CANARIAS BATE SU RÉCORD DE CONTAGIOS DIARIOS: EL TSJC IMPIDE EL TOQUE DE QUEDA PARA FRENARLOS

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    Un año y cuatro meses después de que la Organización Mundial de la Salud declarara oficialmente la pandemia por Covid-19, la situación en la mayor parte de Occidente, y más concretamente en la mayoría de países de la Unión Europea, se encuentra muy lejos de estar controlada.

    Pese a la vacunación, el Estado español es uno de los países con mayor incidencia del coronavirus y la situación en Canarias también continúa empeorando, mientras se encuentra totalmente inmersa en la 5ª ola.

   Este martes, 14 de julio, el Archipiélago  pulverizaba su propio récord de contagios diarios, al sumar 634. La Consejería de Sanidad notificó esta cifra, la peor en las islas desde el comienzo de la pandemia, y que deja muy atrás el anterior récord alcanzado la semana pasada, de 540 positivos en 24 horas.

 Esto eleva la cifra de positivos detectados en las islas desde el comienzo de la pandemia hasta los 66.795. De ellos, 6.489 se encuentran activos (342 más que un día antes).

    Por otro lado, una persona más ha ingresado en UCI (40 en total), hay 260 en planta (siete más que un día antes) y 6.189 en aislamiento domiciliario. Además, se ha producido una muerte más, con lo que la cifra de decesos sube a 795.

  Pero si la situación sanitaria continúa agravándose, resulta aún más preocupante por la reiterada decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de oponerse a las principales medidas propuestas por el Ejecutivo regional para tratar de reducir el ritmo de los contagios.

EL TSJC DECIDE SOBRE LA SALUD DE LA POBLACIÓN SIN TENER QUE RESPONDER POR LAS CONSECUENCIAS

 El pasado 29 de junio, el TSJC tumbaba la ejecución de algunas medidas para frenar los contagios de COVID-19 en Tenerife, en nivel 3 de alerta, como el cierre de la actividad interior en la hostelería.

   Este mismo miércoles, la  Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) volvía a denegar  la petición del Gobierno autónomo para imponer el toque de queda, entre las 00.30 horas y las 06.00 horas, en las islas con peores datos epidemiológicos, es decir, aquellas que alcancen los niveles 3 y 4 de alerta sanitaria.

   Por ahora, solo Tenerife se encontraría en el nivel 3 y el presidente del Cabildo de esta isla,  Pedro Martín,  calificó la resolución del TSJC como una “decepción”, considerando que  la propuesta del Ejecutivo autonómico “iba justamente en el camino” de intentar evitar que Tenerife entrara directamente en el nivel 4. "Ahora - apuntó Martín - para evitar que Tenerife pase a ese nivel 4"

   La petición del Gobierno regional, fue denegada por el alto tribunal que presidente el magistrado Juan Luis Lorenzo Bragado, pese a contar con el visto bueno de la Fiscalía, que argumentó que las medidas establecidas hasta ahora eran "ineficaces" para contener los numerosos contagios de COVID-19.

   Además, el fiscal apuntaba que la restricción en la movilidad nocturna se vuelve necesaria para lograr reducir las aglomeraciones y los encuentros, como se ha comprobado por las numerosas intervenciones policiales en fiestas ilegales y botellones que se suelen dar en este horario, evitando la interacción social que ha desatado la expansión desmedida del virus. La Fiscalía agregaba que la medida era idónea y que se tomaba en base a consideraciones científicas y confirmadas por la experiencia.

    Como se recordará, la potestad para decidir sobre este tipo de medidas sanitarias le fue los Tribunales Superiores de cada comunidad por el propio Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos, después de que optara por no prorrogar el Estado de alarma, durante el tiempo necesario para que la vacunación pudiera generar la llamada "inmunidad de grupo". 

    Aunque los Gobiernos regionales pueden interponer recursos ante el Tribunal Supremo frente a estos autos de los Tribunales Superiores autonómicos, el sistema político y judicial español no contempla ninguna disposición por la cual los magistrados de dichos tribunales pudieran responder ante la población, en el caso de que sus decisiones provoquen una mayor expansión del coronavirus, multiplicando el número de enfermos y de fallecidos.