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¿GUERRA SUCIA EN ADEJE?: ACUSAN AL ALCALDE DE USAR LOS TRIBUNALES CONTRA QUIENES DENUNCIAN CORRUPCIÓN

"El Ayuntamiento desobedece a la justicia mientras persigue a una asociación de trabajadores", denuncian

La Acampada Reivindicativa Lolo Dorta denuncia el uso represivo del aparato judicial por parte del Ayuntamiento de Adeje. Mientras las denuncias por corrupción urbanística y destrucción ambiental se acumulan -afirman - "el alcalde persiste en castigar a quienes se atreven a denunciar".

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 

   A través de un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta ha denunciado lo que consideran un episodio de “abuso de poder” y “persecución judicial” contra la Asociación de Taxistas Asalariados Costa Adeje (ATACA), al tiempo que acusan al alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), de "desobedecer de forma reiterada una orden judicial". Según sostienen desde el colectivo ciudadano, esta situación refleja una forma sistemática de gobernar "basada en la impunidad, el desprecio a la legalidad y la represión de la disidencia organizada".

 

EL ALCALDE DE ADEJE INCURRE EN DESOBEDIENCIA JUDICIAL

 

  El conflicto denunciado se inscribe en un contexto mucho más amplio: el del macroproyecto urbanístico “Cuna del Alma”, promovido en El Puertito de Adeje, que ha desatado una ola de indignación social, denuncias judiciales y movilizaciones ciudadanas por sus implicaciones ecológicas, urbanísticas y políticas.

 

   Desde el año pasado, múltiples colectivos sociales y ecologistas han denunciado a Rodríguez Fraga y a los promotores del complejo turístico por presuntos delitos contra el medio ambiente, la legalidad urbanística y el patrimonio histórico. Sostienen que el proyecto ha destruido espacios de altísimo valor ecológico y arqueológico, obviando informes técnicos, normativas de protección y medidas cautelares.

 

   Ahora, el comunicado del colectivo pone el foco sobre una "maniobra" que consideran represiva: el intento del Ayuntamiento de Adeje de prohibir el uso del nombre “Costa Adeje” a la asociación de taxistas, bajo amenaza de cárcel y multas que ascienden a 750.000 euros.

 

  Sostienen desde la Acampada Reivindicativa que esta ofensiva judicial es “una demanda estratégica contra la participación pública”. En palabras del colectivo, “el objetivo no es proteger ninguna marca, sino represaliar a quienes han denunciado las irregularidades en la concesión de licencias de taxi en Adeje”.

 

  Hace pocas semanas el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulaba 15 licencias de taxi en el municipio por considerar que las bases del concurso habían excluido injustamente a los trabajadores asalariados. Una resolución que, lejos de marcar el fin de un conflicto, parece haber intensificado la reacción institucional.

 

  La denuncia que ahora hacen pública detalla que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife requirió al Ayuntamiento la entrega del expediente completo sobre la marca “Costa Adeje” en el marco del pleito con la asociación de taxistas.

 

   "Sin embargo -afirman - el alcalde y su equipo han ignorado dicha orden".

 

“El tribunal ha tenido que apercibir al Ayuntamiento con multa coercitiva por desobediencia”, añaden desde el colectivo.

 

 

EL PROYECTO CUNA DEL ALMA Y EL MODELO URBANÍSTICO ESPECULATIVO

 

   Para la Acampada Reivindicativa, este comportamiento del alcalde no es un hecho aislado.

 

   “Esto es lo que sucede cuando se lleva 38 años en el poder: se convierte la impunidad en una forma de gobierno, se ignoran los límites legales y se actúa con un desprecio sistemático hacia la justicia y la ciudadanía”, denuncian.

 

  En su texto, vinculan esta “manera de proceder” con la actitud institucional respecto al proyecto Cuna del Alma. Aunque existen denuncias formales, sanciones administrativas y diligencias judiciales abiertas, las obras han continuado sin trabas. En opinión del colectivo, tanto el Ayuntamiento como el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias han actuado con “pasividad o complicidad”.

 

   “Este caso se ha convertido en un paradigma del modelo turístico depredador que se impone en Canarias, en nombre del desarrollo y la modernización, pero que en realidad destruye ecosistemas, ignora la normativa y vulnera los derechos de la población”, explican.

 

  Pese a sanciones como los 229.000 € impuestos por daños a un yacimiento arqueológico, o denuncias por la ilegalidad de la Junta de Compensación del proyecto, las obras no se han paralizado. De hecho, el Ayuntamiento ha aprobado nuevos instrumentos urbanísticos para facilitar construcciones en áreas de protección ambiental.

 

EXIGEN EL FIN DE LAS REPRESALIAS Y LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA EUROPEA

 

   El comunicado concluye exigiendo el cese inmediato de las prácticas de acoso judicial y el cumplimiento estricto de las resoluciones judiciales. Asimismo, demandan al Estado español y al Gobierno de Canarias que legislen urgentemente la transposición de la Directiva Europea Anti-SLAPP, aprobada en 2024. Esta normativa busca proteger a los colectivos frente a demandas abusivas dirigidas a silenciar la participación pública.

 

  “Lo llaman democracia, pero no lo es. En Canarias, aún menos”, afirman desde la Acampada Reivindicativa, que recuerda también la manifestación convocada para este domingo 12 de octubre en el Puertito de Adeje contra el proyecto Cuna del Alma.

 

  Así, lo que podría parecer un conflicto menor sobre una marca registrada es, en realidad, una expresión concreta de la tensión creciente entre una ciudadanía organizada que exige justicia, y unas instituciones que, en lugar de garantizar el derecho y el bien común, parecen decididas a blindar los intereses del poder económico. 

 
 
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