EQUIPARAN EL CERCO ECONÓMICO IMPUESTO A VENEZUELA CON EL BLOQUEO CONTRA CUBA
Consejo de DDHH de la ONU: las 35 medidas coercitivas de EE.UU y sus aliados vulneran directamente los derechos humanos de los venezolanos
El Consejo de DDHH de la ONU reconoció que las “medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela vulneran los derechos humanos de la población nacional”. Según el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, a través de su cuenta en Twitter
Por FERMÍN DOMINGUEZ PARA CANARIAS SEMANAL. ORG.-
El Consejo de DDHH de la ONU reconoció que las “medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela vulneran los derechos humanos de la población nacional”.
Según el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, a través de su cuenta en Twitter el órgano aprobó por amplia mayoría una resolución presentada por Venezuela en nombre del Movimiento de los No Alineados sobre efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales (sanciones) en los DDHH.
De igual forma, la resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU exhorta a los Estados que las aplican a que dejen de avalar, sostener o aplicar medidas coercitivas unilaterales opuestas al derecho internacional, al derecho internacional humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas y principios que regulan las relaciones pacíficas entre los Estados, en particular medidas con efectos extraterritoriales, que crean obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados.
A la misma conclusión arriban las investigadoras María Lucrecia Hernández y Ana Gabriela Salazar, con un estudio, elaborado por desde el año 2014 hasta marzo de 2019 en el que se han aplicado las 35 medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, Suiza, el denominado Grupo de Lima y Panamá, que no solo “vulneran directamente los derechos humanos de las personas que habitan en su territorio, sino que obstaculizan e impiden al Estado garantizarlos y protegerlos, lo que al propio tiempo que afectan negativamente el desarrollo económico y social”.
El informe de trabajo señala asimismo, el grave impacto contra los derechos a la vida, la integridad personal y la alimentación del pueblo venezolano. En este sentido, advierte Sures, las llamadas sanciones y el bloqueo financiero contravienen el derecho internacional:
Entre ellas, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
En otra parte del documento se recuerda que este proceso se inicia con la aprobación por el Congreso de los Estados Unidos, en diciembre de 2014, durante la administración de Barack Obama de la Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil.
Para los especialistas, “esta ley incluye un conjunto de sanciones dirigidas al bloqueo económico, financiero y comercial de Venezuela, pero adicionalmente prevé expresamente ‘trabajar’ con los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, para asegurar la injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es, se trata de una ley que de forma explícita y expresa reconoce que contraviene los principios fundamentales del Derecho Internacional Público, de la Carta de la Organización de Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de Estados Americanos”.
En otra parte del informe se señala que es EEUU quien lleva la batuta con el 63% de las medidas coercitivas lo que representa 22 sanciones desde el año 2014. En segundo lugar del ranquin sancionador es para la Unión Europea que ha aplicado 4 medidas para un 11%.
En este sentido, en el texto se subraya la lacerante ironía de unas medidas que dicen estar orientadas a aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano, cuando lo que han hecho es agravar la situación al prohibir “taxativamente a las ciudadanas y ciudadanos norteamericanos y demás personas en territorio estadounidenses (empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de beneficencia, entre otras) realizar cualquier tipo de transacción o negocio con alguna persona o entidad del Estado venezolano, al tiempo que prevé amplias sanciones a quien así lo hiciere”.
Para Sures, esta situación establece expresamente un bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela, muy parecido al que ha impuesto sobre el pueblo cubano durante décadas a través la Ley Helms-Burton, que ha sido ampliamente rechazada por la Asamblea General de la ONU.
Por FERMÍN DOMINGUEZ PARA CANARIAS SEMANAL. ORG.-
El Consejo de DDHH de la ONU reconoció que las “medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela vulneran los derechos humanos de la población nacional”.
Según el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, a través de su cuenta en Twitter el órgano aprobó por amplia mayoría una resolución presentada por Venezuela en nombre del Movimiento de los No Alineados sobre efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales (sanciones) en los DDHH.
De igual forma, la resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU exhorta a los Estados que las aplican a que dejen de avalar, sostener o aplicar medidas coercitivas unilaterales opuestas al derecho internacional, al derecho internacional humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas y principios que regulan las relaciones pacíficas entre los Estados, en particular medidas con efectos extraterritoriales, que crean obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados.
A la misma conclusión arriban las investigadoras María Lucrecia Hernández y Ana Gabriela Salazar, con un estudio, elaborado por desde el año 2014 hasta marzo de 2019 en el que se han aplicado las 35 medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, Suiza, el denominado Grupo de Lima y Panamá, que no solo “vulneran directamente los derechos humanos de las personas que habitan en su territorio, sino que obstaculizan e impiden al Estado garantizarlos y protegerlos, lo que al propio tiempo que afectan negativamente el desarrollo económico y social”.
El informe de trabajo señala asimismo, el grave impacto contra los derechos a la vida, la integridad personal y la alimentación del pueblo venezolano. En este sentido, advierte Sures, las llamadas sanciones y el bloqueo financiero contravienen el derecho internacional:
Entre ellas, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
En otra parte del documento se recuerda que este proceso se inicia con la aprobación por el Congreso de los Estados Unidos, en diciembre de 2014, durante la administración de Barack Obama de la Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil.
Para los especialistas, “esta ley incluye un conjunto de sanciones dirigidas al bloqueo económico, financiero y comercial de Venezuela, pero adicionalmente prevé expresamente ‘trabajar’ con los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, para asegurar la injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es, se trata de una ley que de forma explícita y expresa reconoce que contraviene los principios fundamentales del Derecho Internacional Público, de la Carta de la Organización de Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de Estados Americanos”.
En otra parte del informe se señala que es EEUU quien lleva la batuta con el 63% de las medidas coercitivas lo que representa 22 sanciones desde el año 2014. En segundo lugar del ranquin sancionador es para la Unión Europea que ha aplicado 4 medidas para un 11%.
En este sentido, en el texto se subraya la lacerante ironía de unas medidas que dicen estar orientadas a aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano, cuando lo que han hecho es agravar la situación al prohibir “taxativamente a las ciudadanas y ciudadanos norteamericanos y demás personas en territorio estadounidenses (empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de beneficencia, entre otras) realizar cualquier tipo de transacción o negocio con alguna persona o entidad del Estado venezolano, al tiempo que prevé amplias sanciones a quien así lo hiciere”.
Para Sures, esta situación establece expresamente un bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela, muy parecido al que ha impuesto sobre el pueblo cubano durante décadas a través la Ley Helms-Burton, que ha sido ampliamente rechazada por la Asamblea General de la ONU.
Rafael Domínguez Losada | Viernes, 22 de Marzo de 2019 a las 23:16:54 horas
Eso al imperio y sus cipayos se la trae "pendulona". Siempre hicieron lo que se les puso en gana al margen de las resoluciones de la ONU, de su Carta y de la legislación internacional. La ONU creo que está bien como proyecto, pero es inoperante en la práctica.
Accede para votar (0) (0) Accede para responder