¿NEOCOLONIALISMO AGRARIO EN LA PALMA?: EL CABILDO NEGOCIA UN POLÉMICO CONTRATO CON UNA MULTINACIONAL DE EMIRATOS ARABES
"En la práctica, el contrato entregaría el control productivo y económico del campo palmero a la multinacional Al Dahra"
El Cabildo de La Palma negocia un acuerdo con la multinacional emiratí Al Dahra que podría profundizar aún más la dependencia económica y agraria de la isla. Bajo la promesa de inversión y recuperación de tierras, el proyecto —según la formación política Drago Canarias— "representa un modelo de subordinación productiva que agrava la falta de soberanía alimentaria y entrega el control del campo palmero a intereses foráneos".
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
En las últimas semanas, el grupo de Gobierno del Cabildo de La Palma (Coalición Canaria) ha confirmado que mantiene negociaciones con la multinacional agrícola de los Emiratos Árabes Al Dahra para poner en marcha un proyecto de "colaboración en tierras de cultivo de la isla".
Según lo declarado por el consejero insular de Agricultura, Alberto Paz, la iniciativa consistiría en un contrato mediante el cual la empresa extranjera aportaría el capital inicial para financiar explotaciones agrícolas locales, mientras que agricultores de la isla trabajarían la tierra, comprometiéndose a entregar la producción durante un período de entre 30 y 40 años.
La propuesta ha generado el rechazo del grupo político Drago Canarias, que denuncia que este acuerdo se está negociando "sin transparencia, sin consulta a la ciudadanía y con graves riesgos para la soberanía alimentaria y la gestión local de los recursos agrícolas". Según esta organización, el Cabildo estaría “poniendo en bandeja el campo palmero a intereses foráneos”, replicando así modelos de explotación agrícola intensiva con precedentes catastróficos en otros países.
El grupo de gobierno del Cabildo, por su parte, defiende que "no habrá venta de tierras y que el modelo busca dar uso a terrenos actualmente abandonados o infrautilizados". Sin embargo, las críticas al proyecto advierten que el modelo propuesto puede suponer, en la práctica, una cesión del control productivo y económico del campo palmero a una multinacional cuyo historial internacional es motivo de preocupación.
ENTRE LA INDIGNACIÓN Y LA DENUNCIA
Sin embargo, la portavoz en La Palma de Drago Canarias, Sara Hernández, ha manifestado que esta operación “no responde al interés general” y acusa al Cabildo de actuar como “promotor de las mismas dinámicas que nos han hecho dependientes y vulnerables”, como el monocultivo, la exportación forzada y la concentración de tierras en pocas manos.
La organización insiste en señalar que todo "el proceso se ha realizado sin participación pública, ni consulta a los agricultores de la isla", y sostiene que responde a "un modelo extractivista que prioriza el lucro privado sobre las necesidades locales".
“Se está diseñando un mapa de terrenos y productos para satisfacer las demandas de un gobierno extranjero que no respeta los derechos humanos ni garantiza prácticas sostenibles”, subraya Hernández.
La Asociación ecologista La Cernícala se ha sumado a estas críticas, señalando "la falta de transparencia y el riesgo de pérdida de control sobre los recursos agrícolas". Este proyecto pone de manifiesto - denuncian - una "mentalidad colonizada que entrega tierras al capital internacional en lugar de protegerlas para uso y beneficio de la población local.
AL DAHRA Y UN HISTORIAL INTERNACIONAL QUE LEVANTA SOSPECHAS
La empresa Al Dahra no es una empresa cualquiera, con sede en Emiratos Árabes Unidos, opera en más de 20 países y gestiona extensas superficies de cultivo en África, Europa y América. En Egipto, controla decenas de miles de hectáreas en zonas desérticas donde emplea agua fósil —un recurso no renovable— para cultivos intensivos. En países como Serbia o Namibia ha sido acusada de acaparamiento de tierras, explotación de recursos hídricos y exclusión de las comunidades locales.
Estos antecedentes han sido catalogados por muchos como un patrón de neocolonialismo agrario, en el que el capital extranjero toma el control productivo de territorios mediante contratos a largo plazo que dejan a las comunidades locales sin capacidad de decisión real.
Es por ello que los críticos con el proyecto impulsado por el Cabildo de La Palma advierten que permitir que una empresa con este historial se instale en La Palma, sin evaluación de impacto ni participación ciudadana, "supone una amenaza concreta a la soberanía alimentaria de la isla, así como al equilibrio ambiental y social de su mundo rural".
¿MODERNIZACIÓN O MÁS DEPENDENCIA?
El discurso oficial del Cabildo de La Palma apela a la "necesidad de revitalizar tierras abandonadas, generar empleo y atraer inversión". Para los críticos esta retórica tecnocrática sólo oculta una cesión total del control sobre el territorio, la isla a una multinacional que, bajo este modelo, tendría la capacidad para determinar qué se cultiva, con qué técnicas, a qué precio y a qué mercados se dedicaría dicha producción. Un modelo en el que el agricultor se convierte enmero ejecutor de un plan ajeno, sin margen para decidir, sobre una tierra que, aunque no legalmente, en la práctica le dejaría de pertenecer.
Este tipo de contratos, que se presentan como colaboraciones, suelen establecer condiciones técnicas rígidas, compromisos de exclusividad durante décadas y penalizaciones en caso de incumplimiento. En muchos casos documentados, los agricultores no pueden cambiar de cultivo ni vender a otros compradores, lo que destruye su autonomía y transforma la relación en una forma encubierta de subordinación económica.
La “modernización”, así entendida, no solo profundiza la dependencia, sino que relega a los pequeños productores locales, quienes ya enfrentan múltiples obstáculos para acceder a la tierra, el agua o los mercados. Lejos de ser una solución, este modelo agudiza las desigualdades existentes y entrega el control del campo canario a manos foráneas.
Para Drago Canarias, este tipo de proyectos contradicen de forma flagrante los principios de soberanía alimentaria, que implica el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, priorizando el acceso equitativo a la tierra, la producción local y sostenible, el uso racional del agua y la distribución justa de los beneficios.
De realizarse el acuerdo con la multinacional Al Dahra, la tierra cedida de La Palma se convertiría, de facto, en un activo financiero; el agua, en insumo explotable y el agricultor, en pieza subordinada de una maquinaria ajena. Y todo ello sin debate público, sin garantías sociales, ni participación democrática.
En contraposición a este modelo, Drago Canarias reclama la aplicación de medidas urgentes para recuperar el control del territorio agrícola: frenar cualquier operación de venta o arrendamiento a intereses foráneos, realizar una evaluación pública del suelo cultivable, y diseñar mecanismos eficaces para poner esas tierras al alcance de quienes desean producir con criterios sociales y ambientales.
Reclaman, igualmente, el impulso de canales de distribución locales, que permitan reducir la dependencia exterior y que los beneficios lleguen a quienes trabajan la tierra, no a grandes cadenas ni intermediarios. Frente a un modelo orientado al lucro privado y la exportación, defienden una política agraria centrada en la autosuficiencia, el relevo generacional y el cuidado de los recursos naturales.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
En las últimas semanas, el grupo de Gobierno del Cabildo de La Palma (Coalición Canaria) ha confirmado que mantiene negociaciones con la multinacional agrícola de los Emiratos Árabes Al Dahra para poner en marcha un proyecto de "colaboración en tierras de cultivo de la isla".
Según lo declarado por el consejero insular de Agricultura, Alberto Paz, la iniciativa consistiría en un contrato mediante el cual la empresa extranjera aportaría el capital inicial para financiar explotaciones agrícolas locales, mientras que agricultores de la isla trabajarían la tierra, comprometiéndose a entregar la producción durante un período de entre 30 y 40 años.
La propuesta ha generado el rechazo del grupo político Drago Canarias, que denuncia que este acuerdo se está negociando "sin transparencia, sin consulta a la ciudadanía y con graves riesgos para la soberanía alimentaria y la gestión local de los recursos agrícolas". Según esta organización, el Cabildo estaría “poniendo en bandeja el campo palmero a intereses foráneos”, replicando así modelos de explotación agrícola intensiva con precedentes catastróficos en otros países.
El grupo de gobierno del Cabildo, por su parte, defiende que "no habrá venta de tierras y que el modelo busca dar uso a terrenos actualmente abandonados o infrautilizados". Sin embargo, las críticas al proyecto advierten que el modelo propuesto puede suponer, en la práctica, una cesión del control productivo y económico del campo palmero a una multinacional cuyo historial internacional es motivo de preocupación.
ENTRE LA INDIGNACIÓN Y LA DENUNCIA
Sin embargo, la portavoz en La Palma de Drago Canarias, Sara Hernández, ha manifestado que esta operación “no responde al interés general” y acusa al Cabildo de actuar como “promotor de las mismas dinámicas que nos han hecho dependientes y vulnerables”, como el monocultivo, la exportación forzada y la concentración de tierras en pocas manos.
La organización insiste en señalar que todo "el proceso se ha realizado sin participación pública, ni consulta a los agricultores de la isla", y sostiene que responde a "un modelo extractivista que prioriza el lucro privado sobre las necesidades locales".
“Se está diseñando un mapa de terrenos y productos para satisfacer las demandas de un gobierno extranjero que no respeta los derechos humanos ni garantiza prácticas sostenibles”, subraya Hernández.
La Asociación ecologista La Cernícala se ha sumado a estas críticas, señalando "la falta de transparencia y el riesgo de pérdida de control sobre los recursos agrícolas". Este proyecto pone de manifiesto - denuncian - una "mentalidad colonizada que entrega tierras al capital internacional en lugar de protegerlas para uso y beneficio de la población local.
AL DAHRA Y UN HISTORIAL INTERNACIONAL QUE LEVANTA SOSPECHAS
La empresa Al Dahra no es una empresa cualquiera, con sede en Emiratos Árabes Unidos, opera en más de 20 países y gestiona extensas superficies de cultivo en África, Europa y América. En Egipto, controla decenas de miles de hectáreas en zonas desérticas donde emplea agua fósil —un recurso no renovable— para cultivos intensivos. En países como Serbia o Namibia ha sido acusada de acaparamiento de tierras, explotación de recursos hídricos y exclusión de las comunidades locales.
Estos antecedentes han sido catalogados por muchos como un patrón de neocolonialismo agrario, en el que el capital extranjero toma el control productivo de territorios mediante contratos a largo plazo que dejan a las comunidades locales sin capacidad de decisión real.
Es por ello que los críticos con el proyecto impulsado por el Cabildo de La Palma advierten que permitir que una empresa con este historial se instale en La Palma, sin evaluación de impacto ni participación ciudadana, "supone una amenaza concreta a la soberanía alimentaria de la isla, así como al equilibrio ambiental y social de su mundo rural".
¿MODERNIZACIÓN O MÁS DEPENDENCIA?
El discurso oficial del Cabildo de La Palma apela a la "necesidad de revitalizar tierras abandonadas, generar empleo y atraer inversión". Para los críticos esta retórica tecnocrática sólo oculta una cesión total del control sobre el territorio, la isla a una multinacional que, bajo este modelo, tendría la capacidad para determinar qué se cultiva, con qué técnicas, a qué precio y a qué mercados se dedicaría dicha producción. Un modelo en el que el agricultor se convierte enmero ejecutor de un plan ajeno, sin margen para decidir, sobre una tierra que, aunque no legalmente, en la práctica le dejaría de pertenecer.
Este tipo de contratos, que se presentan como colaboraciones, suelen establecer condiciones técnicas rígidas, compromisos de exclusividad durante décadas y penalizaciones en caso de incumplimiento. En muchos casos documentados, los agricultores no pueden cambiar de cultivo ni vender a otros compradores, lo que destruye su autonomía y transforma la relación en una forma encubierta de subordinación económica.
La “modernización”, así entendida, no solo profundiza la dependencia, sino que relega a los pequeños productores locales, quienes ya enfrentan múltiples obstáculos para acceder a la tierra, el agua o los mercados. Lejos de ser una solución, este modelo agudiza las desigualdades existentes y entrega el control del campo canario a manos foráneas.
Para Drago Canarias, este tipo de proyectos contradicen de forma flagrante los principios de soberanía alimentaria, que implica el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, priorizando el acceso equitativo a la tierra, la producción local y sostenible, el uso racional del agua y la distribución justa de los beneficios.
De realizarse el acuerdo con la multinacional Al Dahra, la tierra cedida de La Palma se convertiría, de facto, en un activo financiero; el agua, en insumo explotable y el agricultor, en pieza subordinada de una maquinaria ajena. Y todo ello sin debate público, sin garantías sociales, ni participación democrática.
En contraposición a este modelo, Drago Canarias reclama la aplicación de medidas urgentes para recuperar el control del territorio agrícola: frenar cualquier operación de venta o arrendamiento a intereses foráneos, realizar una evaluación pública del suelo cultivable, y diseñar mecanismos eficaces para poner esas tierras al alcance de quienes desean producir con criterios sociales y ambientales.
Reclaman, igualmente, el impulso de canales de distribución locales, que permitan reducir la dependencia exterior y que los beneficios lleguen a quienes trabajan la tierra, no a grandes cadenas ni intermediarios. Frente a un modelo orientado al lucro privado y la exportación, defienden una política agraria centrada en la autosuficiencia, el relevo generacional y el cuidado de los recursos naturales.
Chorche | Viernes, 20 de Junio de 2025 a las 15:03:34 horas
No te quepa duda: esto es un modelo extractivista que prioriza el lucro privado sobre las necesidades locales.
Digámoslo con más claridad: esto es el capitalismo. La más peligrosa de las dictaduras por sutil. Hasta el punto que se ha sabido colar como la "democracia".
Socialismo o barbarie.
De nosotros depende.
Apoyemos a Drago Canarias y a la Asoc. Ecologista la Cernícala.
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