Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La defensa de las pensiones públicas en España se prepara para vivir una nueva jornada clave. El próximo 9 de abril, la campaña 'Somos 49 millones para blindar las pensiones' volverá a tomar las calles con fuerza en 75 poblaciones de todo el país. La preocupación por el futuro del sistema público de pensiones no es solo de los jubilados: se ha convertido en un clamor popular que atraviesa generaciones y se alza frente a las amenazas que pesan sobre este derecho social fundamental.
La convocatoria, promovida por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), promete reunir a miles de personas en plazas y calles de grandes ciudades y pequeñas localidades. En Madrid, el acto central se celebrará frente al Congreso de los Diputados, donde veinte jóvenes —representantes de la cultura, de movimientos sociales y de distintas profesiones— leerán una declaración pública defendiendo el blindaje constitucional de las pensiones. Su objetivo será claro: reclamar que este derecho no quede expuesto a vaivenes económicos ni a la voracidad de los intereses privatizadores.
EL CLAMOR DE LA CALLE: PENSIONES COMO DERECHO INALIENABLE
Lejos de tratarse de una protesta puntual, la movilización prevista para el 9 de abril forma parte de una campaña sostenida en el tiempo que busca consagrar en la Constitución Española la inviolabilidad del sistema público de pensiones.
La MERP, que agrupa a más de 300 organizaciones sociales, sindicales y culturales, plantea una demanda nítida: las pensiones deben blindarse como un derecho fundamental, garantizado contra cualquier intento de recorte o privatización.
La inquietud que mueve esta iniciativa no surge de la nada. El reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha encendido las alarmas al advertir que, si se mantienen las tendencias actuales, el gasto en pensiones podría dispararse hasta un 16,1% del PIB para el año 2050. Aunque desde el Gobierno se asegura que las reformas aplicadas apuntan en la buena dirección, la AIReF subraya la necesidad urgente de reforzar los ingresos públicos para garantizar la sostenibilidad del sistema.
“Queremos que las pensiones no dependan de los ciclos políticos o económicos. Que estén garantizadas hoy y mañana, para todas y todos”, ha declarado Francisco Plaza, portavoz de la MERP, anticipando el sentido de las protestas.
“El blindaje constitucional es la única forma de asegurar que este derecho no sea arrebatado por decisiones coyunturales o por presiones de los mercados”, ha recalcado.
UNA RESPUESTA A LOS INTENTOS DE DIVISIÓN
Durante los últimos meses, algunos discursos han intentado enfrentar a jóvenes y pensionistas, sugiriendo que la defensa de las pensiones actuales compromete el bienestar de las generaciones futuras. La campaña de la MERP y las movilizaciones del próximo 9 de abril buscan desmontar ese falso dilema y reforzar la unidad intergeneracional.
Los testimonios que ya se han recogido desde la convocatoria apuntan en esa dirección.
“No estamos contra nuestros mayores. Estamos con ellos, porque sabemos que si no defendemos ahora el sistema público de pensiones, mañana seremos nosotros quienes lo perdamos”, explica Nerea Fernández, estudiante de Ciencias Políticas y una de las jóvenes que participará en la lectura del manifiesto frente al Congreso.
La participación juvenil en la protesta será, de hecho, uno de los elementos más destacados. Desde movimientos estudiantiles hasta jóvenes trabajadores en condiciones precarias, todos comparten la convicción de que las pensiones públicas son un patrimonio colectivo que se debe preservar. La defensa de este sistema no es una cuestión de edad, sino de modelo social: proteger las pensiones significa garantizar la dignidad en la vejez y combatir las desigualdades estructurales.
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EL BLINDAJE CONSTITUCIONAL: MÁS QUE UNA DEMANDA SIMBÓLICA
Proteger las pensiones en la Constitución no es una cuestión meramente formal. Es una garantía real frente a posibles intentos de privatización o recortes. La MERP propone una reforma que establezca la obligación legal del Estado de mantener el sistema público de pensiones y de asegurar que estas se revaloricen conforme al coste de la vida.
Tal como se ha señalado en diferentes medios, este blindaje constitucional serviría también para resistir las presiones externas, como las que a menudo ejercen organismos internacionales que condicionan la estabilidad económica a políticas de recortes sociales. Además, desde una perspectiva crítica y estructural, esto se inscribe en la lucha contra la mercantilización de los derechos sociales. El capital financiero ha visto durante años en los sistemas de pensiones una oportunidad de negocio, fomentando los planes privados como una supuesta alternativa segura. Frente a ello, blindar las pensiones públicas se convierte en un acto de defensa de lo común frente a la lógica del beneficio privado.
UN FUTURO QUE SE CONSTRUYE DESDE HOY
La movilización del 9 de abril apunta a consolidar una conciencia cada vez más extendida sobre la importancia vital de defender las pensiones públicas. No se trata solo de proteger los derechos de los actuales jubilados, sino de asegurar un modelo de sociedad basado en la solidaridad y la justicia social.
“Este no es solo un problema de los mayores. Es el futuro de todas las generaciones”, ha destacado Carmen López, jubilada y activista de la MERP, entrevistada por Córdoba Buenas Noticias. “Queremos que nuestros hijos y nietos tengan garantizado este derecho, que no tengan que vivir con la incertidumbre que hoy amenaza a tantas personas.”
La campaña 'Somos 49 millones para blindar las pensiones' seguirá adelante tras el 9 de abril, con la promesa de mantener viva la movilización hasta lograr que la Constitución recoja explícitamente la protección del sistema público de pensiones. La batalla no es únicamente por el presente, sino por el porvenir de millones.
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