TENERIFE, EN VENTA POR PARCELAS: EL NEGOCIO DE LOS HOTELES DE LUJO QUE AVANZA SOBRE PLAYA SAN JUAN
Dos empresas vinculadas al capital belga controlan el 95 % de los terrenos de un proyecto turístico de 267.000 metros cuadrados
Dos hoteles de lujo, 1.100 plazas turísticas y 267.000 metros cuadrados de costa en juego. Detrás del proyecto Costa San Juan, un grupo empresarial de capital belga controla casi todo el suelo, mientras las organizaciones ecologistas denuncian una nueva ofensiva urbanística sobre Tenerife.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El pasado sábado, 31 de octubre, decenas de kayaks y tablas de surf se reunieron frente a Playa San Juan, en el suroeste de Tenerife. En el agua flotaba una pancarta: «Teno-Rasca no se toca». Más de un centenar de personas protestaban al mismo tiempo en tierra contra la urbanización de un litoral de enorme valor ecológico. Allí se prepara una operación que explica su preocupación: dos hoteles de cinco estrellas gran lujo, 1.100 plazas alojativas y 33 parcelas residenciales sobre antiguos terrenos agrícolas. Costa San Juan abarca 267.130 metros cuadrados en Guía de Isora y unos 950 metros de frente litoral. Detrás del proyecto aparece una historia reveladora: cómo las decisiones públicas continúan conviertiendo el suelo del archipiélago en oportunidades de nuevos pelotazos económicos para grandes propietarios privados.
¿DE QUIÉN ES EL TERRENO?
Una investigación publicada el 1 de noviembre por Natalia G. Vargas en Canarias Ahora identifica a las sociedades Costa San Juan Inversiones S. L. y Costa San Juan Hoteles S. L. como propietarias, conjuntamente, del 95,18 % del suelo del sector. Ambas están vinculadas, mediante otras sociedades, al grupo Los Menceyes, de capital belga, relacionado con el empresario Stan Weytjens, cónsul honorario de Países Bajos en Tenerife.
La expresión «desarrollo de Playa San Juan» oculta, por tanto, una realidad bastante concreta: casi toda la propiedad pertenece a dos empresas de la misma red societaria. Esa concentración les permite desempeñar un papel dominante en las decisiones y en los eventuales beneficios.
La concentración tiene también una historia política. Según Diario de Avisos, en 2013 había nueve propietarios y 39 parcelas catastrales; hoy quedan seis titulares. Entre 2017 y 2020, bajo los gobiernos municipales del PSOE, presididos primero por Pedro Martín y, desde agosto de 2019, por Josefa Mesa, el Ayuntamiento de Guía de Isora tramitó la expropiación de terrenos cuyos propietarios no se habían incorporado al sistema de compensación. Los recursos judiciales contra estas expropiaciones fueron finalmente desestimados, lo que permitió avanzar en la concentración de la propiedad necesaria para desarrollar el proyecto turístico.
De esta forma, aunque la urbanización turística como iniciativa privada, reunir los terrenos exigió esta intervención decisiva del poder público. La Administración estableció las reglas y permitió superar la resistencia de propietarios que no querían participar. El negocio privado se ha construido también mediante estas decisiones públicas.
CUÁNTO VALE CONVERTIR TIERRA EN SUELO TURÍSTICO
El Ayuntamiento de Guía de Isora, gobernado por Coalición Canaria y el Partido Popular, con Ana Dorta (CC) como alcaldesa, aprobó inicialmente la reparcelación en septiembre de 2026, conforme a un plan aprobado en 2013 durante el gobierno municipal del PSOE, presidido entonces por Pedro Martín. El trámite reorganiza los terrenos y los derechos edificatorios, pero no equivale a una autorización definitiva de todos los edificios.
Los hoteles ocuparían parcelas que suman 111.270 metros cuadrados, el 41,56 % del ámbito, con capacidades respectivas de 600 y 500 plazas. Se añaden 33 parcelas residenciales. En total, 157.859 metros cuadrados se destinan a usos lucrativos, aproximadamente el 59 % del sector, y 109.271 a espacios y dotaciones públicas.
La documentación urbanística valora las parcelas lucrativas en unos 41,99 millones de euros. Es una valoración técnica, no el precio definitivo al que se venderán ni una estimación de beneficios. Pero permite entender por qué la clasificación y los aprovechamientos urbanísticos tienen una importancia económica tan grande: lo que se autoriza a hacer con el terreno condiciona profundamente cuánto vale.
Para valorar las villas, la memoria del proyecto llegó a utilizar anuncios inmobiliarios de chalés situados en Adeje y Arona, con precios de entre uno y dos millones de euros, según la investigación de Canarias Ahora. Son referencias de mercado, no precios de venta ya acordados para Costa San Juan. Pero indican a qué clientela se dirige la parte residencial. Difícilmente puede presentarse esa oferta como respuesta a las necesidades de vivienda de las familias trabajadoras de Tenerife.
El mismo terreno puede valer mucho más si se autoriza construir hoteles que si se destina a cultivos. Parte de esa revalorización procede de decisiones administrativas. ¿Quién termina apropiándose de ella?
La compensación propuesta al Ayuntamiento por el 10 % del aprovechamiento asciende a unos 4,2 millones de euros. Las cargas de urbanización rondan los 23,94 millones, a cargo de los propietarios. No incluyen la construcción completa de los hoteles ni permiten calcular los futuros beneficios.
EL SUELO AGRÍCOLA QUE «YA NO SERVÍA»
La memoria urbanística señala que apenas unos 25.000 metros cuadrados, alrededor del 9 % del sector, conservan actividad agrícola. El resto se describe mayoritariamente como suelo abandonado. Esa situación facilita presentar la urbanización como una salida natural para terrenos que habrían perdido su función productiva.
Pero ese abandono necesita una explicación. ¿Influyeron el precio del agua, la rentabilidad agrícola o las expectativas inmobiliarias? Sin estudiar las explotaciones y la propiedad no puede saberse. Un terreno abandonado tampoco se convierte automáticamente en un lugar idóneo para construir hoteles.
Las edificaciones y nuevas infraestructuras modificarán el territorio durante décadas y dificultarán recuperar su uso agrícola, incluso si las necesidades futuras aconsejasen hacerlo.
¿Y LOS EMPLEOS? ¿Y LOS PARQUES?
El grupo Los Menceyes defiende que Costa San Juan aportará aproximadamente 62.431 metros cuadrados de zonas verdes y espacios públicos, con dos parques urbanos, carril bici y equipamientos comunitarios. También sostiene que todavía no puede concretar el calendario de construcción de los hoteles y las viviendas. Son elementos que deben tenerse en cuenta: el proyecto incorpora obligaciones urbanísticas y sus edificios principales aún no están definidos por completo.
La existencia de espacios públicos es positiva si son realmente accesibles y se mantienen en buenas condiciones. Pero tampoco debe confundirse la cesión de terrenos exigida por la ordenación con un gesto voluntario de generosidad empresarial. Forma parte de las reglas que permiten desarrollar el sector y obtener aprovechamientos privados.
Pero los jardines no eliminan los efectos de añadir 1.100 plazas alojativas y viviendas en la costa. Falta conocer el consumo de agua y energía, el tratamiento de aguas residuales y las necesidades de servicios. Tampoco basta con prometer empleo: importan los puestos permanentes, los salarios y las condiciones laborales.
La pregunta resulta inevitable: ¿qué gana la población al dedicar una superficie tan extensa a clientes de alto poder adquisitivo? Habrá que comparar los empleos y los ingresos públicos con los costes territoriales.
UN MAR PROTEGIDO, UNA COSTA CADA VEZ MÁS OCUPADA
Frente al sector se extiende la Franja Marina Teno-Rasca, declarada Zona Especial de Conservación en 2011 e integrada en la Red Natura 2000. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, abarca casi 69.490 hectáreas de aguas occidentales y suroccidentales de Tenerife. La protección afecta al espacio marino y no supone, por sí misma, la prohibición de cualquier obra en la costa cercana. Sí obliga a examinar los posibles efectos sobre los hábitats y especies protegidos conforme a la normativa aplicable.
Las organizaciones que participaron en la protesta del 31 de octubre, entre ellas Greenpeace, ATAN y Ben Magec-Ecologistas en Acción, denuncian hasta dieciséis proyectos turísticos, residenciales y de infraestructuras que incrementan la presión sobre esta franja litoral. Reclaman una moratoria, la actualización del plan de gestión de Teno-Rasca y estudios que no examinen cada actuación como si las demás no existieran.
La acumulación importa. Los efectos combinados de hoteles, carreteras, puertos y tráfico marítimo pueden superar los de cada obra por separado. Evaluarlos no implica dar por demostradas infracciones todavía no acreditadas.
También está en discusión el derecho a la información. ATAN solicitó documentos municipales sobre las obras y el Comisionado de Transparencia de Canarias le dio la razón en su resolución R712/2026, de 25 de septiembre. No está comprobado que el Ayuntamiento haya entregado ya toda la documentación. Sin ella resulta difícil fiscalizar las decisiones públicas.
Costa San Juan retrata un modelo económico reconocible: suelo concentrado, administraciones que permiten transformarlo y promotores que prometen actividad y empleo. Que una obra genere puestos de trabajo o espacios útiles no resuelve si sus beneficios compensan los costes ni quién decide el futuro del litoral.
Mientras la vivienda resulta inaccesible para numerosos residentes y la costa natural se convierte en un bien cada vez más escaso, Tenerife se dispone a dedicar otros 267.130 metros cuadrados a hoteles y residencias de alto nivel.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El pasado sábado, 31 de octubre, decenas de kayaks y tablas de surf se reunieron frente a Playa San Juan, en el suroeste de Tenerife. En el agua flotaba una pancarta: «Teno-Rasca no se toca». Más de un centenar de personas protestaban al mismo tiempo en tierra contra la urbanización de un litoral de enorme valor ecológico. Allí se prepara una operación que explica su preocupación: dos hoteles de cinco estrellas gran lujo, 1.100 plazas alojativas y 33 parcelas residenciales sobre antiguos terrenos agrícolas. Costa San Juan abarca 267.130 metros cuadrados en Guía de Isora y unos 950 metros de frente litoral. Detrás del proyecto aparece una historia reveladora: cómo las decisiones públicas continúan conviertiendo el suelo del archipiélago en oportunidades de nuevos pelotazos económicos para grandes propietarios privados.
¿DE QUIÉN ES EL TERRENO?
Una investigación publicada el 1 de noviembre por Natalia G. Vargas en Canarias Ahora identifica a las sociedades Costa San Juan Inversiones S. L. y Costa San Juan Hoteles S. L. como propietarias, conjuntamente, del 95,18 % del suelo del sector. Ambas están vinculadas, mediante otras sociedades, al grupo Los Menceyes, de capital belga, relacionado con el empresario Stan Weytjens, cónsul honorario de Países Bajos en Tenerife.
La expresión «desarrollo de Playa San Juan» oculta, por tanto, una realidad bastante concreta: casi toda la propiedad pertenece a dos empresas de la misma red societaria. Esa concentración les permite desempeñar un papel dominante en las decisiones y en los eventuales beneficios.
La concentración tiene también una historia política. Según Diario de Avisos, en 2013 había nueve propietarios y 39 parcelas catastrales; hoy quedan seis titulares. Entre 2017 y 2020, bajo los gobiernos municipales del PSOE, presididos primero por Pedro Martín y, desde agosto de 2019, por Josefa Mesa, el Ayuntamiento de Guía de Isora tramitó la expropiación de terrenos cuyos propietarios no se habían incorporado al sistema de compensación. Los recursos judiciales contra estas expropiaciones fueron finalmente desestimados, lo que permitió avanzar en la concentración de la propiedad necesaria para desarrollar el proyecto turístico.
De esta forma, aunque la urbanización turística como iniciativa privada, reunir los terrenos exigió esta intervención decisiva del poder público. La Administración estableció las reglas y permitió superar la resistencia de propietarios que no querían participar. El negocio privado se ha construido también mediante estas decisiones públicas.
CUÁNTO VALE CONVERTIR TIERRA EN SUELO TURÍSTICO
El Ayuntamiento de Guía de Isora, gobernado por Coalición Canaria y el Partido Popular, con Ana Dorta (CC) como alcaldesa, aprobó inicialmente la reparcelación en septiembre de 2026, conforme a un plan aprobado en 2013 durante el gobierno municipal del PSOE, presidido entonces por Pedro Martín. El trámite reorganiza los terrenos y los derechos edificatorios, pero no equivale a una autorización definitiva de todos los edificios.
Los hoteles ocuparían parcelas que suman 111.270 metros cuadrados, el 41,56 % del ámbito, con capacidades respectivas de 600 y 500 plazas. Se añaden 33 parcelas residenciales. En total, 157.859 metros cuadrados se destinan a usos lucrativos, aproximadamente el 59 % del sector, y 109.271 a espacios y dotaciones públicas.
La documentación urbanística valora las parcelas lucrativas en unos 41,99 millones de euros. Es una valoración técnica, no el precio definitivo al que se venderán ni una estimación de beneficios. Pero permite entender por qué la clasificación y los aprovechamientos urbanísticos tienen una importancia económica tan grande: lo que se autoriza a hacer con el terreno condiciona profundamente cuánto vale.
Para valorar las villas, la memoria del proyecto llegó a utilizar anuncios inmobiliarios de chalés situados en Adeje y Arona, con precios de entre uno y dos millones de euros, según la investigación de Canarias Ahora. Son referencias de mercado, no precios de venta ya acordados para Costa San Juan. Pero indican a qué clientela se dirige la parte residencial. Difícilmente puede presentarse esa oferta como respuesta a las necesidades de vivienda de las familias trabajadoras de Tenerife.
El mismo terreno puede valer mucho más si se autoriza construir hoteles que si se destina a cultivos. Parte de esa revalorización procede de decisiones administrativas. ¿Quién termina apropiándose de ella?
La compensación propuesta al Ayuntamiento por el 10 % del aprovechamiento asciende a unos 4,2 millones de euros. Las cargas de urbanización rondan los 23,94 millones, a cargo de los propietarios. No incluyen la construcción completa de los hoteles ni permiten calcular los futuros beneficios.
EL SUELO AGRÍCOLA QUE «YA NO SERVÍA»
La memoria urbanística señala que apenas unos 25.000 metros cuadrados, alrededor del 9 % del sector, conservan actividad agrícola. El resto se describe mayoritariamente como suelo abandonado. Esa situación facilita presentar la urbanización como una salida natural para terrenos que habrían perdido su función productiva.
Pero ese abandono necesita una explicación. ¿Influyeron el precio del agua, la rentabilidad agrícola o las expectativas inmobiliarias? Sin estudiar las explotaciones y la propiedad no puede saberse. Un terreno abandonado tampoco se convierte automáticamente en un lugar idóneo para construir hoteles.
Las edificaciones y nuevas infraestructuras modificarán el territorio durante décadas y dificultarán recuperar su uso agrícola, incluso si las necesidades futuras aconsejasen hacerlo.
¿Y LOS EMPLEOS? ¿Y LOS PARQUES?
El grupo Los Menceyes defiende que Costa San Juan aportará aproximadamente 62.431 metros cuadrados de zonas verdes y espacios públicos, con dos parques urbanos, carril bici y equipamientos comunitarios. También sostiene que todavía no puede concretar el calendario de construcción de los hoteles y las viviendas. Son elementos que deben tenerse en cuenta: el proyecto incorpora obligaciones urbanísticas y sus edificios principales aún no están definidos por completo.
La existencia de espacios públicos es positiva si son realmente accesibles y se mantienen en buenas condiciones. Pero tampoco debe confundirse la cesión de terrenos exigida por la ordenación con un gesto voluntario de generosidad empresarial. Forma parte de las reglas que permiten desarrollar el sector y obtener aprovechamientos privados.
Pero los jardines no eliminan los efectos de añadir 1.100 plazas alojativas y viviendas en la costa. Falta conocer el consumo de agua y energía, el tratamiento de aguas residuales y las necesidades de servicios. Tampoco basta con prometer empleo: importan los puestos permanentes, los salarios y las condiciones laborales.
La pregunta resulta inevitable: ¿qué gana la población al dedicar una superficie tan extensa a clientes de alto poder adquisitivo? Habrá que comparar los empleos y los ingresos públicos con los costes territoriales.
UN MAR PROTEGIDO, UNA COSTA CADA VEZ MÁS OCUPADA
Frente al sector se extiende la Franja Marina Teno-Rasca, declarada Zona Especial de Conservación en 2011 e integrada en la Red Natura 2000. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, abarca casi 69.490 hectáreas de aguas occidentales y suroccidentales de Tenerife. La protección afecta al espacio marino y no supone, por sí misma, la prohibición de cualquier obra en la costa cercana. Sí obliga a examinar los posibles efectos sobre los hábitats y especies protegidos conforme a la normativa aplicable.
Las organizaciones que participaron en la protesta del 31 de octubre, entre ellas Greenpeace, ATAN y Ben Magec-Ecologistas en Acción, denuncian hasta dieciséis proyectos turísticos, residenciales y de infraestructuras que incrementan la presión sobre esta franja litoral. Reclaman una moratoria, la actualización del plan de gestión de Teno-Rasca y estudios que no examinen cada actuación como si las demás no existieran.
La acumulación importa. Los efectos combinados de hoteles, carreteras, puertos y tráfico marítimo pueden superar los de cada obra por separado. Evaluarlos no implica dar por demostradas infracciones todavía no acreditadas.
También está en discusión el derecho a la información. ATAN solicitó documentos municipales sobre las obras y el Comisionado de Transparencia de Canarias le dio la razón en su resolución R712/2026, de 25 de septiembre. No está comprobado que el Ayuntamiento haya entregado ya toda la documentación. Sin ella resulta difícil fiscalizar las decisiones públicas.
Costa San Juan retrata un modelo económico reconocible: suelo concentrado, administraciones que permiten transformarlo y promotores que prometen actividad y empleo. Que una obra genere puestos de trabajo o espacios útiles no resuelve si sus beneficios compensan los costes ni quién decide el futuro del litoral.
Mientras la vivienda resulta inaccesible para numerosos residentes y la costa natural se convierte en un bien cada vez más escaso, Tenerife se dispone a dedicar otros 267.130 metros cuadrados a hoteles y residencias de alto nivel.
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