EL MERCADO LABORAL DE CANARIAS: CUANDO EL SALARIO MÍNIMO SE CONVIERTE EN UNA ILUSIÓN

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   En noviembre de 2025, el panorama laboral en Canarias sigue reflejando una de las realidades más descarnadas del mercado de trabajo en el Estado español: casi el 40% de los trabajadores en las islas cobra por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Una cifra que no solo es alarmante, sino que visibiliza la realidad de un modelo económico basado en la precariedad estructural, donde el salario mínimo se convierte más en una promesa simbólica que en una garantía real de dignidad laboral.

CUATRO DE CADA DIEZ TRABAJADORES GANAN POR DEBAJO DEL SMI

  Según datos del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el 39% de los asalariados en Canarias percibieron menos de 15.120 euros al año en 2023, lo que equivale a no alcanzar el SMI vigente en ese momento. La cifra no ha mejorado de forma significativa en 2025, a pesar de que el SMI ha subido a 1.184 euros brutos al mes (16.576 euros anuales en 14 pagas)【web】.

  Aplicando este porcentaje a la población activa, más de 360.000 personas en el archipiélago viven con ingresos laborales por debajo del umbral mínimo legal. Esto sitúa a Canarias entre las comunidades con mayor proporción de trabajadores pobres, superando incluso a regiones con economías más deprimidas.

UN SISTEMA ECONÓMICO CONSTRUIDO SOBRE LA PRECARIEDAD

   Para entender esta situación no basta con observar los números: hay que analizar las relaciones sociales y económicas que la generan. Desde un enfoque marxista, la precariedad no es una anomalía, sino una necesidad estructural del sistema capitalista en su etapa actual.

   El modelo económico de Canarias, fuertemente dependiente del turismo, externaliza costes, "flexibiliza" el empleo hasta la extenuación y necesita una fuerza laboral atomizada y fácilmente sustituible. Las camareras de piso, los trabajadores de limpieza o los empleados de supermercados componen una gran masa de asalariados con contratos parciales, temporales o externalizados.

  Este diseño no es casual. Cuanto más fragmentada esté la clase trabajadora, más fácil resulta para el capital imponer condiciones laborales de subsistencia y debilitar cualquier intento de organización colectiva. En lugar de un salario mínimo común, lo que existe es una multiplicidad de mínimos: por horas, por sector, por jornada, por situación migratoria o por grado de informalidad.

EL SMI: UN UMBRAL SIMBÓLICO SIN GARANTÍA

  El Salario Mínimo Interprofesional se presenta ante la opinión pública como una conquista laboral. Sin embargo, en la práctica, su función está cada vez más vacía de contenido. ¿Cómo puede considerarse "mínimo" un salario que no perciben millones de trabajadores, o que no garantiza condiciones de vida dignas?

  En Canarias, según datos recientes, una persona que cobre el SMI y pague un alquiler medio apenas dispone de 134 euros al mes para todos los demás gastos: alimentación, transporte, luz, agua, ropa, salud【web】. El precio de la vivienda, los bajos salarios y la inflación anulan cualquier avance nominal en el salario mínimo.

  Y lo más preocupante: la legislación permite, tolera o simplemente no fiscaliza múltiples fórmulas para burlar el cumplimiento del SMI. Contratos de jornada reducida no deseada, trabajos temporales con salarios prorrateados, falsas prácticas laborales, empresas multiservicio que externalizan empleos, sectores enteros donde pagar menos es "normal"... Todo ello convierte el SMI en una ficción legal que no se aplica.

EFECTOS SOCIALES: POBREZA, EXCLUSIÓN Y DETERIORO DE SERVICIOS

  La precariedad no se queda en el ámbito individual. Su impacto afecta a toda la reproducción social de la fuerza de trabajo. La pobreza de los asalariados repercute directamente en los hogares, en los servicios públicos y en los tejidos sociales más débiles.

  Los profesionales del ámbito social, como los trabajadores sociales en Canarias, también sufren las consecuencias: escasez de recursos, sobrecarga laboral y atención deficiente a las poblaciones vulnerables. La falta de inversión pública en personal y servicios crea un círculo vicioso: más exclusión, menos cuidados, mayor precariedad.

   Según informes recientes, Canarias tiene una tasa de empleo por debajo de la media estatal (51% frente al 53%) y un crecimiento económico inferior al resto del país. Lejos de mejorar, el mercado laboral canario se estanca, y lo poco que crece lo hace en los sectores más inestables.

  En un sistema basado en la superexplotación de la fuerza de trabajo, el salario mínimo no es un mecanismo de protección, sino un referente publicitario que permite a los gobiernos presentarse como defensores del pueblo mientras mantienen intacta la lógica de acumulación capitalista.

  Cada vez que se anuncia una subida del SMI, el foco se pone en los números: cuántos euros más al mes, cuántos beneficiarios. Pero no se cuestiona qué tipo de empleo sostiene esos salarios, ni qué condiciones reales viven quienes lo perciben.

   En Canarias, esto pasa por repensar el modelo económico más allá del turismo depredador, invertir en sectores con valor añadido, y apostar por el empleo público y los servicios sociales como palanca de dignidad laboral. Pero sobre todo, implica rearticular la lucha organizada de los trabajadores , que son quienes realmente pueden disputar las condiciones del salario, del tiempo, y de la vida.