LA AUDIENCIA NACIONAL APUNTA A LA CIA COMO CONTRATANTE DEL ESPAÑOL QUE ESPIÓ A JULIAN ASSANGE

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    La pasada semana el diario español El País se hacía eco de la última providencia emitida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en la que se vuelve a apuntar a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU. como posible receptora del espionaje que sufrieron Julian Assange y sus abogados, cuando el activista permanecía refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.

    La investigación que lleva a cabo el magistrado de este tribunal se refiere a las grabaciones realizadas ilícitamente por la empresa  de seguridad UC Global, propiedad del español David Morales.  Un ex militar reconvertido en empresario que había sido contratado para prestar  seguridad en la Embajada del país latinoamericano.

    David Morales y su empresa UC Global se enfrentan actualmente a una querella presentada en su contra por los abogados de Julian Assange por espiar, presuntamente, todas las comunicaciones del fundador de Wikileaks y de las personas que lo visitaban en la legación diplomática.

   La querella fue admitida a trámite por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, quien también emitió una Orden Europea de Investigación (OEI) en septiembre del año 2020, para solicitar a las autoridades británicas ayuda para poder entrevistar a Assange por videoconferencia.

   Ese mismo mes de septiembre de 2020 Morales fue detenido y agentes de la policía registraron las oficinas de su empresa en Jérez, donde se incautaron de varios ordenadores, discos duros y documentación. En el domicilio de David Morales encontraron también 20.000 euros en efectivo y dos pistolas con la numeración borrada.

   En octubre de 2019, el dueño de UC Global ya había sido encausado por presuntos delitos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, cohecho y blanqueo de capitales.

  Según el auto emitido entonces por el juez José de la Mata, con la actividad de su empresa David Morales “invadió la privacidad de Assange y sus abogados al instalar micrófonos dentro de la embajada de Ecuador en Londres sin el consentimiento de las partes afectadas”.

EL IMPUTADO QUE AMENAZÓ A CANARIAS SEMANAL POR CUMPLIR SU FUNCIÓN INFORMATIVA

   Coincidiendo con la publicación de esa noticia en 2020, que fue recogida en las páginas de Canarias-semanal, Morales remitía una misiva a nuestro diario en la que nos acusaba de "publicar basura y una serie de patrañas", nos amenazaba con "emprender acciones legales" en nuestra contra y nos conminaba a retirar la noticia.

   Una reclamación que obviamente, y dado que el redactor de Canarias-semanal que se había hecho eco de la noticia se limitó a reproducir datos sobradamente contrastados, y publicados por otros medios de todo el mundo, no fue satisfecha.

   Respetando, pese a ello, el derecho a réplica, Canarias-semanal sí publicó entonces la amenazante misiva íntegramente, con una respuesta en la que se ponía al tanto a nuestros lectores de los pormenores de este caso y se aclaraba al señor Morales que su intento de vulnerar nuestro derecho a informar resultaba "tan inmoral como estéril".

EL ESPIONAJE DE LA EMPRESA ESPAÑOLA UC GLOBAL HABRÍA PERMITIDO A EE.UU. CONOCER LA ESTRATEGIA DE DEFENSA DE LOS LETRADOS DE ASSANGE

   En su última providencia, el juez Pedraz - actualmente encargado de esta investigación - vuelve a reclamar a las autoridades británicas la posibilidad de interrogar a los letrados y a los médicos de Assange que fueron espiados.

   Ya hace dos años, Pedraz había remitido una Orden Europea de Investigación (OEI) a la justicia británica que, sin embargo se muestra "remisa" a colaborar, y ha pedido ampliaciones de la información enviadas hace meses.

   Y es que, si la propia legalidad británica fuese respetada la demostración de que los servicios de inteligencia estadounidenses conocieron la  estrategia de defensa del ciberactivista australiano mediante el espionaje a sus abogados podría anular la extradición de Assange, al cuestionar los métodos ilegales utilizados por EE UU para conseguir juzgar a Assange en su país, según señalan fuentes jurídicas.

   La declaración de los espiados por parte del magistrado español podría dejar en evidencia a la justicia británica que parece dispuesta a llegar a cabo la extradición anteponiendo las exigencias de Washington a sus propias leyes.

   Según informaba el diario El País, la información obtenida de forma ilícita por la empresa de David Morales.

   "Podría haber sido entregada a terceras personas o instituciones, entre las que principalmente se encontrarían autoridades de la propia República de Ecuador, intermediarios en Estados Unidos, y agentes de los servicios secretos y / o autoridades de Estados Unidos, Estado que solicita actualmente la extradición del querellante señor Assange”

    “La información habría sido entregada, además de mediante viajes físicos, también a través de la creación de un servidor FTP (en la sede de la empresa en Jerez de la Frontera), posterior portal web con acceso restringido a [direcciones] IP, principalmente ubicadas en Estados Unidos”, según el propio juez Pedraz.

    De acuerdo a las pruebas aportadas por un ex informático de la compañía de David Morales, hoy testigo protegido, el ISP (el proveedor del servicio de internet) de una de las IP (dirección única que identifica un dispositivo en la Red) que accedieron al servidor de la empresa española corresponde a la compañía de seguridad estadounidense The Shadowserver Foundation. Una entidad que asiste a Gobiernos, y agencias de inteligencia de EE.UU., según su página web. Otras direcciones dirigen a direcciones IP de Texas, Arizona, Illinois y California.