EL GOBIERNO ESPAÑOL FINANCIA EL GENOCICIO: 1.041 MILLONES PARA EMPRESAS ISRAELÍES DE ARMAMENTO

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) ha denunciado que el Gobierno español continúa firmando millonarios contratos de armamento con empresas israelíes, pese al genocidio que Israel está perpetrando sobre la población palestina.

    Mientras la población de Gaza sobrevive bajo el asedio, con más de 35.000 muertos y una infraestructura civil devastada por los bombardeos, el Ejecutivo español ha mantenido, según RESCOP, una línea de colaboración económica y militar con el régimen israelí que contradice sus declaraciones públicas sobre los derechos humanos y la paz internacional.

    Afirman desde RESCOP que el pasado 28 de abril, justo el día en que se anunció la rescisión de un contrato por valor de 6,6 millones de euros con la empresa israelí Guardian Defense, se produjo un apagón informativo que ha permitido mantener ocultos al menos otros nueve contratos con empresas armamentísticas vinculadas a Israel.

  Estos contratos, aún en tramitación, forman parte de un paquete mucho más amplio: desde el inicio de la actual ofensiva israelí contra Gaza, España ha adjudicado contratos de armamento por más de 1.041 millones de euros a empresas israelíes o sus filiales.

     El comunicado denuncia que “la supuesta crisis de gobierno ha sido zanjada con un simple anuncio de cancelación de un único contrato, pese a que al menos otros nueve continúan tramitándose en silencio”.

   Según la Red Solidaria, el Estado español no ha adoptado formalmente un embargo integral de armas, y mientras tanto, “el flujo permanente de armamento y combustible militar por nuestros puertos y aeropuertos, rumbo a Israel”, sigue sin interrupciones.

CADA CONTRATO, UNA CÓMPLICE FINANCIACIÓN DEL GENOCIDIO

    RESCOP sostiene que "el nivel de gravedad de los crímenes que Israel está cometiendo en Palestina es indescriptible y el embargo de armas es sólo el primer paso a dar para romper con las complicidades que hacen posible este genocidio”.

    Lejos de limitarse a la denuncia, el comunicado plantea demandas precisas y urgentes al Ejecutivo: un embargo de armas mediante Decreto Ley o reforma legislativa, la cancelación sin contraprestación de todos los contratos en vigor, la prohibición de contratar con empresas vinculadas a la ocupación israelí y la suspensión de toda cooperación institucional con el régimen israelí.

   Desde RESCOP también reclaman la inspección de los buques sospechosos de transportar armamento hacia Israel, así como la exclusión de todas las empresas israelíes de ferias o espacios públicos en el territorio español. “Desde las más de 600 organizaciones que formamos parte de la campaña Fin al comercio de armas con Israel lo tenemos claro: no queremos ser cómplices del genocidio ni del apartheid”, concluye el texto.

    La denuncia de RESCOP ha sido respaldada por voces autorizadas del mundo del derecho, la cultura y el activismo social.

   El exmagistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, participó en un acto en el Congreso de los Diputados para exigir responsabilidades penales al Gobierno español por su colaboración en crímenes de guerra. Allí afirmó que “la venta de armas a un país que comete crímenes de guerra puede implicar complicidad penal internacional”.

   En el mismo sentido, más de 260 personalidades del mundo de la cultura firmaron una carta abierta al presidente Pedro Sánchez reclamando un embargo total de armas a Israel.

   “Cada euro destinado al comercio de armas con Israel es un euro que financia el genocidio”, advertían los firmantes, entre los que se cuentan actores, escritores, músicos y directores de cine.

   Desde el activismo internacional, la palestina Hania Faydi, miembro de RESCOP, declaró que "seguimos exigiendo al Gobierno que, a pesar de sus declaraciones, según informes del Centro de Estudios Delàs, sigue vendiendo armas a Israel. También pedimos la ruptura total de relaciones con ese Estado”.

LA HIPOCRESÍA DIPLOMÁTICA Y LA FALTA DE EMBARGO LEGAL

   Aunque el Gobierno español ha declarado públicamente que ha suspendido la venta de armas a Israel, las organizaciones de derechos humanos han demostrado que no existe ningún embargo legal formalizado. Amnistía Internacional ha urgido a España a implementar de inmediato un embargo vinculante, señalando que la falta de acción efectiva hace al Estado cómplice de crímenes de guerra.

   Según la legislación española (Ley 53/2007 sobre comercio exterior de armas), el Ejecutivo tiene la potestad de prohibir la exportación y adquisición de armamento en caso de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha producido ningún acto administrativo que lo haga efectivo.