"CASO CUARTELES": LA PRESUNTA CORRUPCIÓN EN LA GUARDIA CIVIL OCULTA TRAS LAS JUERGAS DEL "TITO BERNI"

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Las juergas con drogas, prostitutas y viagra del ya ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes, alias "tito Berni", han sido objeto en las últimas semanas de un sinfín de portadas, entrevistas y comentarios en los medios de comunicación de todo el Estado.

   Significativamente, estos mismos medios apenas están prestando atención a una trama paralela al “Caso Mediador”, bautizada por los investigadores como el “Caso Cuarteles", que afecta a la Guardia Civil y que se extiende también mucho más allá de los límites del Archipiélago canario.

   Y es que si airear convenientemente todas las presuntas corruptelas referidas al Partido Socialista resulta particularmente útil para sus adversarios del Partido Popular, y sus medios afines, hacer lo propio con las que pudieran afectar al Instituto Armado podría provocar consecuencias indeseadas para todos los partidos del Régimen del 78, que defienden con el mismo entusiasmo la presunta “ejemplaridad” de esa institución.

EL ESCASO INTERÉS POR UN GENERAL QUE DISPONÍA DE FONDOS DE LA UE PARA LA "LUCHA CONTRA EL TERRORISMO EN EL SAHEL"

    El primer protagonista de esta presunta trama al que, habitualmente,se hace referencia en los medios estatales solo de forma tangencial es el general de división de la Guardia civil, Francisco Espinosa Navas. El único de los imputados en el Caso Mediador que permanece actualmente en prisión provisional.

    Y ello, a pesar de que los delitos que presuntamente habría cometido este alto cargo de la Guardia Civil, al que se le encontraron al ser detenido 100.000 euros en efectivo en dos cajas de zapatos, son de mucha mayor entidad que los atribuidos, inicialmente, al propio Tito Berni,.

   El general ahora retirado no solo es investigado por la jueza encargada del caso, para tratar de determinar usó su influencia para mediar de forma ilegal en la compraventa de terrenos y en la concesión de licencias en la Zona Especial de Canarias (ZEC) y si “advirtió" a los empresarios con la posibilidad de enviar al Seprona a inspeccionar sus granjas si no pagaban las supuestas “mordidas” que se les habrían reclamado.

   Además, Espinosa Navas es investigado por la presunta concesión de contratos a otro de los empresarios de la trama para suministrar drones a diversos países africanos del Sahel. Área geográfica donde se desempeñaba como responsable de desarrollar, con fondos de la UE, la formación de los  Grupos de Acción Rápida de vigilancia y de intervención en el Sahel (GAR-SI SAHEL).  Los cuerpos creados teóricamente para "luchar contra el terrorismo" y contra las organizaciones criminales en esta  zona de África, actualmente en disputa entre las grandes potencias capitalistas del planeta. En esta presunta actividad delictiva, el general podría haber facilitado de forma fraudulenta estos contratos, firmados en nombre de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), controlada por el Gobierno central, y de los ministerios de Defensa y del Interior.

EL POCO PUBLICITADO "CASO CUARTELES"

   Pero el general Francisco Espinosa Navas está muy lejos de ser el único alto cargo de la Guardia Civil implicado en episodios de presunta corrupción, relacionado con el "Caso Mediador".

   Las investigaciones sobre este caso apuntan, igualmente, a la posibilidad de que  el coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, José María Tienda Serrano, podría haber favorecido la  adjudicación de contratos — sobre todo obras de reparación e impermeabilización— al constructor lanzaroteño Ángel Ramón Tejera de León en los cuarteles de las islas de Tenerife, El Hierro y La Palma. Los encargos, veinte, se ejecutaron entre 2017 y 2021 a través de dos empresas de Tejera de León: Angrasurcor y Solocorcho.

   Tejera de León, amigo del coronel bajo  Tienda Serrano, aparece mencionado en el sumario del "Caso Mediador" con ocasión de una reunión en noviembre de 2020 en el Gran Hotel de San Cristóbal de La Laguna con el general de división Francisco Espinosa Navas, también amigo suyo y el empresario presuntamente favorecido.

   La investigación abierta por el servicio de Asuntos Internos a José María Tienda Serrano se ha traducido, por el momento, con su destitución como máximo responsable de la comandancia de Sta. Cruz de Tenerife. El pasado 8 de marzo, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, le apartaba de su puesto de mando "por falta de confianza", si bien no se encuentra actualmente imputado.

UNA TRAMA QUE SE EXTIENDE, COMO MANCHA DE ACEITE, POR EL TERRITORIO PENINSULAR

    Tampoco se ha reducido esta trama paralela a la del Mediador a estos protagonistas, ni al territorio insular. En este momento, el juzgado número dos de Madrid investigan presuntas irregularidades en obras de reforma y reparación en edificios del Instituto armado en 13 comandancias españolas, cuyos contratos habrían sido concedidos a un grupo concreto de empresas, todas relacionadas con el empresario canario apodado como "Mon". El importe total concedido a las firmas de este empresario ascendería a más de 3,3 millones de euros, por obras que en algunos casos no se llegaron a ejecutar del todo y, en otros, se presentaban con facturas infladas.

EL TENIENTE GENERAL PEDRO VÁZQUEZ JARABA

    En este punto de la presunta trama corrupta aparece la figura de otro alto cargo del instituto armado. El teniente general Pedro Vázquez Jarava (Cádiz, 1954)m actualmente en la reserva, y  uno de los principales encausados por el Caso Cuarteles. La investigación interna de la Guardia Civil le atribuye cinco delitos -cohecho, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación-, si bien la titular del juzgado de instrucción número 2 considera por ahora que solo le podría imputar falsedad documental.

   Durante su larga trayectoria, Vázquez Jarava ocupó numerosos cargos y estuvo en varios destinos, entre los que destacan la Comandancia de Madrid, el Escuadrón de Caballería, la jefatura de Asuntos Económicos y la Subdirección General de Personal y Apoyo, desde donde ordenó contratar con las empresas de Mon, tal y como atestigua el informe de Asuntos Internos y han declarado varios testigos, adelantado incluso dinero para las obras y provocando reformas que ni siquiera habían sido solicitadas por el personal de los acuartelamientos.

   En total, las empresas de "Mon" habrían obtenido contratos por valor de 3,3 millones de euros en 15 Unidades de la Guardia Civil. Hasta cuatro comandancias de la Guardia Civil (Badajoz, Castellón, Ávila y La Coruña) señalaron que fue el teniente general quien recomendó que se acotara a empresas “concretas” las obras de reforma.

   La jueza que instruye el caso le atribuye los delitos de cohecho y falsedad documental. Según ha podido saber este diario, la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil y la Justicia también han investigado el patrimonio y los movimientos bancarios de Jarava en busca de indicios de sus supuestas irregularidades.

"MON", TAMBIÉN CONOCIDO COMO "EL ALFÉREZ"

   Ángel Ramón Tejera de León, alias ‘Mon’, es el empresario canario de la trama, cuyas empresas, Angrasurcor, Solocorcho o CanaryCork, se habrían llevado ´suculentos beneficios de sus cerca de 200 contratos para reformar los cuarteles de la Guardia Civil. En algunos cuarteles era conocido como el “Alférez”, porque siempre iba acompañado por oficiales y se paseaba por los acuartelamientos como si fuera un oficial más del Instituto Armado."Mon" obtuvi contratos de cantidades inferiores 50.000 euros, que se podían ocultar más fácilmente a la fiscalización, en 13 comandancias distintas de la península desde el año 2013 a 2019 pese a que sus empresas radicaban en Canarias. La excusa usada desde la Subdirección General de Apoyo dirigida por Jarava para que sus empresas fueran elegidas es que usaba un tipo de pintura e impermeabilización especial que podría durar más tiempo. Se da la circunstancia, sin embargo, de que a veces los trabajadores que iban a hacer la obra no llevaban ni la pintura.

ALONSO "EL POCERO"

    Otro cargo militar implicado es el el teniente coronel Carlos Alonso, apodado en la la Comandancia de Ávila, a la que llegó en mayo de 2015, como  "el pocero".  Durante los dos años y siete meses -hasta noviembre de 2017- que estuvo al frente de la Comandancia, el constructor investigado en el Caso Cuarteles consiguió 27 contratos por valor de 170.000 euros por obras que, en algunos casos, o bien no se realizaron o estaban inconclusas en el momento en que se pagó por ellas. Actualmente a Alonso se le imputa un delito de falsedad documental, por haber validado presuntamente facturas falsas para justificar pagos no realizados.

   Tras el periodo en Ávila y los dos años como jefe de una unidad operativa necesarios para ascender a general, Alonso fue destinado Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos, donde tiene destino en Operaciones, aunque no dirige la Unidad como se podía esperar de su cargo. Por el momento, el Ministerio del Interior le mantiene en su puesto a la espera de lo que determine la instrucción.

¿LA VERDADERA PUNTA DEL ICEBERG?

   Lo conocido hasta el momento de este "Caso Cuarteles" obliga a recordar las denuncias efectuadas por militares como el ex teniente Luis Gonzalo Segura, expulsado del Ejército por denunciar la corrupción no como un hecho aislado, sino como consecuencia de una estructura "absolutamente opaca y sin control", donde los mandos tendrían un poder cuasi  absoluto de actuación.

   Atendiendo a las consecuencias que estas y otras denuncias han tenido para quienes se atrevieron a realizarlas y la nula actuación de los responsables políticos para modificar esa situación, histórica en el ejército español, no cabe albergar demasiadas esperanzas sobre el desenlace de este nuevo, y silenciado, caso de presunta corrupción.