TRUMP AUTORIZÓ A LA CIA PARA OPERAR LIBREMENTE EN VENEZUELA, REVELA EL "NEW YORK TIMES"

POR JORDI RUIZ PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

    La guerra moderna rara vez comienza con un cañonazo. A veces, basta una firma. Una orden escrita en la penumbra de los pasillos presidenciales puede dar pie a años de desestabilización silenciosa, ciberataques, sabotajes invisibles y asesinatos negables.

    El pasado 14 de octubre de 2025, el periódico estadounidense New York Times publicó una de las revelaciones más contundentes del año: Donald Trump, siendo presidente, firmó en secreto una autorización para que la CIA llevara a cabo operaciones encubiertas en Venezuela con el objetivo de debilitar y eventualmente remover al gobierno de Nicolás Maduro.

“Con una sola firma, el presidente de EE. UU. puede iniciar una guerra que no se ve, pero se siente.”

    El documento —un presidential finding, como se le conoce dentro del sistema legal estadounidense— fue rubricado en 2020. Con él, el presidente otorgó cobertura legal a una serie de operaciones clandestinas que se han desarrollado a lo largo de los últimos cinco años, muchas de las cuales siguen activas en el presente.

    Esta revelación no solo confirma las denuncias sostenidas durante años por el gobierno venezolano, sino que expone el carácter estructural de una política de intervención silenciosa que ha resucitado métodos clásicos de la Guerra Fría en pleno siglo XXI.

    Según fuentes citadas por el New York Times, la autorización no se limitaba a la recolección de inteligencia. Incluía sabotaje cibernético, infiltración de estructuras del Estado, apoyo indirecto a sectores opositores armados, y, potencialmente, campañas de desinformación a gran escala. Aunque el documento no contemplaba expresamente el asesinato de Maduro, los márgenes de acción dejaban abierta la puerta a medidas extremas.

LA HISTORIA COMO PRÓLOGO: UNA LARGA TRADICIÓN DE INTERVENCIONES

      Para entender el alcance de este tipo de operación, no basta con centrarse en el caso venezolano. Hay que mirar atrás. La historia latinoamericana está surcada de huellas de la CIA: Guatemala 1954, Chile 1973, Nicaragua en los años 80, Haití, Bolivia, y más recientemente, intentos de desestabilización en países como Cuba o Venezuela.

   El patrón se repite: identificar un gobierno “inconveniente”, financiar a sus opositores, fomentar la división interna, y, en última instancia, facilitar o imponer un cambio de régimen favorable a los intereses de Washington.

     Lo que cambia ahora es el formato. Ya no se trata necesariamente de golpes de Estado militares ni de invasiones abiertas. Lo que aparece es una forma nueva de guerra: silenciosa, digital, invisible a los ojos del gran público, pero devastadora en sus efectos. La autorización revelada por el New York Times representa la cristalización jurídica de ese nuevo tipo de intervención.

   Según el reportaje del periódico citado, el presidential finding que firmó Trump se mantuvo en secreto durante años. Solo un pequeño grupo de legisladores estadounidenses —conocido como el “Gang of Eight”— fue informado de su existencia. El resto del Congreso, la ciudadanía, los organismos internacionales y, por supuesto, el pueblo venezolano, permanecieron completamente al margen. De esta manera, una sola firma otorgó legalidad interna a una operación internacional que viola el principio básico de soberanía nacional.

UN DOCUMENTO, MÚLTIPLES ATAQUES

     El informe del New York Times señala que tras la firma del finding, se produjeron diversos ataques que pueden vincularse con esta autorización. Entre julio y septiembre de 2025, al menos cinco embarcaciones venezolanas fueron bombardeadas por fuerzas estadounidenses, en operaciones que oficialmente se presentaron como parte de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, fuentes citadas por el NYT aseguran que estas acciones forman parte de una estrategia encubierta más amplia, validada por la orden presidencial.

      Simultáneamente, se reportaron ataques cibernéticos contra la red eléctrica venezolana y fallos en los sistemas de telecomunicaciones. Estos apagones tecnológicos afectaron regiones completas durante horas o días, en momentos clave de la coyuntura política venezolana. Aunque la autoría de estos ataques no ha sido oficialmente adjudicada, la cronología y la intensidad permiten sospechar que forman parte del mismo plan.

    “La operación encubierta contra Venezuela reactiva los peores fantasmas del intervencionismo en América Latina.”

      Además, se presume que parte de las campañas digitales dirigidas a desacreditar a figuras del gobierno, manipular la percepción pública y fomentar desconfianza institucional dentro del país fueron diseñadas o al menos apoyadas por unidades operativas de inteligencia. Todo esto, sin tropas desplegadas ni uniformes visibles, pero con resultados materiales en la vida política venezolana.

 LA REACCIÓN DE CARACAS Y LA ALERTA DE LA REGIÓN

      La publicación del informe del New York Times ha provocado una respuesta inmediata del gobierno venezolano. Desde el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro calificó la revelación como “una confesión de agresión encubierta” y aseguró que la denuncia no solo confirma las advertencias hechas por su gobierno desde hace años, sino que constituye una prueba material del intervencionismo sistemático de Estados Unidos.

    En una alocución televisiva, Maduro declaró:

     “No se trataba de fantasías ni de propaganda. Trump autorizó formalmente a la CIA a operar dentro de nuestras fronteras. Eso es una violación directa a nuestra soberanía y un acto hostil que merece la condena del mundo.”

      Como medida de respuesta, el gobierno activó el llamado “Sistema Defensivo Territorial” en Caracas y en el estado Miranda. Este sistema combina fuerzas armadas regulares, milicias civiles y estructuras comunitarias con preparación militar básica, diseñadas para actuar ante una agresión externa. La activación se interpretó como una alerta defensiva ante la posibilidad de nuevas acciones encubiertas.

      Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano anunció que elevará el caso al Consejo de Seguridad de la ONU, donde pedirá una investigación internacional y una condena formal al uso de mecanismos secretos por parte de Estados Unidos para desestabilizar gobiernos.

LA RESPUESTA LATINOAMERICANA: RESPALDOS, TENSIÓN Y SILENCIOS

     Mientras tanto, América Latina se dividió en bloques previsibles. Gobiernos progresistas como Bolivia, Honduras y Cuba expresaron rápidamente su respaldo a Venezuela y su rechazo al uso de la CIA como instrumento de política exterior.

   “Ningún país del mundo debería vivir bajo la amenaza de una intervención secreta extranjera”, declaró la canciller boliviana en una sesión de la CELAC.

     México, históricamente defensor de la doctrina de no intervención, manifestó su “profunda preocupación” por la existencia de una autorización presidencial para operaciones encubiertas en un país latinoamericano. Aunque no nombró directamente a Estados Unidos, el mensaje fue claro:

   “Toda acción que ponga en riesgo la estabilidad regional debe ser rechazada, venga de donde venga”.

     Por su parte, países alineados con Washington, como Colombia, Paraguay o República Dominicana, guardaron silencio o emitieron declaraciones ambiguas. Otros simplemente evitaron comentar, como si el escándalo no los interpelara.

      Lo cierto es que, más allá de los posicionamientos políticos, las revelaciónes del New York Times dejaron expuesta la fragilidad del equilibrio regional. Si un país como Venezuela puede ser objeto de operaciones encubiertas, ¿quién garantiza que mañana no ocurra lo mismo con otro que se aleje de la órbita estadounidense?

LEGALIDAD EN DISPUTA, SOBERANÍA EN RIESGO

        El principal problema es que la autorización firmada por Trump fue legal solo desde el punto de vista del sistema político estadounidense. En su interior, el presidential finding es una herramienta legítima, regulada por la Ley de Seguridad Nacional de 1947, que permite al presidente ordenar operaciones encubiertas sin necesidad de aprobación del Congreso.

     Sin embargo, desde la óptica del derecho internacional, representa una violación clara del principio de no intervención. La Carta de las Naciones Unidas es enfática: ningún país puede interferir en los asuntos internos de otro, menos aún mediante acciones militares o de inteligencia encubierta. Por eso, el gobierno venezolano prepara una ofensiva diplomática para denunciar la agresión ante organismos internacionales y solicitar sanciones políticas contra quienes resulten responsables.

    Dentro de Estados Unidos, algunos congresistas demócratas han comenzado a exigir transparencia. Varios piden que el actual presidente revele los términos exactos del finding firmado por Trump, y que se rinda cuentas sobre las operaciones que se han ejecutado bajo su amparo. Pero hasta ahora, la Casa Blanca ha evitado pronunciarse oficialmente sobre el tema.

UNA GUERRA QUE NO SE VE, PERO SE SIENTE

     Este episodio no es solo una historia sobre Venezuela. Es una advertencia sobre una nueva forma de dominación silenciosa, en la que las guerras ya no se declaran, los ejércitos ya no invaden, y las bombas no explotan a la vista. En su lugar, operan comandos invisibles, decisiones firmadas en secreto, algoritmos destructivos y campañas mediáticas diseñadas para desgastar gobiernos sin disparar un solo tiro.

    La intervención, ahora, no se ve, pero se siente: en los cortes de luz, en las redes saturadas de mentiras, en los sabotajes anónimos, en la fragmentación interna inducida por fuerzas externas.

    Para América Latina, el informe del New York Times es una llamada de atención. Y no se trata solo de defender a un gobierno u otro, sino de preservar la posibilidad de que los pueblos decidan su destino sin tutelajes imperiales ni operaciones fantasmas.