26 BURÓCRATAS DE UGT-CANARIAS PROCESADOS POR APROPIARSE DE FONDOS PARA DESEMPLEADOS (PRESUNTAMENTE)

Por EUGENIO FERNÁNDEZ / REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Hasta un total de 26 exdirigentes de UGT-Canarias irán a juicio por el llamado Caso Fundescan. Un procedimiento que investiga por los presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones públicas a miembros de la Fundación Canaria para el Desarrollo Social, que también pertenecían a UGT y que, presuntamente, utilizaban subvenciones para cursos con otros fines, como tapar agujeros económicos del propio sindicato.
 

   Entre los investigados se encuentran el consejero de Empleo del Cabildo grancanario, Gilberto Díaz (PSOE) y los exsecretarios generales de UGT Carlos Ucha y Juan Francisco Fonte. Otros cinco procesados evitarán ir a juicio solamente por la prescripción de sus presuntos delitos.

   Y es que el caso que ahora será juzgado se remonta a hechos que se iniciaron hace más de 13 años. Concretamente, el 6 de febrero de 1996, cuando UGT Canarias creó Fundescan. Una entidad vinculada y controlada por el sindicato, hasta el punto que los miembros de su órgano de gobierno o patronato eran nombrados por la comisión ejecutiva regional de UGT Canarias entre los afiliados del sindicato y, especialmente, entre los miembros de la comisión ejecutiva.

   Aprovechándose de este control sobre la fundación, los directivos de UGT- Canarias comenzaron a utilizar presuntamente Fundescan como un instrumento para la financiación indirecta del sindicato, mediante la obtención de subvenciones concedidas por el Gobierno de Canarias destinadas a la formación de trabajadores y el desarrollo de los denominados planes de formación.

  De acuerdo a la acusación realizada por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, Florencio Luis Barrera, los procesados, con el objeto de  obtener un beneficio económico a costa del Gobierno de Canarias y Fundescan, y en favor de UGT-Canarias, y prevaliéndose de su condición de miembros de la comisión ejecutiva del sindicato o del patronato, habrían solicitado una serie de subvenciones para el desarrollo de diversos planes de formación dirigidos a trabajadores durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009.

GUSTAVO SANTANA SOSTIENE QUE TODO SE DEBE A UNA "INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMATIVA"

  Tras conocerse el auto de procesamiento emitido por el magistrado  Luis Barrera, el actual secretario general de UGT-Canarias, Gustavo Santana, manifestó que dicho auto  "se basa en una errónea interpretación de la normativa que regula las subvenciones a la formación de trabajadores" y anunció que  "su sindicato presentará un recurso contra la resolución del juzgado".

   El auto de procesamiento del juez, no obstante, argumenta de forma contundente que UGT-Canarias se apropiaba de parte de las subvenciones que recibía del Gobierno de Canarias para la formación de trabajadores. Unos 872.000 euros que UGT asegura haber empleado, "dentro de los límites establecidos", para gastos de "gestión, divulgación y justificación" y que, según la resolución judicial, se emplearon, en cambio, para gastos del sindicato que nada tenían que ver con el objeto de las subvenciones, esto es, la formación de trabajadores. En uno de los casos, según reza el auto de procesamiento, la apropiación se realizó "bajo la falsa excusa de que dicha cantidad se dedicaría a cubrir los costes de apoyo administrativo, gestión y control de los cursos", cuando estas actividades en realidad "iban a ser y fueron desarrolladas, de hecho, por Fundescan".

ALGO MÁS QUE "CASOS AISLADOS": LA VERDADERA RAÍZ DE LA CORRUPCIÓN

   Cabe recordar, en cualquier caso, que el de Fundescan no es, en absoluto, el único caso en el que se juzgan la realización de estos procedimientos  presuntamente ilegales y corruptos en el seno de los sindicatos amarrillos UGT y Comisiones Obreras.

   Suficientemente conocido es, por ejemplo, el llamado Caso de los ERES de Andalucía, referido a la presunta apropiación ilícita de cientos de millones de euros, destinados igualmente a la formación de los desempleados.

   Este, y otros muchos casos destapados en los últimos años, parecen indicar que dicho "modus operandi" ha sido estimulado  por el mismo mecanismo de financiación de los llamados "sindicatos de la concertación". Instituciones convertidas mediante las subvenciones estatales en meros aparatos burocráticos, ajenas por completo a los que históricamente se han denominado sindicatos de clase y en las que el  perfil tradicional del sindicalista enfrentado al poder económico y gubernamental, ha sido sustituido por el del sindicalista "gestor", especializado en negociar y ofrecer servicios y siempre dispuesto, para garantizar la perpetuación de su modo de vida, a llegar a acuerdos con la patronal y los Gobiernos que las representan. 

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