HUELGA DE MÉDICOS Y RECHAZO DE LA ENFERMERÍA: ¿LUCHA POR LA SANIDAD PÚBLICA O POR BENEFICIOS CORPORATIVOS?
Los médicos reclaman un estatuto propio, el Consejo General de Enfermería cuestiona la "creación de normas para una elite"
Mientras el Gobierno impulsa una reforma del Estatuto Marco que dice modernizar el sistema, los médicos se levantan en huelga nacional para denunciar que el texto ignora sus condiciones reales de trabajo. Pero no están solos: otros colectivos sanitarios también protestan, aunque con diferencias clave. El conflicto sanitario de 2025 expone mucho más que una disputa sectorial: revela la crisis estructural de la sanidad pública y la urgencia de una transformación que ponga la salud y la dignidad profesional en el centro.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Este martes, 9 de diciembre, un grupo de médicos se concentraba a las puertas del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, convocados en el marco de la huelga estatal promovida por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, en protesta contra el anteproyecto del nuevo Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud.
El seguimiento de la huelga fue valorado de forma dispar. Mientras los sindicatos sostienen que en Canarias fue secundada por alrededor del 60 % del colectivo, la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico situó la cifra en apenas un 18,53 %.
El motivo inmediato de la huelga es la reforma legal que impulsa el Ministerio de Sanidad para sustituir el Estatuto Marco vigente desde 2003. Un texto considerado obsoleto, pero que —según los médicos— "se pretende renovar sin responder a las condiciones reales de su trabajo".
Los sanitarios denuncian que, lejos de ser una mejora,
"el nuevo borrador recorta derechos, no reconoce sus especificidades profesionales y profundiza el deterioro estructural de la sanidad pública".
La raíz del conflicto no está en un detalle técnico, sino en un sistema que lleva años tensionado hasta el límite. Los recortes presupuestarios, las privatizaciones encubiertas, la temporalidad, las jubilaciones no cubiertas y la creciente sobrecarga asistencial han convertido al Sistema Nacional de Salud en una estructura debilitada. En muchos centros, las plantillas son claramente insuficientes para responder a la demanda y los profesionales trabajan con agendas saturadas, escasez de recursos y bajo condiciones que afectan su salud física y mental.
Los médicos que se movilizan no denuncian solamente sus condiciones laborales, sino el impacto directo que éstas tienen en la calidad de la atención. La falta de personal genera esperas prolongadas, "consultas exprés" y, en consecuencia, una sanidad menos humana.
EL ESTATUTO MARCO COMO DETONANTE
El Estatuto Marco es la norma que regula el empleo de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud: tipos de contrato, jornada laboral, movilidad, derechos laborales, carrera profesional y otros aspectos fundamentales. Su revisión, en teoría, respondía a la necesidad de adaptarlo a la realidad actual del sistema. Pero el borrador presentado por el Gobierno ha sido recibido con rechazo por buena parte del colectivo médico.
Una de las principales razones del descontento de los médicos es que el nuevo texto "sigue regulando de forma genérica al conjunto del personal sanitario, sin tener en cuenta las diferencias sustantivas del trabajo médico".
Los sindicatos médicos consideran que esto invisibiliza la especificidad de su labor: la carga asistencial, la realización habitual de guardias, la responsabilidad diagnóstica y terapéutica, la presión judicial y mediática, y la formación especializada de larga duración.
Por ello, reclaman un marco legal propio, es decir, un estatuto específico para médicos que les permita "negociar directamente sus condiciones laborales y que reconozca la singularidad de su trabajo".
Además del estatuto propio, reclaman que las horas de guardia sean retribuidas como horas extraordinarias reales y no como una prolongación mal pagada de la jornada ordinaria. Piden, asimismo, que se fijen ratios de personal que eviten la sobrecarga estructural, que se establezcan incentivos para cubrir plazas en zonas de difícil cobertura (como las rurales o las islas), que se promueva una carrera profesional basada en méritos objetivos y que se respeten los derechos adquiridos —como el derecho al descanso, a la conciliación y a la movilidad voluntaria— que la nueva norma podría desdibujar o eliminar.
TENSIÓN ENTRE COLECTIVOS: EL RECHAZO DE LA ENFERMERÍA
Pero no todo el personal sanitario apoya la exigencia de los médicos. Desde el colectivo de enfermería —el más numeroso dentro del sistema sanitario— se han expresado críticas claras al planteamiento de un estatuto exclusivo para médicos. El sindicato SATSE y el Consejo General de Enfermería han defendido
"la necesidad de mantener un marco común, aunque con regulaciones internas que contemplen las particularidades de cada profesión".
Para estos colectivos, la fragmentación legal de los profesionales del sistema no fortalece la sanidad pública, sino que introduce jerarquías, privilegios y desigualdades que pueden generar tensiones internas. En palabras del Consejo de Enfermería,
“una sanidad pública fuerte se basa en el reconocimiento equitativo de todas las profesiones, no en la creación de normas a medida de una élite médica".
Este desacuerdo interno expone una grieta importante en el movimiento sanitario: la fractura entre profesiones que, aunque comparten muchas condiciones laborales precarias, a menudo son tratadas de forma desigual tanto por la administración como por las propias organizaciones sindicales.
Pero este conflicto no puede leerse como una simple disputa laboral entre un colectivo profesional y la administración. Lo que está en juego es la estructura de poder dentro del sistema sanitario, las formas de organización del trabajo y el modelo social de salud.
Si el sistema sanitario se rige por criterios de "de rentabilidad" —y no por las necesidades reales de la población ni por la dignidad del trabajo—, los trabajadores se ven forzados a competir por recursos, condiciones y reconocimiento. Lo que debería ser una lucha unitaria por la defensa de la sanidad pública, se convierte entonces en un campo de batalla por parcelas de poder dentro de un sistema en crisis.
El riesgo de esta dinámica es claro: que una eventual mejora de las condiciones para un sector (por ejemplo, los médicos) se haga a costa del debilitamiento del resto del personal, consolidando jerarquías internas que reproducen desigualdades estructurales. De esta forma, en lugar de una reforma que dignifique a todos los trabajadores del sistema, se podría estar avanzando hacia un modelo de sanidad corporativa, donde el valor del trabajo se mide en función del estatus y no del aporte colectivo.
EL FUTURO DE LA SANIDAD PÚBLICA EN JUEGO
Lo que comenzó como una protesta puntual por un anteproyecto de ley se ha convertido en una expresión visible del agotamiento de un modelo que, de forma sistemática, ha sido vaciado de recursos que se entregan a la sanidad privada mediante el procedimiento de los conciertos. La sanidad pública no puede sostenerse indefinidamente sobre la sobrecarga, la precariedad y la desorganización. Tampoco puede permitirse reproducir lógicas de privilegio que enfrenten a unos profesionales con otros.
La huelga médica ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión de fondo: ¿queremos un sistema de salud público que funcione como un bien común, gestionado democráticamente por sus trabajadores y orientado al bienestar colectivo? ¿O vamos hacia una sanidad estratificada, fragmentada y sometida a las reglas del mercado?
El desenlace del conflicto dependerá de la capacidad de los colectivos para construir una lucha unitaria, transversal, que no se limite a la negociación de mejoras corporativas, sino que enfrente el problema de raíz: la mercantilización progresiva de un derecho esencial como la salud.
Fuentes utilizadas
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Este martes, 9 de diciembre, un grupo de médicos se concentraba a las puertas del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, convocados en el marco de la huelga estatal promovida por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, en protesta contra el anteproyecto del nuevo Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud.
El seguimiento de la huelga fue valorado de forma dispar. Mientras los sindicatos sostienen que en Canarias fue secundada por alrededor del 60 % del colectivo, la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico situó la cifra en apenas un 18,53 %.
El motivo inmediato de la huelga es la reforma legal que impulsa el Ministerio de Sanidad para sustituir el Estatuto Marco vigente desde 2003. Un texto considerado obsoleto, pero que —según los médicos— "se pretende renovar sin responder a las condiciones reales de su trabajo".
Los sanitarios denuncian que, lejos de ser una mejora,
"el nuevo borrador recorta derechos, no reconoce sus especificidades profesionales y profundiza el deterioro estructural de la sanidad pública".
La raíz del conflicto no está en un detalle técnico, sino en un sistema que lleva años tensionado hasta el límite. Los recortes presupuestarios, las privatizaciones encubiertas, la temporalidad, las jubilaciones no cubiertas y la creciente sobrecarga asistencial han convertido al Sistema Nacional de Salud en una estructura debilitada. En muchos centros, las plantillas son claramente insuficientes para responder a la demanda y los profesionales trabajan con agendas saturadas, escasez de recursos y bajo condiciones que afectan su salud física y mental.
Los médicos que se movilizan no denuncian solamente sus condiciones laborales, sino el impacto directo que éstas tienen en la calidad de la atención. La falta de personal genera esperas prolongadas, "consultas exprés" y, en consecuencia, una sanidad menos humana.
EL ESTATUTO MARCO COMO DETONANTE
El Estatuto Marco es la norma que regula el empleo de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud: tipos de contrato, jornada laboral, movilidad, derechos laborales, carrera profesional y otros aspectos fundamentales. Su revisión, en teoría, respondía a la necesidad de adaptarlo a la realidad actual del sistema. Pero el borrador presentado por el Gobierno ha sido recibido con rechazo por buena parte del colectivo médico.
Una de las principales razones del descontento de los médicos es que el nuevo texto "sigue regulando de forma genérica al conjunto del personal sanitario, sin tener en cuenta las diferencias sustantivas del trabajo médico".
Los sindicatos médicos consideran que esto invisibiliza la especificidad de su labor: la carga asistencial, la realización habitual de guardias, la responsabilidad diagnóstica y terapéutica, la presión judicial y mediática, y la formación especializada de larga duración.
Por ello, reclaman un marco legal propio, es decir, un estatuto específico para médicos que les permita "negociar directamente sus condiciones laborales y que reconozca la singularidad de su trabajo".
Además del estatuto propio, reclaman que las horas de guardia sean retribuidas como horas extraordinarias reales y no como una prolongación mal pagada de la jornada ordinaria. Piden, asimismo, que se fijen ratios de personal que eviten la sobrecarga estructural, que se establezcan incentivos para cubrir plazas en zonas de difícil cobertura (como las rurales o las islas), que se promueva una carrera profesional basada en méritos objetivos y que se respeten los derechos adquiridos —como el derecho al descanso, a la conciliación y a la movilidad voluntaria— que la nueva norma podría desdibujar o eliminar.
TENSIÓN ENTRE COLECTIVOS: EL RECHAZO DE LA ENFERMERÍA
Pero no todo el personal sanitario apoya la exigencia de los médicos. Desde el colectivo de enfermería —el más numeroso dentro del sistema sanitario— se han expresado críticas claras al planteamiento de un estatuto exclusivo para médicos. El sindicato SATSE y el Consejo General de Enfermería han defendido
"la necesidad de mantener un marco común, aunque con regulaciones internas que contemplen las particularidades de cada profesión".
Para estos colectivos, la fragmentación legal de los profesionales del sistema no fortalece la sanidad pública, sino que introduce jerarquías, privilegios y desigualdades que pueden generar tensiones internas. En palabras del Consejo de Enfermería,
“una sanidad pública fuerte se basa en el reconocimiento equitativo de todas las profesiones, no en la creación de normas a medida de una élite médica".
Este desacuerdo interno expone una grieta importante en el movimiento sanitario: la fractura entre profesiones que, aunque comparten muchas condiciones laborales precarias, a menudo son tratadas de forma desigual tanto por la administración como por las propias organizaciones sindicales.
Pero este conflicto no puede leerse como una simple disputa laboral entre un colectivo profesional y la administración. Lo que está en juego es la estructura de poder dentro del sistema sanitario, las formas de organización del trabajo y el modelo social de salud.
Si el sistema sanitario se rige por criterios de "de rentabilidad" —y no por las necesidades reales de la población ni por la dignidad del trabajo—, los trabajadores se ven forzados a competir por recursos, condiciones y reconocimiento. Lo que debería ser una lucha unitaria por la defensa de la sanidad pública, se convierte entonces en un campo de batalla por parcelas de poder dentro de un sistema en crisis.
El riesgo de esta dinámica es claro: que una eventual mejora de las condiciones para un sector (por ejemplo, los médicos) se haga a costa del debilitamiento del resto del personal, consolidando jerarquías internas que reproducen desigualdades estructurales. De esta forma, en lugar de una reforma que dignifique a todos los trabajadores del sistema, se podría estar avanzando hacia un modelo de sanidad corporativa, donde el valor del trabajo se mide en función del estatus y no del aporte colectivo.
EL FUTURO DE LA SANIDAD PÚBLICA EN JUEGO
Lo que comenzó como una protesta puntual por un anteproyecto de ley se ha convertido en una expresión visible del agotamiento de un modelo que, de forma sistemática, ha sido vaciado de recursos que se entregan a la sanidad privada mediante el procedimiento de los conciertos. La sanidad pública no puede sostenerse indefinidamente sobre la sobrecarga, la precariedad y la desorganización. Tampoco puede permitirse reproducir lógicas de privilegio que enfrenten a unos profesionales con otros.
La huelga médica ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión de fondo: ¿queremos un sistema de salud público que funcione como un bien común, gestionado democráticamente por sus trabajadores y orientado al bienestar colectivo? ¿O vamos hacia una sanidad estratificada, fragmentada y sometida a las reglas del mercado?
El desenlace del conflicto dependerá de la capacidad de los colectivos para construir una lucha unitaria, transversal, que no se limite a la negociación de mejoras corporativas, sino que enfrente el problema de raíz: la mercantilización progresiva de un derecho esencial como la salud.
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