Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
A principios de los años 70 del siglo pasado, cuando el turismo de masas comenzaba remodelar fatalmente el paisaje de Gran Canaria, un joven oriundo del rural sur profundo de la isla, "Chago" Santana Cazorla, comenzó a dar sus primeros pasos en el sector de la construcción.
Conocido entre sus allegados como pertinaz cabezón, arrancó como chófer de camiones, pero, en pocos años, su nombre comenzó a circular entre los contratistas locales como alguien con ambición sin barreras y una aguda visión para el negocio y el cambalache. Durante las décadas siguientes, Santana Cazorla proyectó sus actividades mucho más allá de las fronteras del cemento.
Sin que haya quedado registro verificable sobre los procedimientos que pudo utilizar para realizar el salto que le permitió convertirse en un empresario con creciente capital -aunque sí se pueda afirmarse que difícilmente puede alguien hacerse rico solo con trabajar - creó un conglomerado multisectorial —el Grupo Santana Cazorla— que abarcaba desde la hostelería hasta concesionarios de BMW, pasando por la gestión de aguas y residuos, instalaciones deportivas, aerolíneas y bodegas.
Hoteles emblemáticos, como el Taurito Playa y el Aparthotel Lago Taurito, se convirtieron en símbolos de su poder. En paralelo, surgieron inversiones en Alemania, Austria, Túnez y Turquía, y, desde al menos 2012, también en Marruecos, un destino que más tarde marcaría un giro crucial en su historia.
DE LA CIMA EMPRESARIAL A LA TUMBA JUDICIAL
Pero no todo lo que relucía era oro. A medida que se consolidaba su imperio, también se acumulaban las sombras: conflictos con socios, tensiones familiares, acusaciones judiciales y escándalos financieros comenzaron a empañar la imagen del magnate. El punto de quiebre llegaría con su implicación en el escandaloso proceso de venta del complejo turístico Anfi del Mar, una joya codiciada por los grandes grupos del sector.
En 2016, ya instalado en Marruecos —en lo que el propio Cazorla ha descrito como un “autoexilio” motivado por la creciente presión judicial en España—, el empresario fue condenado por apropiación indebida. Había trasladado a su nueva residencia un barco perteneciente a Anfi del Mar, sin autorización, lo que le costó un año de prisión y una multa de 42.000 euros, pura calderilla para el multado.
UNA GUERRA FRATRICIDA: SANTANA CONTRA SANTANA
El declive de su imperio coincidió también con una guerra interna devastadora: la que libró contra su propio hermano, Manuel Santana Cazorla. Esta fraterna disputa, repleta de acusaciones cruzadas, de revelación de secretos empresariales, de denuncias de alzamiento de bienes y de operaciones irregulares, abrió grietas profundas en la estructura del grupo empresarial. En esta “guerra entre hermanos”, no solo rompió los vínculos familiares, sino también provocó la apertura un agujero financiero sin fondo de más de 300 millones de euros.
El Administrador concursal del Grupo Hermanos Santana Cazorla llegó a denunciar un "indudable alzamiento de bienes" por parte de ambos hermanos, señalando una permuta de acciones irregular que perjudicó a la empresa en al menos 60 millones de euros.
Finalmente, en 2024, el grupo fue declarado en liquidación, con la justicia calificando su concurso como “culpable” y “doloso”.
ANFI DEL MAR: EL TESORO QUE TERMINÓ EN DISPUTA
Anfi del Mar, inicialmente propiedad a partes iguales entre el Grupo Santana Cazorla y el Grupo Lopesan, se convirtió igualmente en el campo de batalla económico más encarnizado de esta saga. Las acciones del grupo en Anfi fueron puestas en subasta judicial en 2025, siendo adquiridas por Lopesan, propiedad de Eustasio López, por apenas 8 millones de euros. Un precio que los hijos de Santana Cazorla denunciaron como “escandalosamente bajo” en comparación con los 400 millones en que había sido valorado anteriormente el complejo.
En medio del proceso concursal, la familia de Santiago Santana acusó al Administrador judicial de tratar de favorecer a Lopesan y pidió la anulación de la subasta. El escándalo alcanzó tales niveles que incluso el juez designado al caso presentó su renuncia, denunciando irregularidades y falta de transparencia en el proceso.
UNA MARINA “BIRLADA” Y EL VERGONZOSO REVÉS JUDICIAL
Uno de los capítulos más llamativos en la caída de Santana Cazorla fue, precisamente, su batalla legal por el control de la marina deportiva de Anfi del Mar. En 2011, su empresa familiar consiguió de forma discreta —y a espaldas de sus entonces socios, los herederos del noruego Björn Lyng— una concesión de la Dirección General de Costas para ocupar y explotar ese codiciado espacio.
La maniobra fue judicialmente impugnada y, años después, la propia Audiencia Nacional anuló la concesión. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en 2023, dejando sin efecto la autorización y permitiendo al Ayuntamiento de Mogán recuperar la gestión de los locales comerciales, deportivos y de ocio del complejo. Así, Santana Cazorla no solo se quedó sin la marina: quedó también retratado como un empresario que se había apropiado de un bien público por vías poco transparentes .
53 MILLONES “FANTASMAS”: OTRO REVÉS MILLONARIO
Como si no fuera suficiente, en paralelo, su familia emprendió una demanda contra el Ministerio para la Transición Ecológica, reclamando 53 millones de euros como indemnización por los “perjuicios” que supuestamente les había causado la anulación de aquella concesión.
El Tribunal rechazó la demanda, considerando infundadas las pretensiones de la familia y subrayando la ilegitimidad del aprovechamiento que habían hecho de la marina.
La sentencia fue contundente: la familia había intentado obtener una compensación por una ocupación que no solo era irregular, sino que había sido anulada precisamente por su carácter fraudulento.
UNA ORDEN DE BUSCA Y CAPTURA
El momento de mayor escándalo para Santana Cazorla llegó cuando un juez de San Bartolomé de Tirajana emitió, este mismo mes de abril una orden de busca y captura contra Santiago Santana Cazorla. El empresario, que desde hacía años residía en Marruecos, había ignorado su obligación de comparecer por una querella presentada en su contra, que se instruye desde 2024, por un asunto vinculado con la sociedad Promociones Islas Verdes, promotora de Costa Taurito y ya en fase de liquidación.
Santana Cazorla se presentó en los juzgados un día después, con un repentino deseo de "cumplir con la justicia" motivado por la advertencia del magistrado de que, en caso de que no compareciera en un plazo de diez días, sería declarado en rebeldía.
UN IMPERIO EN VENTA POR PIEZAS
El grupo empresarial fundado por Santana Cazorla ya no existe como tal. Sus activos más valiosos han sido vendidos. Sus sociedades, liquidadas. Sus antiguos socios —como Lopesan— han absorbido la parte más rentable del legado. Sus propios hijos, divididos entre litigios internos y acusaciones cruzadas, han quedado fuera del tablero principal.
Como colofón, la Audiencia Provincial de Las Palmas confirmó en este 2025 la validez del convenio de acreedores del grupo Anfi, y reprendió duramente las maniobras procesales impulsadas por las sociedades vinculadas a Cazorla, calificándolas de “abusivas” y carentes de “sentido jurídico alguno”, ya que se apoyaban en una deuda que apenas representaba un 0,0003% del pasivo total .
Hoy, el otrora “rey del sur” de Gran Canaria vive fuera del país, sin empresa, sin marina y sin acciones en Anfi y sin una alma que de él se apiade. Su historia podría considerarse el relato de un modelo empresarial basado en la especulación, la opacidad y la cultura del pelotazo que, pese a todo, sigue vigente y enriqueciendo a otros empresarios de este todavía codiciado sector.
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