ENTRE CONTENDEDORES Y PROMESAS ROTAS: LA VIDA DE LOS DAMNIFICADOS DEL VOLCÁN DE LA PALMA (VÍDEO)
¿Por qué los damnificados del volcán aún no tienen una vivienda digna?
Tres años después del estallido del volcán Tajogaite, el verdadero incendio sigue ardiendo en La Palma: el del abandono institucional, la precariedad habitacional y la gestión neoliberal del desastre. La naturaleza fue el detonante, pero el sistema ha sido la catástrofe real.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Cuando en septiembre de 2021 la tierra se abrió bajo los pies de los habitantes de La Palma y el volcán Tajogaite comenzó su erupción no se liberaron tan solo ríos de lava. También quedaron al descubierto décadas de una estructura económica débil, dependiente y desigual. Lo que ocurrió después de la catástrofe volcánica no fue una excepción a la norma, sino la norma intensificada. Abandono institucional, lentitud burocrática y, sobre todo, el traslado del costo humano y social del desastre a las clases trabajadoras.
La emergencia arrasó con viviendas, cultivos, pequeñas propiedades. Más de 7.000 personas fueron desplazadas. En cualquier sociedad que aspire mínimamente a la justicia social, un desastre natural de tal magnitud debería haber generado una respuesta rápida, coordinada y solidaria por parte del Estado. Pero no. Lo que se desplegó fue un guión conocido: medidas lentas, ayudas parciales, palabras huecas y una burocracia paralizante. La gestión del desastre fue, en realidad, una gestión de la desigualdad.
LAS CASAS-CONTENEDOR COMO SÍMBOLO DE UN ESTADO AUSENTE
¿Qué se les ofreció a quienes lo perdieron todo? Contenedores a modo de viviendas. No como solución de urgencia por unas semanas, sino como refugio permanente durante años. Tres años después de la erupción, más de un centenar de familias siguen viviendo en estructuras metálicas oxidables, con techos que gotean, sin aislamiento térmico y con serias deficiencias que violan las propias normativas de habitabilidad.
Este no es un problema técnico ni meteorológico, s una elección política. Se elige no construir vivienda pública digna, se elige no expropiar grandes propiedades o infraestructuras turísticas ociosas para alojar a las familias desplazadas. En cambio, se normaliza la infravivienda como horizonte vital de los pobres, se naturaliza su exclusión del derecho a una vida segura y estable.
Los contenedores no son solo chatarra habitacional, son dispositivos de control social. Aislados, separados de los núcleos urbanos, convertidos en espacios de desesperanza, impiden el arraigo, socavan la dignidad y promueven la resignación. Es la actualización del gueto: útil para esconder a los pobres de la postal turística, útil para recordarnos quién manda.
CÁRITAS Y LA PRIVATIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD
Ante la desidia institucional, Cáritas Diocesana ha terminado ocupando funciones que debieran ser públicas. Esta ONG ha atendido a más de 1.300 familias desde 2021, muchas de ellas aún hoy bajo su cuidado. No solo ofrecen ayuda material, también acompañamiento psicológico. Incluso han puesto en marcha programas para mayores que han debido comenzar de nuevo en lugares ajenos. No se trata de criticar el trabajo de Cáritas, sino de preguntarse: ¿qué dice de nuestro sistema que la garantía de mínimos vitales recaiga en una entidad privada, sostenida por donaciones y voluntarismo?
De esta forma las administraciones públicas, lejos de garantizar derechos, los convierte en beneficencia dejando a los trabajadores a merced de redes caritativas.
Mientras los afectados viven en condiciones infrahumanas, el precio del alquiler en la isla se ha triplicado. El mercado respondió, como siempre, en clave de ganancia: la destrucción de viviendas generó escasez, la escasez disparó los precios y, con ellos, los beneficios. A esto se sumó una avalancha de reconversiones de vivienda residencial en pisos turísticos, lo que ha agravado aún más la dificultad del acceso a vivienda para los palmeros.
PROMESAS, LEYES Y MILAGROS QUE NUNCA LLEGAN
El Gobierno de España anunció, a bombo y platillo, la movilización de casi mil millones de euros. Sin embargo, de ese total solo un ínfimo porcentaje fue a parar directamente a las personas afectadas. El resto se dirigió a infraestructuras y obras públicas. La reconstrucción, en lugar de atender primero las necesidades humanas, priorizó carreteras, nuevas redes y proyectos urbanísticos que benefician sobre todo al capital.
En lugar de expropiar terrenos cubiertos de lava, se los declaró "inservibles". En lugar de garantizar compensaciones íntegras por las pérdidas, se ofrecieron cantidades insuficientes, como los 60.000 euros por vivienda perdida, ridículos ante el valor real de las propiedades. En lugar de diseñar un plan urbanístico de reconstrucción popular y participativa, se impusieron criterios técnicos sin debate democrático. ¿El resultado? Las mismas personas que perdieron su casa, ahora pierden también el suelo que la sostenía.
Todo desastre natural pone a prueba la estructura social en la que se produce. Y lo que esta situación ha revelado con brutal claridad es que el sistema económico y político vigente no está diseñado para garantizar la vida, sino para sostener la propiedad privada y el beneficio empresarial, incluso en medio del desastre.
La Palma es hoy laboratorio de una política del desastre: convertir la crisis en oportunidad para reordenar el territorio, expulsar a quienes no resultan rentables, dejar en manos del capital la reconstrucción y normalizar la caridad como sustituto de los derechos.
El volcán destruyó casas. El Estado y el mercado han destruido la esperanza. La lucha de los afectados por la recuperación de su dignidad no es solo justa, es imprescindible. No basta con exigir ayudas, hay que disputar el sentido mismo de la reconstrucción. Porque reconstruir La Palma no es levantar paredes, es restituir derechos, reparar injusticias y plantar cara a un modelo económico que convierte cada tragedia en un negocio.
VÍDEO RELACIONADO:
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Cuando en septiembre de 2021 la tierra se abrió bajo los pies de los habitantes de La Palma y el volcán Tajogaite comenzó su erupción no se liberaron tan solo ríos de lava. También quedaron al descubierto décadas de una estructura económica débil, dependiente y desigual. Lo que ocurrió después de la catástrofe volcánica no fue una excepción a la norma, sino la norma intensificada. Abandono institucional, lentitud burocrática y, sobre todo, el traslado del costo humano y social del desastre a las clases trabajadoras.
La emergencia arrasó con viviendas, cultivos, pequeñas propiedades. Más de 7.000 personas fueron desplazadas. En cualquier sociedad que aspire mínimamente a la justicia social, un desastre natural de tal magnitud debería haber generado una respuesta rápida, coordinada y solidaria por parte del Estado. Pero no. Lo que se desplegó fue un guión conocido: medidas lentas, ayudas parciales, palabras huecas y una burocracia paralizante. La gestión del desastre fue, en realidad, una gestión de la desigualdad.
LAS CASAS-CONTENEDOR COMO SÍMBOLO DE UN ESTADO AUSENTE
¿Qué se les ofreció a quienes lo perdieron todo? Contenedores a modo de viviendas. No como solución de urgencia por unas semanas, sino como refugio permanente durante años. Tres años después de la erupción, más de un centenar de familias siguen viviendo en estructuras metálicas oxidables, con techos que gotean, sin aislamiento térmico y con serias deficiencias que violan las propias normativas de habitabilidad.
Este no es un problema técnico ni meteorológico, s una elección política. Se elige no construir vivienda pública digna, se elige no expropiar grandes propiedades o infraestructuras turísticas ociosas para alojar a las familias desplazadas. En cambio, se normaliza la infravivienda como horizonte vital de los pobres, se naturaliza su exclusión del derecho a una vida segura y estable.
Los contenedores no son solo chatarra habitacional, son dispositivos de control social. Aislados, separados de los núcleos urbanos, convertidos en espacios de desesperanza, impiden el arraigo, socavan la dignidad y promueven la resignación. Es la actualización del gueto: útil para esconder a los pobres de la postal turística, útil para recordarnos quién manda.
CÁRITAS Y LA PRIVATIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD
Ante la desidia institucional, Cáritas Diocesana ha terminado ocupando funciones que debieran ser públicas. Esta ONG ha atendido a más de 1.300 familias desde 2021, muchas de ellas aún hoy bajo su cuidado. No solo ofrecen ayuda material, también acompañamiento psicológico. Incluso han puesto en marcha programas para mayores que han debido comenzar de nuevo en lugares ajenos. No se trata de criticar el trabajo de Cáritas, sino de preguntarse: ¿qué dice de nuestro sistema que la garantía de mínimos vitales recaiga en una entidad privada, sostenida por donaciones y voluntarismo?
De esta forma las administraciones públicas, lejos de garantizar derechos, los convierte en beneficencia dejando a los trabajadores a merced de redes caritativas.
Mientras los afectados viven en condiciones infrahumanas, el precio del alquiler en la isla se ha triplicado. El mercado respondió, como siempre, en clave de ganancia: la destrucción de viviendas generó escasez, la escasez disparó los precios y, con ellos, los beneficios. A esto se sumó una avalancha de reconversiones de vivienda residencial en pisos turísticos, lo que ha agravado aún más la dificultad del acceso a vivienda para los palmeros.
PROMESAS, LEYES Y MILAGROS QUE NUNCA LLEGAN
El Gobierno de España anunció, a bombo y platillo, la movilización de casi mil millones de euros. Sin embargo, de ese total solo un ínfimo porcentaje fue a parar directamente a las personas afectadas. El resto se dirigió a infraestructuras y obras públicas. La reconstrucción, en lugar de atender primero las necesidades humanas, priorizó carreteras, nuevas redes y proyectos urbanísticos que benefician sobre todo al capital.
En lugar de expropiar terrenos cubiertos de lava, se los declaró "inservibles". En lugar de garantizar compensaciones íntegras por las pérdidas, se ofrecieron cantidades insuficientes, como los 60.000 euros por vivienda perdida, ridículos ante el valor real de las propiedades. En lugar de diseñar un plan urbanístico de reconstrucción popular y participativa, se impusieron criterios técnicos sin debate democrático. ¿El resultado? Las mismas personas que perdieron su casa, ahora pierden también el suelo que la sostenía.
Todo desastre natural pone a prueba la estructura social en la que se produce. Y lo que esta situación ha revelado con brutal claridad es que el sistema económico y político vigente no está diseñado para garantizar la vida, sino para sostener la propiedad privada y el beneficio empresarial, incluso en medio del desastre.
La Palma es hoy laboratorio de una política del desastre: convertir la crisis en oportunidad para reordenar el territorio, expulsar a quienes no resultan rentables, dejar en manos del capital la reconstrucción y normalizar la caridad como sustituto de los derechos.
El volcán destruyó casas. El Estado y el mercado han destruido la esperanza. La lucha de los afectados por la recuperación de su dignidad no es solo justa, es imprescindible. No basta con exigir ayudas, hay que disputar el sentido mismo de la reconstrucción. Porque reconstruir La Palma no es levantar paredes, es restituir derechos, reparar injusticias y plantar cara a un modelo económico que convierte cada tragedia en un negocio.
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Maxerko | Sábado, 10 de Mayo de 2025 a las 10:57:05 horas
Es muy crudo decir esto…!!
Ha ocurrido una desgracia, una desgracia que ya los volcanólogos la veían venir, pero este pueblo canario no quiere entender que tenemos unas instituciones podridas, una clase política reaccionaria y corrupto, decidida a hacer negocio con lo que surja, así sea la vida de sus propios ciudadanos… “son los mercados”.
Sabemos que no se podía evitar la erupción volcánica, pero también sabemos que los vulcanólogos ya sabían aproximadamente donde se encontraba el epicentro de la erupción, y si esa gente se hubiera evacuado a tiempo, la tragedia no hubiera sido tan grave, pero los gobernantes se callaron y aparraron viéndolas venir…
Luego aquí entra las transferencias de las ayudas, las ayudas para quien..??, está más que claro que las ayuda igual que las subvenciones son para las ratas, para los pobrecitos ricos: terratenientes, turoperadores, gestores, empresas tapaderas, etc. Y que se creían..??
Ya los vimos haciendo promesas, ofreciendo por aquí y por allá… mareando la perdiz para cansar al personar… tráigame este papel, tráigame al otro y los funcionario hay con el culo jincado sin mover un pelo… hasta que se volatilizaron más de mil millones de €uros y al final te dicen, “que como propiedades no estaba registrada, no pueden hacer nada, que el certificado de residencia y los recibos de las contribuciones no justifican nada…” y te dejan tirado debajo de un puente.
Esas casas ocurren, cuando cogen a un pueblo desorganizado, cuando cogen a un pueblo que no tiene sangre en las venas para defender sus derechos sin complejos… pues los depredadores le pasa la apisonadora hoy, mañana y pasado… y el populacho escondiendo la cabeza como el avestruz.
Salvando las distancias, ese método ha sido utilizado para destruidos el sector primario, -la agricultura-, y los agricultores unos por otros se limitan al lambuceo, es que si levantamos la voz, si organizamos una protesta hoy y mañana hasta que se enteren que existimos, por detrás no van a faltar las ratas infiltradas… que digan: que con revolturas nos van a ignorar… está todo bien pensado… “es que ya viene así de atrás…”
“La clase trabajadora tiene responsabilidades sociales y tiene que defenderla de manera organizada y sin temor alguno, de lo contrario estamos muertos”
Maxerko.
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