DESALADORAS Y POZOS EN LA PALMA: INTERÉS PRIVADO CONTRA EL INTERÉS PÚBLICO

   Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la  Asociación Agua para La  Palma ha lanzado una severa crítica al  Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIALP) y su gestión del agua en la isla, especialmente tras las recientes declaraciones del gerente del organismo, Javier Peña.

   Según la asociación, el CIALP sigue operando bajo la influencia de los intereses privados, priorizando proyectos de desalación y la compra de pozos privados mientras ignora soluciones más sostenibles y eficientes.

   En su comunicado, Agua para La Palma señala que, a pesar del cambio político en el Cabildo Insular, ahora dominado por Coalición Canaria (CC), no se ha producido un verdadero cambio en la política hídrica. Al igual que bajo el anterior gobierno (PP-PSOE), el CIALP sigue favoreciendo la instalación de desaladoras en Tazacorte y Fuencaliente y la compra de dos pozos privados que no están registrados oficialmente. Esto, según la asociación, no solo es una cuestión de legalidad sino de sentido común y transparencia: La falta de voluntad política así como de conocimiento y experiencia en la materia   en este organismo sigue condenando a la isla a un enorme gasto

  En lugar de centrado en soluciones sostenibles, como la reperforación del Túnel de Trasvase para obtener más agua pública y de calidad, o el entubado del Canal LP-1 para reducir pérdidas, el CIALP invierte en proyectos que benefician a pocos y que, según Agua para La Palma, perpetúan un mercado especulativo de agua cara y de mala calidad. La asociación acusa al CIALP de demorar estas obras esenciales, a pesar de que tanto el alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, como el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, han calificado las pérdidas de agua como inadmisibles.

Compra de pozos no registrados

  Una de las decisiones más críticas es la compra de dos pozos no registrados, una medida que Agua para La Palma califica de opaca y cuestionable. El colectivo ciudadano exige saber cuánto costará esta adquisición y puesta en marcha, y si existen informes de viabilidad técnica, económica y jurídica que justifiquen esta decisión. “Ya hay abierto un procedimiento judicial respecto al convenio con el pozo del Roque y veremos si nos toca ir contra el nuevo grupo de gobierno del Cabildo en la defensa del interés de los palmeros”, advierte la asociación.

  Agua para La Palma argumenta que registrar estos pozos y luego suscribir el convenio sería una opción más barata y preferible, conforme a la ley. Además, cuestionan la necesidad de estos pozos cuando, según un informe del CIALP, el Túnel de Trasvase.  La asociación también critica la gestión del Canal LP-1, argumentando que entubar y telemetrizar el canal sería una inversión mucho más eficaz que la instalación de desaladoras.

  En una entrevista reciente, Javier Peña mencionó que el CIALP está buscando financiación para entubar el canal LP-1, una obra reivindicada tanto por la asociación como por los vecinos de Fuencaliente.

Sobreexplotación de pozos y desaladoras

La asociación pone en duda la necesidad de una desaladora portátil en Tazacorte, que el gerente del CIALP ha justificado por problemas de conductividad causados ​​por gases.

   La crítica de Agua para La Palma se extiende a los ayuntamientos, que forman parte del CIALP y que, según la asociación, han sido irresponsables al no abordar las pérdidas de agua en las redes de distribución. Argumentan que los municipios prefieren invertir en proyectos visibles y populares como fiestas, en lugar de en infraestructuras esenciales como l.

  La asociación también reprueba a la Dirección General de Aguas a nivel autonómico, acusándola de ineficacia y de favorecer las desaladoras sobre soluciones más sostenibles y económicas. Agua para La Palma denuncia que las administraciones públicas han ignorado propuestas viables, como los sondeos en la zona noroeste de la i

   Agua para La Palma cierra su comunicado con una advertencia sobre las consecuencias de la mala gestión del agua en la isla. Si no se corrige el rumbo actual, el colectivo predice que el derroche de fondos públicos y la falta de soluciones sostenibles llevarán a una crisis aún mayor en el futuro. La asociación llama a las autoridades a actuar con responsabilidad ya priorizar el interés público sobre los beneficiarios.