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Sábado, 01 de Febrero de 2025 Tiempo de lectura:

EL SÍSTEMA HÍDRICO DE LANZAROTE A PUNTO DEL COLAPSO: RECLAMAN UNA GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA

La Mesa Ciudadana del Agua de Lanzarote vuelve a alzar la voz

La Mesa Ciudadana del Agua de Lanzarote denuncia la desastrosa gestión del ciclo hídrico, agravada por la privatización del servicio. Mientras más de la mitad del agua se pierde por una red obsoleta, los vecinos se organizan para reclamar una gestión pública, transparente y con control ciudadano.

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG

 

   Mediante un comunicado emitido tras la celebración de su segunda Asamblea, la Mesa Ciudadana del Agua de Lanzarote ha vuelto a alzar la voz ante una situación que califican de insostenible: cortes diarios en el suministro, redes en estado crítico y una gestión que, tras décadas de ineficacia pública, culminó en la privatización del ciclo integral del agua a favor de Canal Gestión, empresa a la que hoy acusan de agravar aún más el problema.

 

   Reunidos el pasado 30 de marzo en la sociedad La Tegala de Haría, los vecinos de la isla debatieron sobre una realidad que ya ha dejado de ser coyuntural para convertirse en crónica: el agua, derecho fundamental, está lejos de estar garantizada en Lanzarote.

 

 

"MÁS DE LA MITAD DEL AGUA SE PIERDE: LA RED HIDRÁULICA DE LANZAROTE EN RUINAS"

 

 

LA DESCONFIANZA COMO PUNTO DE PARTIDA

 

   La ciudadanía reunida en asamblea expresó con contundencia su desconfianza en los gestores políticos que durante los últimos 20 años han conducido el sistema hídrico a un punto de colapso. Las críticas no solo apuntan a la ineficiencia, sino también al oscurantismo en la toma de decisiones, de la cual la ciudadanía ha sido sistemáticamente excluida.

 

   Esta exclusión -denuncian- se ha mantenido incluso tras la cesión del servicio a una empresa privada como Canal Gestión, cuyas promesas de eficiencia no solo no se han cumplido, sino que se han traducido en una gestión aún más opaca y deficiente.

 

  Por ello, la Mesa propone una gestión pública del agua, con participación real de la ciudadanía en las decisiones y mecanismos efectivos de fiscalización. Exigen no solo voz, sino capacidad de control sobre lo que ocurre con un bien común tan vital como el agua.

 

 

"EL ACCESO AL AGUA NO ES UN PRIVILEGIO, SINO UN DERECHO QUE DEBE SER DEFENDIDO COLECTIVAMENTE"

 

 

EL DRAMA ESTRUCTURAL: UNA RED QUE DESANGRA LA ISLA

 

   La situación de Lanzarote es escandalosa: más del 55% del agua desalada se pierde por fugas en una red de más de 1.300 kilómetros de tuberías obsoletas. Esto supone unos 15 millones de metros cúbicos anuales que jamás llegan a sus destinatarios, en una isla donde los cortes en el suministro son cotidianos y afectan tanto a hogares como al sector primario.

 

  Esta cifra refleja una contradicción fundamental del modelo actual: mientras se invierte en desaladoras, la distribución sigue siendo un coladero, y las pérdidas estructurales han sido ignoradas sistemáticamente. La privatización no ha corregido esta tendencia. Por el contrario, la gestión privada ha priorizado el beneficio a corto plazo antes que el mantenimiento de la red, según denuncian múltiples organizaciones ciudadanas y medios locales.

 

PRIVATIZACIÓN Y DETERIORO: UNA FÓRMULA REPETIDA

 

   La experiencia de Lanzarote encaja en una lógica más amplia que afecta a numerosos servicios públicos en el Estado español: el deterioro planificado de lo público como antesala para justificar su privatización. Bajo este esquema, una vez transferido el servicio a manos privadas, los problemas no solo persisten sino que, al depender ahora de una lógica empresarial, se agudizan para la ciudadanía.

 

   En este contexto, Canal Gestión ha sido objeto de múltiples críticas por parte de colectivos sociales, por incumplimientos contractuales y por una gestión que no ha solucionado los problemas históricos del suministro. La Mesa Ciudadana del Agua plantea, entre sus propuestas, exigir un informe riguroso sobre estos incumplimientos y estudiar la vía judicial para denunciar tanto a la empresa como a los responsables institucionales que los han permitido.

 

EMERGENCIA HÍDRICA: RECONOCIDA TARDE Y MAL

 

   Solo en marzo de 2025, tras meses de presión ciudadana, el Consejo Insular de Aguas se vio obligado a declarar la emergencia hídrica en Lanzarote y La Graciosa. Aunque esta declaración permite acelerar ciertas inversiones —como la reparación de redes por 5 millones de euros—, la Mesa advierte que esta reacción llega tarde y que responde más a la presión social que a una verdadera voluntad política.

 

   A juicio de los colectivos ciudadanos, el Gobierno insular ha evitado durante años esta declaración para no asumir las implicaciones de fondo: que la isla ha superado su capacidad de carga y que el modelo de gestión privatizado ha fracasado rotundamente.

 

PROPUESTAS Y MOVILIZACIÓN DESDE ABAJO

 

   Entre las acciones acordadas en la Asamblea Ciudadana se encuentran: convocar una manifestación insular por el agua pública, exigir la instalación de fuentes potables en Haría, denunciar los vertidos incontrolados en la costa, e impulsar mapas de infraestructuras hídricas que permitan entender la dimensión del abandono acumulado.

 

   Asimismo, la Mesa propone establecer puntos de información para gestionar subvenciones relacionadas con el agua y el sector primario, e impulsar mecanismos de debate y análisis al margen de partidos políticos.

 

  La crisis del agua en Lanzarote refleja una de las contradicciones centrales del capitalismo contemporáneo: la conversión de los bienes comunes en mercancías. Bajo este modelo, el agua deja de ser un derecho para convertirse en un negocio, generando una división entre quienes producen y quienes se lucran de su gestión.

 

   La lucha ciudadana en Lanzarote, por tanto, no solo interpela a la gestión técnica del agua, sino que plantea una disputa de fondo: quién decide sobre los bienes comunes, quién se beneficia de su explotación y quién paga las consecuencias del deterioro del sistema.

 

  Lejos de resignarse, la Mesa Ciudadana del Agua ha dado un paso adelante en la organización de los vecinos, promoviendo una  movilización que busca recuperar el control democrático de un recurso esencial.

 

 

 

 
 
 
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