
ALVARO URIBE ABSUELTO POR UN TRIBUNAL COLOMBIANO...¿SERÁ ESTO UN LAWFARE?
¿Es la justicia un disfraz del poder cuando se trata de los de arriba?
Álvaro Uribe ha sido absuelto nuevamente. Lo dice el Tribunal, pero la historia nos cuenta otra cosa. ¿Cómo se blanquea una biografía marcada por la violencia, los vínculos con el paramilitarismo y las ejecuciones extrajudiciales? ¿Es esto justicia… o lawfare al revés?
POR VICTORIA MARTÍNEZ, DESDE MÉXICO PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Álvaro Uribe Vélez, ex presidente colombiano, ganadero de viejo cuño y figura clave en la política de las últimas décadas del
país, ha vuelto a ser absuelto de todos los cargos que pesaban en su contra.
Lo ha dicho, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá, casi tres meses después de que se dictara una condena que parecía histórica: 12 años de prisión por manipulación de testigos y fraude procesal.
Pero ya se sabe: lo histórico en Colombia a menudo tiene una vida breve. Más corta aún si los intereses del poder están de por medio.
La noticia llega acompañada de una resignada sensación de déjà vu. Porque no es la primera vez que Uribe sale indemne de las profundidades judiciales.
Y uno no puede evitar preguntarse: ¿será esto un lawfare?
Pero empecemos por el principio.
UNA BIOGRAFÍA MARCADA POR LA VIOLENCIA
Álvaro Uribe creció y se formó en un país gobernado por las élites terratenientes, donde las estructuras de poder se consolidaban en los pactos entre ganaderos, narcoparamilitares, políticos tradicionales y fuerzas armadas. Su carrera política comenzó en la década de 1980, en plena efervescencia del narcotráfico, cuando la frontera entre política y criminalidad era una línea que se difuminaba peligrosamente en muchas regiones del país.
Durante su gobierno (2002-2010), Uribe encabezó una cruzada de “seguridad democrática” que, según sus defensores, logró debilitar significativamente a las guerrillas. Pero esa cruzada vino acompañada de una cifra espeluznante: más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército, disfrazadas de “bajas en combate”, los tristemente célebres “falsos positivos”. Se trató de jóvenes pobres, campesinos desempleados, reclutados con engaños y asesinados para inflar las estadísticas de la guerra. ¿Un caso aislado o una política de Estado? ¿Es esto lawfare?
EL PODER COMO HERENCIA Y COMO ESCUDO
Lo que llama la atención es cómo el poder ha seguido orbitando alrededor de Uribe, incluso cuando dejó la presidencia. Ha sido senador, jefe de su propio partido (el Centro Democrático), mentor de presidentes y figura central del espectro político colombiano. Todo mientras diversas investigaciones judiciales lo acechaban.
Cuando la Corte Suprema de Justicia inició un proceso penal contra él por manipulación de testigos, Uribe renunció a su curul en el Senado. ¿Casualidad? No tanto. Su renuncia provocó que el caso pasara a manos de la Fiscalía General, controlada por un funcionario cercano a su círculo. Desde entonces, la causa ha dado vueltas en el laberinto institucional colombiano. ¿Una estrategia para dilatar, archivar y finalmente absolver?
¿Será esto lawfare?
EL APARATO JUDICIAL COMO REFLEJO DE LA ESTRUCTURA DE CLASE
El Estado no es una entidad neutral ni un árbitro imparcial. Es una superestructura que refleja y defiende los intereses de la clase dominante. Cuando el aparato judicial absuelve a un personaje que ha defendido con uñas y dientes los intereses de la gran propiedad rural, de los grupos financieros y de las multinacionales extractivistas, no sorprende: simplemente está haciendo su trabajo.
¿Es esto realmente un lawfare?
Es decir, ¿es una persecución judicial contra un inocente? ¿O una coreografía diseñada para simular justicia mientras se asegura la impunidad? Cuando las víctimas denuncian montaje, manipulación y cooptación institucional, pero el sistema insiste en cerrar el caso a cal y canto con un “no culpable”, uno podría tentarse a pensar: ¿será que el lawfare en realidad opera en dirección contraria?
UN CASO EMBLEMÁTICO DEL CAPITALISMO TARDÍO EN AMÉRICA LATINA
El caso Uribe no es solo un episodio nacional. Es parte de un patrón que se repite en buena parte de América Latina, donde la criminalización o absolución de líderes políticos no depende tanto de su conducta como de su alineamiento con el bloque de poder dominante.
Cuando los líderes que amenazan con redistribuir la tierra, nacionalizar recursos o ampliar derechos son llevados a prisión (como ocurrió con Lula en Brasil), se levanta el grito de “lawfare”. Pero cuando un expresidente como Uribe, con vínculos estrechos con redes de poder económico y paramilitar, es absuelto una y otra vez, la pregunta se hace inevitable: ¿y esto no es lawfare?
EL OLVIDO COMO HERRAMIENTA DEL PODER
La absolución de Álvaro Uribe marca, una vez más, el triunfo del olvido. De la naturalización de la impunidad. Como si el tiempo bastara para blanquear responsabilidades, para convertir en “cuestiones del pasado” lo que aún duele en miles de familias, territorios y comunidades.
Pero ese olvido no es neutro. Es parte del funcionamiento normal de un sistema que necesita proteger a quienes garantizan su continuidad. A los que aseguran que el capital siga acumulando, que la tierra siga concentrada, que la historia siga escribiéndose desde arriba.
Uribe se va, una vez más, sin condena, pero no sin historia. Y la historia —por más que la absuelva el Tribunal— aún sigue teniendo la palabra.
¿Habrá sido esto lo que algunos hoy llaman lawfare?
POR VICTORIA MARTÍNEZ, DESDE MÉXICO PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Álvaro Uribe Vélez, ex presidente colombiano, ganadero de viejo cuño y figura clave en la política de las últimas décadas del país, ha vuelto a ser absuelto de todos los cargos que pesaban en su contra.
Lo ha dicho, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá, casi tres meses después de que se dictara una condena que parecía histórica: 12 años de prisión por manipulación de testigos y fraude procesal.
Pero ya se sabe: lo histórico en Colombia a menudo tiene una vida breve. Más corta aún si los intereses del poder están de por medio.
La noticia llega acompañada de una resignada sensación de déjà vu. Porque no es la primera vez que Uribe sale indemne de las profundidades judiciales.
Y uno no puede evitar preguntarse: ¿será esto un lawfare?
Pero empecemos por el principio.
UNA BIOGRAFÍA MARCADA POR LA VIOLENCIA
Álvaro Uribe creció y se formó en un país gobernado por las élites terratenientes, donde las estructuras de poder se consolidaban en los pactos entre ganaderos, narcoparamilitares, políticos tradicionales y fuerzas armadas. Su carrera política comenzó en la década de 1980, en plena efervescencia del narcotráfico, cuando la frontera entre política y criminalidad era una línea que se difuminaba peligrosamente en muchas regiones del país.
Durante su gobierno (2002-2010), Uribe encabezó una cruzada de “seguridad democrática” que, según sus defensores, logró debilitar significativamente a las guerrillas. Pero esa cruzada vino acompañada de una cifra espeluznante: más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército, disfrazadas de “bajas en combate”, los tristemente célebres “falsos positivos”. Se trató de jóvenes pobres, campesinos desempleados, reclutados con engaños y asesinados para inflar las estadísticas de la guerra. ¿Un caso aislado o una política de Estado? ¿Es esto lawfare?
EL PODER COMO HERENCIA Y COMO ESCUDO
Lo que llama la atención es cómo el poder ha seguido orbitando alrededor de Uribe, incluso cuando dejó la presidencia. Ha sido senador, jefe de su propio partido (el Centro Democrático), mentor de presidentes y figura central del espectro político colombiano. Todo mientras diversas investigaciones judiciales lo acechaban.
Cuando la Corte Suprema de Justicia inició un proceso penal contra él por manipulación de testigos, Uribe renunció a su curul en el Senado. ¿Casualidad? No tanto. Su renuncia provocó que el caso pasara a manos de la Fiscalía General, controlada por un funcionario cercano a su círculo. Desde entonces, la causa ha dado vueltas en el laberinto institucional colombiano. ¿Una estrategia para dilatar, archivar y finalmente absolver?
¿Será esto lawfare?
EL APARATO JUDICIAL COMO REFLEJO DE LA ESTRUCTURA DE CLASE
El Estado no es una entidad neutral ni un árbitro imparcial. Es una superestructura que refleja y defiende los intereses de la clase dominante. Cuando el aparato judicial absuelve a un personaje que ha defendido con uñas y dientes los intereses de la gran propiedad rural, de los grupos financieros y de las multinacionales extractivistas, no sorprende: simplemente está haciendo su trabajo.
¿Es esto realmente un lawfare?
Es decir, ¿es una persecución judicial contra un inocente? ¿O una coreografía diseñada para simular justicia mientras se asegura la impunidad? Cuando las víctimas denuncian montaje, manipulación y cooptación institucional, pero el sistema insiste en cerrar el caso a cal y canto con un “no culpable”, uno podría tentarse a pensar: ¿será que el lawfare en realidad opera en dirección contraria?
UN CASO EMBLEMÁTICO DEL CAPITALISMO TARDÍO EN AMÉRICA LATINA
El caso Uribe no es solo un episodio nacional. Es parte de un patrón que se repite en buena parte de América Latina, donde la criminalización o absolución de líderes políticos no depende tanto de su conducta como de su alineamiento con el bloque de poder dominante.
Cuando los líderes que amenazan con redistribuir la tierra, nacionalizar recursos o ampliar derechos son llevados a prisión (como ocurrió con Lula en Brasil), se levanta el grito de “lawfare”. Pero cuando un expresidente como Uribe, con vínculos estrechos con redes de poder económico y paramilitar, es absuelto una y otra vez, la pregunta se hace inevitable: ¿y esto no es lawfare?
EL OLVIDO COMO HERRAMIENTA DEL PODER
La absolución de Álvaro Uribe marca, una vez más, el triunfo del olvido. De la naturalización de la impunidad. Como si el tiempo bastara para blanquear responsabilidades, para convertir en “cuestiones del pasado” lo que aún duele en miles de familias, territorios y comunidades.
Pero ese olvido no es neutro. Es parte del funcionamiento normal de un sistema que necesita proteger a quienes garantizan su continuidad. A los que aseguran que el capital siga acumulando, que la tierra siga concentrada, que la historia siga escribiéndose desde arriba.
Uribe se va, una vez más, sin condena, pero no sin historia. Y la historia —por más que la absuelva el Tribunal— aún sigue teniendo la palabra.
¿Habrá sido esto lo que algunos hoy llaman lawfare?
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