LA LEY MORDAZA, YA "DEROGADA", GOLPEA A LA COORDINADORA ESTATAL DE PENSIONISTAS (VÍDEO)
La sanción a su portavoz desmonta, una vez más, la farsa de los partidos del Gobierno
El Gobierno prometió una y otra vez la derogación de la Ley Mordaza. Lo hicieron con solemnidad ante las cámaras, en mítines, y en los acuerdos firmados entre partidos “progresistas”. Sin embargo, mientras los discursos se llenaban de promesas y titulares, en la realidad la ley sigue vigente, intacta en sus aspectos más represivos (...).
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Este mes de marzo, el portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) recibía una sanción administrativa de 1.200 euros. El motivo: una manifestación ante el Congreso de los Diputados celebrada en mayo de 2024. El argumento policial: alteración del orden público. La realidad: otra aplicación más de la Ley Mordaza, lamisma norma que los actuales partidos de Gobierno dijeron haber derogado "ya" no se sabe cuántas veces.
Esta multa no es un caso aislado. Es un síntoma de continuidad represiva que atraviesa el aparato del Estado español, gobierne quien gobierne. Y también, una prueba irrefutable de que la llamada derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana es una farsa cuidadosamente construida por los responsables políticos de Sumar, del PSOE y anteriormente de Unidas Podemos. Una mentira que se ha usado para anestesiar a los movimientos sociales mientras se consolidaba su represión “en democracia”.
UNA COORDINADORA PACÍFICA, UNA SANCIÓN POLÍTICA
COESPE lleva más de una década organizando concentraciones y manifestaciones legales, pacíficas y multitudinarias. Su objetivo ha sido siempre defender el sistema público de pensiones y reclamar justicia intergeneracional. Han exigido auditorías de las cuentas de la Seguridad Social, han denunciado la brecha de género en las pensiones y han combatido el relato de que “no hay dinero” para sostener el sistema.
Nunca antes fueron sancionados. Hasta ahora. Lo que cambió no fue su modo de actuar, sino la deriva represiva que, bajo nuevos ropajes “progresistas”, sigue aplicando una ley escrita por el PP y mantenida por el PSOE y Sumar.
DEL PP A SUMAR: LA CONTINUIDAD DE LA REPRESIÓN
La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana fue aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Desde entonces, ha sido el instrumento preferido para castigar la protesta social. Tanto el PSOE, como Unidas Podemos prometieron entonces que la ley sería derogada, de forma inmediata, si ellos llegaban a gobernar.
En noviembre del año 2021, ya con el Gobierno de Coalición entre esas dos fuerzas políticas constituido, el diputado Enrique Santiago comparecía para anunciar la prometida derogación, como aún se puede constatar en un vídeo que permanece en el Canal de Youtube del PCE con el incontestable título: "Adiós a la Ley Mordaza".
Por aquellas fechas, ONGs como Amnistía Internacional denunciaron que lo que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos pretendía presentar como derogación no era más que una mera "operación de maquillaje". En respuesta, en febrero de 2022 la Plataforma No Somos Delito contra la Ley Mordaza convocaba manifestaciones de en 23 ciudades del Estado español para reclamar una verdadera derogación, con pancartas en las que se podían leer lemas tan significativos como "Ni ley Mordaza, ni mordaza maquillada".
Más de tres años después, en julio de 2024, la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, volvía a anunciar, a bombo y platillo la supuesta derogación de la "Ley Mordaza". La escena fue tan grotesca como reveladora. A las pocas horas, una portavoz del PSOE tuvo que matizar públicamente que solo se había modificado uno de los 54 artículos de la ley. La modificación, además, ni siquiera había entrado en vigor. El anuncio fue, en definitiva, una de las tantas operaciones de propaganda hueca que caracterizan a este ciclo político.
Organizaciones como Amnistía Internacional o la Plataforma No Somos Delito que ya habían alertado de que lo que el Gobierno pretendía hacer pasar como derogación no era más que un simple lavado de cara, volvieron a denunciar el engaño.
La multa impuesta ahora al portavoz de COESPE ha venido a confirmar, una vez más, lo evidente: no hay derogación real ni voluntad política de desmantelar los dispositivos represivos heredados del PP. Por el contrario, los actuales gestores del Estado han optado por normalizar el uso de esta ley para controlar la disidencia, mientras proclaman una falsa narrativa de avances en derechos civiles.
La sanción contra COESPE se basa, como tantas otras, en un criterio perverso que la Ley Mordaza consagra: la palabra de un agente policial tiene más valor que la de cualquier ciudadano o ciudadana. Este principio convierte en sancionables actos tan básicos como grabar una actuación policial, manifestarse sin permiso o simplemente estar presente en una concentración que no cuente con la bendición de la Delegación del Gobierno.
UN SILENCIO CÓMPLICE
Resulta revelador el silencio cómplice con el que los grandes medios han tratado esta sanción. Ningún telediario ha abierto con la noticia de que un portavoz pensionista ha sido multado por protestar. Ninguna tertulia ha debatido la permanencia de la Ley Mordaza como cuestión prioritaria. Mientras tanto, desde el Gobierno se continúa hablando de “avances democráticos” como si castigar a jubilados fuese un acto de justicia social.
La represión no ha frenado, en cualquier caso, la determinación de COESPE. Han anunciado que recurrirán la multa y continuarán movilizándose en defensa del sistema público de pensiones.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Este mes de marzo, el portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) recibía una sanción administrativa de 1.200 euros. El motivo: una manifestación ante el Congreso de los Diputados celebrada en mayo de 2024. El argumento policial: alteración del orden público. La realidad: otra aplicación más de la Ley Mordaza, lamisma norma que los actuales partidos de Gobierno dijeron haber derogado "ya" no se sabe cuántas veces.
Esta multa no es un caso aislado. Es un síntoma de continuidad represiva que atraviesa el aparato del Estado español, gobierne quien gobierne. Y también, una prueba irrefutable de que la llamada derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana es una farsa cuidadosamente construida por los responsables políticos de Sumar, del PSOE y anteriormente de Unidas Podemos. Una mentira que se ha usado para anestesiar a los movimientos sociales mientras se consolidaba su represión “en democracia”.
UNA COORDINADORA PACÍFICA, UNA SANCIÓN POLÍTICA
COESPE lleva más de una década organizando concentraciones y manifestaciones legales, pacíficas y multitudinarias. Su objetivo ha sido siempre defender el sistema público de pensiones y reclamar justicia intergeneracional. Han exigido auditorías de las cuentas de la Seguridad Social, han denunciado la brecha de género en las pensiones y han combatido el relato de que “no hay dinero” para sostener el sistema.
Nunca antes fueron sancionados. Hasta ahora. Lo que cambió no fue su modo de actuar, sino la deriva represiva que, bajo nuevos ropajes “progresistas”, sigue aplicando una ley escrita por el PP y mantenida por el PSOE y Sumar.
DEL PP A SUMAR: LA CONTINUIDAD DE LA REPRESIÓN
La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana fue aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Desde entonces, ha sido el instrumento preferido para castigar la protesta social. Tanto el PSOE, como Unidas Podemos prometieron entonces que la ley sería derogada, de forma inmediata, si ellos llegaban a gobernar.
En noviembre del año 2021, ya con el Gobierno de Coalición entre esas dos fuerzas políticas constituido, el diputado Enrique Santiago comparecía para anunciar la prometida derogación, como aún se puede constatar en un vídeo que permanece en el Canal de Youtube del PCE con el incontestable título: "Adiós a la Ley Mordaza".
Por aquellas fechas, ONGs como Amnistía Internacional denunciaron que lo que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos pretendía presentar como derogación no era más que una mera "operación de maquillaje". En respuesta, en febrero de 2022 la Plataforma No Somos Delito contra la Ley Mordaza convocaba manifestaciones de en 23 ciudades del Estado español para reclamar una verdadera derogación, con pancartas en las que se podían leer lemas tan significativos como "Ni ley Mordaza, ni mordaza maquillada".
Más de tres años después, en julio de 2024, la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, volvía a anunciar, a bombo y platillo la supuesta derogación de la "Ley Mordaza". La escena fue tan grotesca como reveladora. A las pocas horas, una portavoz del PSOE tuvo que matizar públicamente que solo se había modificado uno de los 54 artículos de la ley. La modificación, además, ni siquiera había entrado en vigor. El anuncio fue, en definitiva, una de las tantas operaciones de propaganda hueca que caracterizan a este ciclo político.
Organizaciones como Amnistía Internacional o la Plataforma No Somos Delito que ya habían alertado de que lo que el Gobierno pretendía hacer pasar como derogación no era más que un simple lavado de cara, volvieron a denunciar el engaño.
La multa impuesta ahora al portavoz de COESPE ha venido a confirmar, una vez más, lo evidente: no hay derogación real ni voluntad política de desmantelar los dispositivos represivos heredados del PP. Por el contrario, los actuales gestores del Estado han optado por normalizar el uso de esta ley para controlar la disidencia, mientras proclaman una falsa narrativa de avances en derechos civiles.
La sanción contra COESPE se basa, como tantas otras, en un criterio perverso que la Ley Mordaza consagra: la palabra de un agente policial tiene más valor que la de cualquier ciudadano o ciudadana. Este principio convierte en sancionables actos tan básicos como grabar una actuación policial, manifestarse sin permiso o simplemente estar presente en una concentración que no cuente con la bendición de la Delegación del Gobierno.
UN SILENCIO CÓMPLICE
Resulta revelador el silencio cómplice con el que los grandes medios han tratado esta sanción. Ningún telediario ha abierto con la noticia de que un portavoz pensionista ha sido multado por protestar. Ninguna tertulia ha debatido la permanencia de la Ley Mordaza como cuestión prioritaria. Mientras tanto, desde el Gobierno se continúa hablando de “avances democráticos” como si castigar a jubilados fuese un acto de justicia social.
La represión no ha frenado, en cualquier caso, la determinación de COESPE. Han anunciado que recurrirán la multa y continuarán movilizándose en defensa del sistema público de pensiones.
Chorche | Domingo, 30 de Marzo de 2025 a las 12:27:30 horas
Los principales responsables son los medios de comunicación sirvientes del sistema que tienen engañadas y manipuladas a las masas.
Igual que han manipulado y siguen manipulando, hasta límites que causan vergüenza ajena, el conflicto entre Rusia y USA/OTAN llevado a cabo en tierras de Ucrania, conflicto que empezó en 2014 con un golpe de estado auspiciado por USA y que hasta febrero 2022 había causado más de 14.000 muertos.
En el caso de LOS SEIS DE ZARAGOZA la policía aún llegó más lejos al acusar falsamente a los chavales.
El sistema ha sabido convencer a la gente de que somos la democracia, una democracia envidiable y ha colado.
Igual que loritos la repiten (la palabra) a todas las horas. Y como creemos que ya la tenemos nunca llegará porque no lucharemos para que llegue.
Acaso se ha conocido todavía en algún sitio la democracia bien entendida? Y donde se ha conocido ha durado el tiempo de un suspiro.
Como pasó con la II República en este país.
Yo con COESPE. Gracias amigos.
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