, no parecen muy progresistas a tenor de sus resoluciones judiciales.

   De hecho, Margarita Robles es uno de los grandes iconos de la derecha ultra y de la ultraderecha españolas y Clara Martínez de Careaga se ha mostrado solidaria con sus compañeros de la Sala Militar en aquellas cuestiones esenciales, por aberrantes que pudieran ser.
 

    Sin embargo, que las asociaciones judiciales sean marcadamente conservadoras, incluso la más moderada, no justifica que el PSOE pretenda, en lugar de cambiar el sistema para implementar una verdadera independencia del poder judicial, cambiar el organigrama. Cambiar los cromos. Es decir, pareciera que al PSOE lo que le molesta realmente no es tanto que la composición judicial pueda ser adulterada políticamente hasta llegar prácticamente a un monopolio conservador, sino que no hayan sido ellos los que hayan inclinado los tribunales en su favor.

El peligroso recurso militar

     Descartadas otras opciones, como recuperar a magistrados jubilados o utilizar excepcionalmente a magistrados de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, según asegura el diario español de origen franquista, el CGPJ se inclina por el uso de magistrados de la Sala Militar debido a su especialización en materia penal y contencioso-administrativa. Un acontecimiento que provocaría no solo la extravagancia circunstancial propia de semejante situación, sino la constatación de la anomalía estructural que es España. Y es que la Justicia militar, eliminada en Francia hace cuarenta años y hace más de ochenta en Alemania -inexistente o civilizada en Europa-, es una anomalía en España debido al origen franquista de la democracia española.