LA FISCALÍA INVESTIGA VERTIDOS CONTAMINANTES DE SANTA CRUZ: OCHO AÑOS DE OBRAS
Las deficiencias se conocían desde hace años
La Fiscalía investiga posibles vertidos contaminantes procedentes de dos instalaciones de saneamiento de Santa Cruz de Tenerife. Las deficiencias se conocían desde hace años y las obras para corregirlas acumulan sucesivos retrasos. ¿Qué responsabilidades corresponden a las administraciones y a las empresas implicadas?
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La principal depuradora de Santa Cruz de Tenerife lleva años funcionando con deficiencias conocidas por las administraciones. Su ampliación, adjudicada en 2018, debía terminar en 2022, pero ahora se anuncia para 2028. Mientras la Fiscalía investiga posibles vertidos contaminantes, el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno central mantienen una disputa sobre quién debería hacerse cargo de una infraestructura gestionada por una empresa controlada por Sacyr.
UNA CONTAMINACIÓN QUE NO COGIÓ A NADIE POR SORPRESA
La Fiscalía de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife investiga posibles vertidos de aguas residuales insuficientemente tratadas al mar procedentes de la depuradora de Buenos Aires y de la estación de bombeo de Cabo Llanos. La investigación responde a una denuncia presentada por una asociación de profesionales del medio ambiente.
Las deficiencias de estas instalaciones eran conocidas desde hace casi una década. Documentos oficiales de 2017 advertían de problemas graves en el funcionamiento de ambas estaciones.
En Cabo Llanos, la instalación resultaba incapaz de asumir todas las aguas residuales que recibía. El excedente se evacuaba hacia el mar, en las proximidades del Muelle de la Hondura, después de un tratamiento elemental. La depuradora de Buenos Aires tampoco funcionaba correctamente. Aunque tenía capacidad para tratar unos 30.000 metros cúbicos diarios, recibía aguas con una carga contaminante muy superior a la prevista en su diseño.
Los informes técnicos registraban concentraciones de materia orgánica que casi cuadruplicaban el máximo inicialmente contemplado. El resultado era un tratamiento deficiente y dificultades para obtener agua reutilizable en condiciones adecuadas. Son mediciones históricas, no analíticas actuales, pero demuestran que las administraciones disponían de información precisa sobre el problema.
UNA OBRA QUE PUEDE ACUMULAR SEIS AÑOS DE RETRASO
El 26 de noviembre de 2018, el Ministerio para la Transición Ecológica formalizó la adjudicación de las obras a la unión temporal de empresas formada por Joca Ingeniería y Construcciones y ALPI Construcciones.
El contrato inicial ascendía a 20,18 millones de euros. El objetivo era modernizar Cabo Llanos, construir nuevas conducciones y elevar la capacidad de tratamiento de Buenos Aires hasta los 55.000 metros cúbicos diarios. La ampliación debía concluir en 2022. Sin embargo, ese plazo fue incumplido y después llegaron nuevos aplazamientos.
En septiembre de 2024 se formalizó un proyecto modificado, cuyo presupuesto de adjudicación pasó a 21,99 millones de euros. La dirección de obra corresponde a la empresa Aquatec, con un presupuesto vigente superior al millón de euros.
Ahora, según la última previsión difundida, la infraestructura podría quedar terminada en el verano de 2028. Para entonces habrán transcurrido casi diez años desde la contratación inicial.
miteco.
El Ministerio, actualmente dirigido por Sara Aagesen, atribuyó los retrasos a conducciones subterráneas que no figuraban en los planos, dificultades para obtener autorizaciones, problemas de suministros, escasez de trabajadores cualificados y modificaciones técnicas.
SACYR: LA EMPRESA PRIVADA QUE GESTIONA EL AGUA
Hay otro protagonista que merece especial atención: Sacyr, el grupo empresarial que controla el 94,64 % de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, Emmasa. El Ayuntamiento conserva únicamente el 5,36 % restante.
Esta situación tiene su origen en la privatización impulsada en 2005, cuando gobernaba la capital tinerfeña Miguel Zerolo, de Coalición Canaria. La operación permitió a Sacyr hacerse con la mayor parte del capital de la empresa municipal y la gestión del servicio durante 25 años.
La propia Emmasa reconoce entre sus funciones la operación y mantenimiento de infraestructuras, la recogida y tratamiento de aguas residuales y el control de su calidad.
Su presidente es Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos del Partido Popular. El director gerente es Ignacio Muñiz González. También participa en el Consejo de Administración el concejal Javier Rivero Rodríguez, junto con representantes empresariales de Sacyr.
Estos nombres permiten identificar quiénes ocupan las principales responsabilidades de dirección y supervisión del servicio. Su presencia en esos órganos no implica responsabilidad penal por los vertidos investigados pero sí plantea preguntas que deben responderse: ¿qué informes recibió Emmasa sobre el funcionamiento de Buenos Aires y Cabo Llanos? ¿Qué actuaciones de mantenimiento realizó? ¿Qué controles de calidad se efectuaron sobre las aguas evacuadas?
La gestión privada de un servicio público no elimina las obligaciones del Ayuntamiento, titular de las instalaciones.
BERMÚDEZ Y TARIFE SEÑALAN AL ESTADO Y AL CABILDO
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, sostiene que el Ayuntamiento está soportando obligaciones que corresponden a otras instituciones. En marzo de 2026, su gobierno autorizó acciones judiciales contra el Consejo Insular de Aguas de Tenerife para exigir que asumiera la gestión de Buenos Aires.
El argumento municipal es que la depuradora atiende también a La Laguna y El Rosario, cuyos vertidos, según el Ayuntamiento, superan el 50 % del caudal tratado. El conflicto afecta directamente al Cabildo presidido por Rosa Dávila, también de Coalición Canaria. En el ámbito del Consejo Insular de Aguas aparecen igualmente Blanca Pérez, consejera de Medio Natural, y Javier Davara, gerente del organismo.
El Cabildo ha mostrado disposición a asumir la infraestructura cuando concluyan las obras, mientras Santa Cruz reclama que lo haga antes. Esta discrepancia constituye una parte sustancial del enfrentamiento institucional.
Por otro lado, Carlos Tarife anunció en octubre nuevas actuaciones judiciales, esta vez contra el Gobierno central por los retrasos. El Ayuntamiento asegura haber invertido 14 millones de euros en actuaciones de saneamiento y sostiene que los vertidos existentes cuentan con autorización del Gobierno de Canarias. Sin embargo, una autorización administrativa no permite descargar cualquier cantidad de sustancias contaminantes. Es necesario respetar los límites establecidos y acreditar su cumplimiento.
De esta forma las administraciones discuten sobre quién debe pagar y gestionar una infraestructura que, mientras tanto, continúa sin completar su modernización.
UNA CADENA DE RESPONSABILIDADES Y NINGUNA SOLUCIÓN DEFINITIVA
La situación de Santa Cruz tampoco constituye una excepción en Tenerife.
La Fiscalía ha actuado en relación con los vertidos de Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, que provocaron el cierre prolongado de una zona de baño. Entre los investigados judicialmente en ese procedimiento se encuentran Blanca Pérez y Javier Davara, junto con otros responsables públicos. En el caso de los vertidos industriales del polígono de Güímar, el Ministerio Público ha solicitado penas de prisión para cuatro alcaldes y exalcaldes. Son procedimientos distintos y sus responsabilidades deberán determinarse individualmente.
En el conjunto de Canarias, las secciones de Medio Ambiente de la Fiscalía iniciaron 157 diligencias preprocesales durante 2025, un 67 % más que el año anterior. No todas estaban relacionadas con vertidos, pero la cifra refleja una actividad investigadora creciente en asuntos ambientales.
La repetición de estos episodios obliga a examinar cómo se planifican, financian y mantienen las instalaciones de saneamiento del Archipiélago.
Durante décadas, el crecimiento urbano, las nuevas construcciones y la expansión de las actividades económicas han incrementado las necesidades de depuración. Las administraciones debían prever esas exigencias y garantizar que los servicios acompañaran dicho crecimiento.
En Santa Cruz, la investigación penal sigue abierta y sus diligencias son reservadas. Por tanto, todavía se desconoce si la Fiscalía atribuirá algún delito a responsables políticos, técnicos o empresariales. Lo que ya está documentado es suficientemente serio: las deficiencias se conocían en 2017, la ampliación se contrató en 2018, debía terminar en 2022 y podría prolongarse hasta 2028.
Entre tanto, intervienen tres administraciones, una empresa controlada por Sacyr y varias constructoras encargadas de ejecutar la reforma. Después de tantos años, los ciudadanos tienen derecho a conocer las analíticas recientes del agua, los vertidos efectivamente realizados, las inversiones ejecutadas y las causas precisas de cada retraso. También a saber qué decisiones adoptaron quienes tenían competencias para prevenir las deficiencias. Porque, mientras los responsables institucionales se reprochan mutuamente los incumplimientos, el mar continúa siendo el destino de aguas residuales cuya depuración adecuada sigue sin estar garantizada por las infraestructuras existentes.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La principal depuradora de Santa Cruz de Tenerife lleva años funcionando con deficiencias conocidas por las administraciones. Su ampliación, adjudicada en 2018, debía terminar en 2022, pero ahora se anuncia para 2028. Mientras la Fiscalía investiga posibles vertidos contaminantes, el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno central mantienen una disputa sobre quién debería hacerse cargo de una infraestructura gestionada por una empresa controlada por Sacyr.
UNA CONTAMINACIÓN QUE NO COGIÓ A NADIE POR SORPRESA
La Fiscalía de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife investiga posibles vertidos de aguas residuales insuficientemente tratadas al mar procedentes de la depuradora de Buenos Aires y de la estación de bombeo de Cabo Llanos. La investigación responde a una denuncia presentada por una asociación de profesionales del medio ambiente.
Las deficiencias de estas instalaciones eran conocidas desde hace casi una década. Documentos oficiales de 2017 advertían de problemas graves en el funcionamiento de ambas estaciones.
En Cabo Llanos, la instalación resultaba incapaz de asumir todas las aguas residuales que recibía. El excedente se evacuaba hacia el mar, en las proximidades del Muelle de la Hondura, después de un tratamiento elemental. La depuradora de Buenos Aires tampoco funcionaba correctamente. Aunque tenía capacidad para tratar unos 30.000 metros cúbicos diarios, recibía aguas con una carga contaminante muy superior a la prevista en su diseño.
Los informes técnicos registraban concentraciones de materia orgánica que casi cuadruplicaban el máximo inicialmente contemplado. El resultado era un tratamiento deficiente y dificultades para obtener agua reutilizable en condiciones adecuadas. Son mediciones históricas, no analíticas actuales, pero demuestran que las administraciones disponían de información precisa sobre el problema.
UNA OBRA QUE PUEDE ACUMULAR SEIS AÑOS DE RETRASO
El 26 de noviembre de 2018, el Ministerio para la Transición Ecológica formalizó la adjudicación de las obras a la unión temporal de empresas formada por Joca Ingeniería y Construcciones y ALPI Construcciones.
El contrato inicial ascendía a 20,18 millones de euros. El objetivo era modernizar Cabo Llanos, construir nuevas conducciones y elevar la capacidad de tratamiento de Buenos Aires hasta los 55.000 metros cúbicos diarios. La ampliación debía concluir en 2022. Sin embargo, ese plazo fue incumplido y después llegaron nuevos aplazamientos.
En septiembre de 2024 se formalizó un proyecto modificado, cuyo presupuesto de adjudicación pasó a 21,99 millones de euros. La dirección de obra corresponde a la empresa Aquatec, con un presupuesto vigente superior al millón de euros.
Ahora, según la última previsión difundida, la infraestructura podría quedar terminada en el verano de 2028. Para entonces habrán transcurrido casi diez años desde la contratación inicial.
miteco.
El Ministerio, actualmente dirigido por Sara Aagesen, atribuyó los retrasos a conducciones subterráneas que no figuraban en los planos, dificultades para obtener autorizaciones, problemas de suministros, escasez de trabajadores cualificados y modificaciones técnicas.
SACYR: LA EMPRESA PRIVADA QUE GESTIONA EL AGUA
Hay otro protagonista que merece especial atención: Sacyr, el grupo empresarial que controla el 94,64 % de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, Emmasa. El Ayuntamiento conserva únicamente el 5,36 % restante.
Esta situación tiene su origen en la privatización impulsada en 2005, cuando gobernaba la capital tinerfeña Miguel Zerolo, de Coalición Canaria. La operación permitió a Sacyr hacerse con la mayor parte del capital de la empresa municipal y la gestión del servicio durante 25 años.
La propia Emmasa reconoce entre sus funciones la operación y mantenimiento de infraestructuras, la recogida y tratamiento de aguas residuales y el control de su calidad.
Su presidente es Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos del Partido Popular. El director gerente es Ignacio Muñiz González. También participa en el Consejo de Administración el concejal Javier Rivero Rodríguez, junto con representantes empresariales de Sacyr.
Estos nombres permiten identificar quiénes ocupan las principales responsabilidades de dirección y supervisión del servicio. Su presencia en esos órganos no implica responsabilidad penal por los vertidos investigados pero sí plantea preguntas que deben responderse: ¿qué informes recibió Emmasa sobre el funcionamiento de Buenos Aires y Cabo Llanos? ¿Qué actuaciones de mantenimiento realizó? ¿Qué controles de calidad se efectuaron sobre las aguas evacuadas?
La gestión privada de un servicio público no elimina las obligaciones del Ayuntamiento, titular de las instalaciones.
BERMÚDEZ Y TARIFE SEÑALAN AL ESTADO Y AL CABILDO
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, sostiene que el Ayuntamiento está soportando obligaciones que corresponden a otras instituciones. En marzo de 2026, su gobierno autorizó acciones judiciales contra el Consejo Insular de Aguas de Tenerife para exigir que asumiera la gestión de Buenos Aires.
El argumento municipal es que la depuradora atiende también a La Laguna y El Rosario, cuyos vertidos, según el Ayuntamiento, superan el 50 % del caudal tratado. El conflicto afecta directamente al Cabildo presidido por Rosa Dávila, también de Coalición Canaria. En el ámbito del Consejo Insular de Aguas aparecen igualmente Blanca Pérez, consejera de Medio Natural, y Javier Davara, gerente del organismo.
El Cabildo ha mostrado disposición a asumir la infraestructura cuando concluyan las obras, mientras Santa Cruz reclama que lo haga antes. Esta discrepancia constituye una parte sustancial del enfrentamiento institucional.
Por otro lado, Carlos Tarife anunció en octubre nuevas actuaciones judiciales, esta vez contra el Gobierno central por los retrasos. El Ayuntamiento asegura haber invertido 14 millones de euros en actuaciones de saneamiento y sostiene que los vertidos existentes cuentan con autorización del Gobierno de Canarias. Sin embargo, una autorización administrativa no permite descargar cualquier cantidad de sustancias contaminantes. Es necesario respetar los límites establecidos y acreditar su cumplimiento.
De esta forma las administraciones discuten sobre quién debe pagar y gestionar una infraestructura que, mientras tanto, continúa sin completar su modernización.
UNA CADENA DE RESPONSABILIDADES Y NINGUNA SOLUCIÓN DEFINITIVA
La situación de Santa Cruz tampoco constituye una excepción en Tenerife.
La Fiscalía ha actuado en relación con los vertidos de Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, que provocaron el cierre prolongado de una zona de baño. Entre los investigados judicialmente en ese procedimiento se encuentran Blanca Pérez y Javier Davara, junto con otros responsables públicos. En el caso de los vertidos industriales del polígono de Güímar, el Ministerio Público ha solicitado penas de prisión para cuatro alcaldes y exalcaldes. Son procedimientos distintos y sus responsabilidades deberán determinarse individualmente.
En el conjunto de Canarias, las secciones de Medio Ambiente de la Fiscalía iniciaron 157 diligencias preprocesales durante 2025, un 67 % más que el año anterior. No todas estaban relacionadas con vertidos, pero la cifra refleja una actividad investigadora creciente en asuntos ambientales.
La repetición de estos episodios obliga a examinar cómo se planifican, financian y mantienen las instalaciones de saneamiento del Archipiélago.
Durante décadas, el crecimiento urbano, las nuevas construcciones y la expansión de las actividades económicas han incrementado las necesidades de depuración. Las administraciones debían prever esas exigencias y garantizar que los servicios acompañaran dicho crecimiento.
En Santa Cruz, la investigación penal sigue abierta y sus diligencias son reservadas. Por tanto, todavía se desconoce si la Fiscalía atribuirá algún delito a responsables políticos, técnicos o empresariales. Lo que ya está documentado es suficientemente serio: las deficiencias se conocían en 2017, la ampliación se contrató en 2018, debía terminar en 2022 y podría prolongarse hasta 2028.
Entre tanto, intervienen tres administraciones, una empresa controlada por Sacyr y varias constructoras encargadas de ejecutar la reforma. Después de tantos años, los ciudadanos tienen derecho a conocer las analíticas recientes del agua, los vertidos efectivamente realizados, las inversiones ejecutadas y las causas precisas de cada retraso. También a saber qué decisiones adoptaron quienes tenían competencias para prevenir las deficiencias. Porque, mientras los responsables institucionales se reprochan mutuamente los incumplimientos, el mar continúa siendo el destino de aguas residuales cuya depuración adecuada sigue sin estar garantizada por las infraestructuras existentes.
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