Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Este domingo, 14 de septiembre, el buque “Trans Tind”, con bandera de Bahamas, atracaba en el puerto de Escombreras (Cartagena), cargado con más de 4.500 toneladas de ácido fosfórico procedente del puerto israelí de Ashdod. Este tipo de embarcaciones, que arriban regularmente desde Israel a España, son parte de un entramado económico profundamente implicado en la explotación de territorios palestinos ocupados y, por tanto, directamente vinculado al mantenimiento de la maquinaria de guerra israelí.

   La descarga de este material fue gestionada por FOMDESA (Fomento y Desarrollo Agrícola, S.L.), propiedad de ICL Iberia, filial del gigante israelí Israel Chemicals Ltd., perteneciente al conglomerado Israel Corporation. Este holding, creado por el Estado de Israel, controla industrias extractivas y químicas beneficiadas de la ocupación militar en el Mar Muerto. A su vez, una de sus principales participaciones es la naviera ZIM, conocida por transportar armamento estadounidense hacia Israel. La ICL no solo se enriquece con la expoliación de recursos palestinos, sino que colabora directamente con el ejército israelí a través del programa “Apadrina un soldado”.

  Este dato es significativo, ya que ICL Iberia opera con total legalidad en España. Su actividad no solo incluye la importación de materias primas directamente vinculadas a territorios ocupados, sino que también participa en acuerdos institucionales, como el que mantiene con la Universidad Politécnica de Cartagena. Además, está presente en Cataluña, Valencia y Mallorca, donde ha sido denunciada por su impacto medioambiental y su complicidad con el genocidio en curso.

LA MÁSCARA DEL “EMBARGO”: ENTRE EL DISCURSO Y LA REALIDAD

  Desde el estallido de la ofensiva israelí sobre Gaza el 7 de octubre de 2023, el Gobierno español ha intentado proyectar una imagen de firmeza diplomática frente a Israel. Pedro Sánchez ha sido uno de los líderes europeos más mediáticos en su "condena del genocidio", llegando incluso a reconocer al Estado de Palestina en mayo de 2024.

  Sin embargo, bajo la superficie del discurso oficial, el comercio de armas y recursos entre España e Israel ha seguido fluyendo con escandalosa normalidad.

  Según datos del Ministerio de Industria y Comercio, desde el 7 de octubre de 2023 no se han aprobado nuevas licencias de exportación de armas a Israel, lo cual el Ejecutivo presenta como una muestra de “coherencia política”. Pero esta afirmación omite que las licencias previas siguen vigentes, y muchas de las entregas efectuadas tras esa fecha corresponden a contratos autorizados anteriormente. De hecho, en diciembre de 2023, se exportaron estabilizadores de bombas de aviación por más de 125.000 euros a Israel.

   Más aún, España se ha convertido en el principal importador europeo de armas israelíes en 2025. Solo entre febrero y mayo, se adquirieron armas, municiones y vehículos blindados por valor de 54 millones de euros, lo que supone el 78% de todas las exportaciones israelíes de este tipo dentro de la UE. Esta cifra incluye tecnología que ha sido desarrollada y probada en campo durante la ofensiva en Gaza.

   A ello se suma que el Gobierno español mantiene vigentes contratos millonarios con empresas israelíes como Rafael Advanced Defense Systems o Elbit Systems, responsables de armamento utilizado en zonas densamente pobladas de Palestina. Por ejemplo, los misiles Spike LR2 y el sistema lanzacohetes SILAM, contratados por el Ministerio de Defensa, forman parte de esta estructura armamentística compartida, valorada en cerca de 900 millones de euros.

 El 8 de septiembre de 2025, el Gobierno anunció un embargo “total” de armas a Israel mediante un Real Decreto Ley. Esta medida, sin duda, responde a la presión social y política, pero presenta graves limitaciones:

No es retroactiva, por lo que no afecta a contratos firmados anteriormente.

No prohíbe el tránsito de armas por territorio español si su destino final es Israel.

No incluye a las bases militares de Rota y Morón, desde donde Estados Unidos sigue enviando armamento a Israel con total impunidad, amparado en el Convenio de Cooperación para la Defensa.

   Este tipo de excepciones vacía de contenido el embargo anunciado. De hecho, mientras se habla de condena, las estructuras logísticas y comerciales que sustentan la ocupación siguen operando a pleno rendimiento en territorio español. Barcos como el “Trans Tind” descargan materiales que provienen directamente de la expoliación en Palestina y alimentan empresas que a su vez proveen al Ejército israelí.

   El 18 de julio de 2024, la Asamblea General de la ONU aprobaba un dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia en el que se instaba a todos los Estados a impedir relaciones económicas que contribuyeran a sostener la ocupación israelí de Palestina. España votó a favor de esta resolución, lo cual convierte en todavía más flagrante la continuidad de este comercio.

   A pesar de las declaraciones oficiales, el Estado español no ha implementado controles eficaces para frenar las operaciones de empresas implicadas, ni ha sancionado a quienes lucran con la ocupación.

  Al mismo tiempo, los puertos, aeropuertos, universidades y empresas españolas que colaboran con el Estado de Israel continúan siendo piezas fundamentales en el sostenimiento de un sistema de ocupación, apartheid y genocidio. El boicot, la desinversión y las sanciones no son opciones simbólicas: son una necesidad ética, política y jurídica.