BUKELE INVADE HAITÍ: ¿EL PRIMER GENDARME DE TRUMP EN AMÉRICA LATINA?

POR MANUEL MEDINA (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

    Haití ha vuelto a aplazar las elecciones cuya celebración estaba prevista el próximo mes de diciembre. La primera vuelta presidencial y legislativa se celebrará ahora en julio del próximo año de 2027; la segunda, junto a las elecciones locales, en octubre.

  Si el nuevo calendario llegara a cumplirse, será la primera convocatoria nacional desde 2016. La presidencia permanece vacante desde el asesinato de Jovenel Moïse en 2021 y el país continúa dirigido por un primer ministro sin mandato electoral.

    Ese vacío político coincide con el envío de unos 2.000 soldados salvadoreños ordenado por Nayib Bukele. La explicación oficial es el rescate de cuatro técnicos de aviación desaparecidos el 18 de octubre tras una emboscada en Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe. Bukele ha insistido en que la misión concluirá cuando sus compatriotas regresen a casa y ha rechazado, naturalmente, que se trate de una invasión.

   Pero el tamaño del contingente, la ausencia de información precisa sobre su mandato y el apoyo logístico estadounidense obligan a mirar más allá de esa explicación. No es frecuente que un país centroamericano de poco más de seis millones de habitantes proyecte de golpe miles de militares sobre un tercer país latinoamericano. Menos aún en Haití, donde toda presencia armada exterior despierta inevitablemente la memoria de pasadas ocupaciones, tutelas y misiones internacionales que no han resuelto la destrucción del Estado ni la inmensa pobreza de la mayoría de la población.

    La cuestión central no consiste en si Washington ha dictado a Bukele cada movimiento. No existen pruebas tangibles de una orden directa de Trump al presidente salvadoreño. La cuestión es otra: es si El Salvador está asumiendo, bajo una bandera propia, una tarea de seguridad regional que conviene a Estados Unidos, evitando a Washington el desgaste político de intervenir de manera abierta.

EL “COROLARIO TRUMP” DE LA DOCTRINA MONROE

   La Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense presentada por la Administración Trump a finales de 2025 ofrece una clave para entender el escenario. El documento anuncia un “corolario Trump” de la Doctrina Monroe y plantea restaurar la “preeminencia” de Estados Unidos en el hemisferio occidental. No se limita a la competencia con China, Rusia o Irán: incluye migración, narcotráfico, rutas marítimas, infraestructuras estratégicas y crisis políticas capaces de afectar a los intereses norteamericanos.

   La formulación es significativa. Washington declara que debe “reclutar y ampliar”: reclutar gobiernos amigos para controlar los flujos migratorios, combatir las drogas y reforzar la seguridad; ampliar esa red mediante nuevos socios. El texto añadía que Estados Unidos debe apoyarse en “campeones regionales” capaces de crear una “estabilidad tolerable” incluso más allá de sus fronteras.

   La idea está muy clara. Estados Unidos no necesita situarse siempre en primera línea si para ese tipo de menesteres  drásticos y directos puede disponer de gobiernos aliados que compartan sus prioridades politicas y estén dispuestos a asumir una parte de las tareas represivas, policiales o militares.

   Washington conserva inteligencia, financiación, logística, capacidad diplomática y dirección estratégica; los gobiernos subsidiarios que se prestasen a ello aportarían cárceles, tropas, territorio, policía o cobertura regional.

   Bukele encaja con especial facilidad en esa función. Su gobierno ha convertido la guerra contra las pandillas en la principal fuente de legitimidad interna, ha hecho de la excepcionalidad jurídica una forma estable de gobierno y ha presentado las detenciones masivas como un modelo exportable.

   Para Washington, El Salvador ofrece algo más que afinidad ideológica: dispone de una gran cárcel de máxima seguridad, una policía y unas fuerzas armadas habituadas a actuar con amplios márgenes de impunidad, y un presidente dispuesto a utilizar ese aparato fuera de sus fronteras.

EL CECOT: EL PRIMER ENSAYO DE LA ALIANZA

  La relación entre Trump y Bukele no comenzó, desde luego, en Haití. Ambos se conocían desde el primer mandato republicano, aunque la Administración Biden había mantenido una relación más tensa con San Salvador por el deterioro institucional, las destituciones de jueces, el régimen de excepción y la concentración de poder alrededor del presidente salvadoreño.

   El regreso de Trump alteró esa situación. El 23 de enero de 2025 ambos presidentes hablaron por teléfono. Pocos días después, el secretario de Estado Marco Rubio viajó a El Salvador y se reunió con Bukele. El 3 de febrero anunció que el presidente salvadoreño había ofrecido recibir en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, a deportados de cualquier nacionalidad enviados desde Estados Unidos.

   Bukele no describió aquello como un gesto humanitario. Lo presentó como la posibilidad de que Washington “externalizara parte de su sistema penitenciario” a cambio de una tarifa. El Salvador se ofrecía a

  retener a personas que Estados Unidos quería expulsar, aunque no fueran salvadoreñas y aunque su reclusión no se derivara de una sentencia dictada por tribunales de El Salvador.

   En marzo de 2025, la Administración Trump envió al CECOT a 261 personas, en su mayoría venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Muchas fueron deportadas invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma concebida para situaciones de guerra. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que numerosos trasladados no tenían condenas penales ni pruebas concluyentes de pertenencia a una organización criminal.

  Los documentos que salieron a la luz posteriormente, confirmaron pagos de al menos 4,7 millones de dólares de Washington a El Salvador por ese acuerdo. El CECOT se convertía así en una cárcel financiada desde Estados Unidos para encerrar a deportados trasladados a un tercer país. Bukele obtenía recursos, reconocimiento y respaldo de la Casa Blanca; Trump encontraba así una herramienta de disuasión migratoria que trasladaba fuera de las fronteras norteamericanas una buena parte del coste jurídico y político.

    La reunión de ambos presidentes en la Casa Blanca, en abril de 2025, consagró esa alianza. Trump elogió a Bukele como un amigo y destacó su actuación contra el crimen. El encuentro confirmó una relación de utilidad mutua: Washington hallaba un gobierno dispuesto a aplicar medidas que podían encontrar resistencias judiciales dentro de Estados Unidos; Bukele conseguía protección frente a las críticas internacionales por las detenciones masivas y la supresión de garantías democráticas.

DE LA CÁRCEL EXTERNALIZADA A LA INTERVENCIÓN EN HAITÍ

  Por ello, ahora la operación en Haití prolonga esa misma lógica en un escenario mucho más peligroso. El Salvador ya formaba parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas respaldada por Naciones Unidas, pero el contingente enviado ahora supera de golpe el tamaño que aquella misión internacional había logrado desplegar en más de un año.

    Las autoridades salvadoreñas no han aclarado con precisión quién mandará sobre los soldados, cuánto tiempo permanecerán en Haití, qué reglas de enfrentamiento aplicarán ni qué ocurrirá si la búsqueda de los cuatro técnicos se convierte en una campaña prolongada contra las bandas. El Gobierno haitiano habla de coordinación; Estados Unidos ha prestado apoyo logístico mediante el Comando Sur. También se ha informado de la presencia de Vectus Global, una empresa privada vinculada a Erik Prince, fundador del ejército privado Blackwater.

    Haití es un lugar especialmente sensible para cualquier intervención exterior. Estados Unidos ocupó el país entre 1915 y 1934, tomó el control de sus finanzas y reorganizó instituciones para proteger sus propios intereses. En 1994 volvió a intervenir militarmente; en 2004 participó, junto a Francia y Canadá, en la operación que siguió a la salida del presidente Jean-Bertrand Aristide. Después llegó la MINUSTAH, la misión de Naciones Unidas que permaneció hasta 2017 y dejó tras de sí denuncias de abusos, una devastadora epidemia de cólera y ninguna solución al colapso de las instituciones haitianas.

    Un despliegue encabezado por El Salvador permite presentar la operación actual como una cooperación latinoamericana. Estados Unidos no desaparece del cuadro: conserva una influencia decisiva sobre la misión internacional, aporta respaldo logístico y participa en la arquitectura de seguridad. Pero la fuerza visible será salvadoreña y el eventual coste inmediato de una operación fallida recae sobre Bukele.

UN PAPEL HISTÓRICAMENTE INUSUAL

   La historia latinoamericana ofrece muchos ejemplos de gobiernos que prestaron servicios subsidiarios a Estados Unidos. Pero no existe un precedente plenamente equivalente a lo que Bukele parece estar ensayando ahora.

   Brasil, por ejemplo, envió tropas a República Dominicana en 1965, después de que Estados Unidos desembarcara más de 20.000 marines para impedir el retorno del presidente constitucional Juan Bosch. La dictadura del brasileño Castelo Branco aportó el mayor contingente latinoamericano de la llamada Fuerza Interamericana de Paz organizada por la OEA. Sin embargo, su papel consistió en proporcionar cobertura hemisférica a una invasión norteamericana ya consumada. No fue Brasil quien sustituyó a Estados Unidos mediante una intervención propia.

   Honduras cumplió una tarea esencial en la guerra contra la Nicaragua sandinista durante los años ochenta. Los gobiernos de Roberto Suazo Córdova y José Azcona permitieron que su territorio albergara campamentos, aeródromos, asesores y fuerzas de la Contra. Pero Honduras no envió una fuerza expedicionaria oficial a Nicaragua: cedió territorio y estructura para una guerra organizada y financiada por Washington.

   La dictadura argentina realizó algo más cercano mediante la llamada Operación Charly. Sus servicios de inteligencia y militares enviaron asesores a Honduras para entrenar y organizar a fuerzas contrarrevolucionarias contra Nicaragua, en coordinación con la CIA. Aun así, no hubo un envío público de miles de soldados argentinos a un tercer país bajo bandera nacional.

     La diferencia es importante. Honduras fue plataforma; Argentina, operador clandestino; Brasil, socio de una coalición formal. Bukele puede convertirse en algo distinto: un Estado subcontratista de la seguridad estadounidense, capaz de ofrecer cárceles, policía, inteligencia y tropas en escenarios donde Washington prefiera no exponerse directamente.

UNA "RED DE ALIADOS" DISPONIBLES

    El caso salvadoreño puede ser el primer ensayo de una división regional de funciones. Javier Milei aporta a Trump alineamiento político y económico; Daniel Noboa, una posición estratégica en el Pacífico y una política de seguridad militarizada; Keiko Fujimori sitúa a Perú dentro del mismo arco. Abelardo de la Espriella puede devolver a Washington una Colombia con fuerzas armadas experimentadas, estrechos vínculos militares estadounidenses y una posición decisiva entre Venezuela, el Caribe y el Pacífico.

   Brasil habría dado a esa red una escala mucho mayor. Por su tamaño económico, capacidad industrial y peso militar, un triunfo bolsonarista habría reforzado un papel subimperial sobre Sudamérica. La victoria de Lula el 25 de octubre, por un margen estrecho frente a Flávio Bolsonaro, y las complicaciones judiciales de este, frustraron esa redondísima posibilidad.

   Pero la posterior salida de Flávio hacia Estados Unidos y la impugnación del resultado alentada por Trump, indican que el bolsonarismo seguirá intentando desgastar al Gobierno de Lula desde los propios EEUU. Y no porque este suponga, ni mucho menos, una alternativa política y económica al modelo preferido por la Casablanca, sino porque no encaja con los propósitos de esta de ejercer un dominio sin réplica en su  "patio trasero"

  No necesariamente todos esos gobiernos enviarán soldados a terceros países. Las funciones podrían repartirse entre cárceles para deportados, bases, inteligencia, vigilancia marítima, control migratorio, puertos, comercio y respaldo diplomático. Bukele ha aportado, de momento, la pieza más extrema: cárceles y tropas para actuar allí donde los Estados Unidos no desean aparecer directamente como protagonistas.

EL ENSAYO SALVADOREÑO

    Evidentemente, no existen pruebas tangibles de que Trump haya ordenado expresamente a Bukele intervenir en Haití. Pero la actual doctrina estratégica estadounidense, la pasada experiencia con el CECOT, el apoyo logístico norteamericano a la operación y el carácter excepcional del contingente salvadoreño,  indican con cristalina nitidez una dirección concreta y clara.

   Una intervención directa de Estados Unidos en Haití en estos momentos hubiera despertado el rechazo de un país que conoce demasiado bien el precio de las ocupaciones, además de las posibles repercusiones en las próximas elecciones de noviembre en los EEUU. Una intervención salvadoreña permite reducir ese coste, presentar la operación como latinoamericana y mantener a Washington en una posición de dirección menos expuesta.

   Haití mostrará si el despliegue de Bukele es una operación excepcional o es realmente el comienzo de una fórmula nueva. Si se consolida, El Salvador dejará de ser solamente un socio migratorio y penitenciario de Estados Unidos, pudiendo convertirse en el primer laboratorio de una política que combine el cóctel: gobiernos de extrema derecha, seguridad privatizada, fuerza militar regional y tutela norteamericana.

FUENTES CONSULTADAS

• Reuters (29/10/2026): Despliegue salvadoreño en Haití. Enlace.

• Associated Press (29/10/2026): Crisis haitiana e intervención salvadoreña. Enlace.

• Anadolu (29/10/2026): Justificación oficial del envío de tropas. Enlace.

• Casa Blanca (2025): Estrategia de Seguridad Nacional y «Corolario Trump». PDF.

• El País (09/09/2025): Pagos de EE. UU. a El Salvador por deportados al CECOT. Enlace.